Tormenta en el Cap de Creus por las restricciones a barcos y buceadores

Aviso a navegantes: temporal en el Cap de Creus. La aprobación inicial y el sometimiento a exposición pública del plan rector de uso y gestión (PRUG) del ámbito marino de este parque natural del Alt Empordà ha embravecido los ánimos en Roses, Cadaquès, El Port de la Selva y Llançà. Los representantes municipales y los sectores afectados por la nueva normativa (turismo, náutica recreativa, submarinismo y pesca artesanal y recreativa) exigen su retirada inmediata y que se lleve a cabo una negociación consensuada del polémico plan.

La normativa impulsada por la Conselleria d'Agricultura pretende asegurar la conservación y restauración del espacio protegido reduciendo, o eliminando si es necesario, los impactos generados por la actividad humana y estableciendo una explotación sostenible de los recursos. A la hora de motivar estas limitaciones, los impulsores del PRUG hacen especial hincapié en el auge que han tenido en los últimos años la pesca y la náutica recreativas y la presión que ejercen estas actividades sobre el medio natural.

Entre las nuevas limitaciones que se quieren introducir destaca la prohibición de fondear con ancla en las calas del espacio marítimo protegido, ya que las embarcaciones solo podrán amarrarse a las 265 boyas que se prevé instalar en el parque, cuyo uso podrá estar sometido al cobro de una tasa que puede oscilar entre 20 y 40 euros por día, en función de la eslora. Las boyas deberán ser reservadas previamente a través de una página web que se creará ex profeso y solo se permitirá una embarcación por elemento de amarre.

SOBREOCUPACIÓN

Con esta restricción se pretende evitar la sobreocupación de las calas que se produce en verano y que, según la memoria justificativa del plan, puede alcanzar las 800 barcas fondeadas en la zona durante los fines de semana más concurridos. Una muchedumbre de navegantes que lanzan las anclas al mar, dañando en muchos casos las frágiles praderas de posidonia, de vital importancia ecológica.

La medida también afectará a los cruceros turísticos de pasajeros (que dispondrán de tres boyas) y a los clubs de buceo, que en la actualidad ya cuentan con 40 de estos elementos, pero que, además, deberán informar previamente del punto en el que realizarán la inmersión y proceder a su reserva por un tiempo máximo de tres horas, lo que también puede dar lugar al pago de una tasa.

Este sector puede asimismo ver restringida su actividad, ya que el gestor del parque tendrá la potestad de limitar el número máximo de inmersiones o amarres diarios en aquellas zonas en las que considere que la sobrefrecuentación de submarinistas pone en peligro los hábitats o a las especies marinas. En la pesca recreativa se incluye una limitación máxima de capturas por día y en cuanto a la artesanal se regulan las artes empleadas, entre otras cuestiones.

El PRUG ha sido calificado de «disparo en la línea de flotación» de los ayuntamientos y sectores afectados por el alcalde de Cadaquéss, Joan Figueras, que la semana pasada se reunió con un centenar de vecinos con el fin de acordar una estrategia común para «frenar» el plan y para presentar alegaciones antes del 25 de noviembre. «Su aprobación supondría una ruptura definitiva entre el parque natural y los ayuntamientos. Si dejamos que salga adelante se cargan el pueblo, ya que el negocio del mar supone más del 80% de nuestra economía», afirmó.

Al contrario del resto de municipios afectados, Cadaqués carece de puerto deportivo, aunque el ayuntamiento gestiona un campo de boyas en la bahía del pueblo, que no está incluida en el parque natural. Como ese espacio es limitado, muchos veraneantes amarran sus barcos en calas próximas. Una práctica a la que deberán renunciar si se aprueba el PRUG. Cada verano hay unas mil embarcaciones amarradas en el término municipal. «De las 265 boyas que quieren poner, unas 90 estarán en Cadaqués, ¿Dónde ponemos el resto?», se lamentó el alcalde.