JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LOS ABUSOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Amnistía Internacional: «La lucha contra la tortura retrocede en Catalunya»
España no cumple la obligación de investigar los malos tratos policiales
«El compromiso de las autoridades catalanas en la lucha contra la tortura y los malos tratos policiales ha retrocedido en los últimos años», según denunció ayer la responsable de derechos humanos de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, que considera la reacción de las instituciones ante las denuncias del documental Ciutat morta un síntoma más de ello.
Álvarez, que participaba en unas jornadas sobre la lucha contra la tortura celebradas en Madrid, criticó ayer el debilitamiento durante el gobierno de CiU del comité de ética creado por la Conselleria d'Interior durante el tripartito, así como del código ético de los Mossos. «Antes tampoco tenía facultades investigadoras, pero daba directrices y recomendaba determinado tipo de actuaciones», señaló. «Las autoridades deberían ser proactivas en esta lucha, pero optan por negarlo todo como se vio también en el caso de la bala de goma por la que perdió un ojo Ester Quintana. Solo la presión ciudadana forzó la investigación».
Un dato más: desde que en su última visita a las cárceles catalanas hace cinco años la Coordinadora para la Prevención de la Tortura «denunciara una serie de casos», las autoridades «le han negado el permiso» para volver a inspeccionarlas, contó Iñaki Rivera, director del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona.
EL PRIMER PASO, RECONOCER
Las autoridades, tanto de Catalunya como de España, se niegan a admitir la existencia de la tortura como un problema cuando «este reconocimieno» es el paso previo imprescindible para su erradicación, según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Los expertos que participaron en las jornadas discreparon sobre el alcance del fenómeno en España. Al gunos creen que su uso es sistemático por parte de las fuerzas de seguridad, mientras otros opinan que es más episódico, pero todos coincidieron en que España falla al «no cumplir con los estándares internacionales en materia de investigación de las denuncias», como resumió el fiscal del Tribunal Constitucional Manuel Miranda.
¿Por qué este hecho diferencial español? Miranda apuntó varias respuestas. Por un lado, «el no investigar no acarrea consecuencias negativas para jueces y fiscales, como máximo la revocación de la setencia». Un modelo de investigación de los delitos «infiltrado por la cultura policial, donde nadie controla a nadie», sería otra de las causas.
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