Anulado el indulto de Gallardón al kamikaze que mató a otro conductor

El Tribunal Supremo (TS) propinó ayer un varapalo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al anular el polémico indulto que el Consejo de Ministros concedió  el pasado 7 de diciembre a propuesta suya al conductor kamikaze Ramón Río Salgado, que en el 2003 provocó la muerte del joven José Ortega Dolz en la autopista de peaje AP-7, en el tramo entre Silla y Sanjuan (Valencia). Después de tres días de deliberaciones, la sala de lo contencioso del alto tribunal aceptó el recurso que presentó la familia del fallecido y concedió un plazo de tres meses al Gobierno para rectificar, si así lo considera oportuno, la medida de gracia al kamikaze. Esto supone que podría volver a conceder el perdón si corrige los errores o defectos de forma detectados por el alto tribunal, que adoptó la decisión por una mayoría ajustada de 19 a 17 magistrados. La sentencia se publicará en los próximos días.

Fuentes judiciales consideraron que lo más probable es que el Gobierno corrija los errores, dado el interés de Justicia por este indulto, el único que ha sido revisado por el Supremo, junto al concedido al exconsejero del Banco Santander, Alfredo Saénz, tras el clamor social levantado. Además, cuenta con el apoyo del ponente de la sentencia, Carlos Lesmes, muy cercano a Gallardón y aspirante a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Según algunas fuentes, votó a favor de mantener el indulto.

POLÉMICA SOCIAL Y POLÍTICA / Ríos Salgado fue condenado a 13 años de cárcel por conducir durante cinco kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y provocar la muerte de Ortega Dolz y graves heridas a su novia, en el 2003. El kamikaze fue indultado cuando llevaba nueve meses en prisión, y su condena conmutada por una multa de 4.380 euros. La medida de gracia se adoptó pese al criterio contrario de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial de Valencia. También generó una gran polémica social y política. Incluso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró critico al señalar que el indulto era «un caso excepcional» que ponía de manifiesto que «en el futuro» el Ejecutivo tendría que estar «más atento a algunas cuestiones».

La Audiencia descartó que el comportamiento de Ríos se debiera a una crisis epiléptica (algunos indicios que apuntaban hipotéticamente a esa enfermedad aparecieron a los dos años del accidente) y declaró que cometió los hechos criminales «de forma deliberada». El TS confirmó en su integridad la condena.

La familia del fallecido, impulsora del recurso, ha denunciado que el indultado fue defendido por un hermano del diputado del PP y exalto cargo del Gobierno de Aznar Ignacio Astarloa, que trabaja en el bufete Uría y Menéndez, del que también es empleado un hijo del propio ministro de Justicia. Loreto Dolz, la hermana del joven que perdió la vida, confiaba en que Supremo anulase el indulto concedido por el Gobierno al kamikaze. El indulto «va contra el sentido común, no tiene ningún sentido», declaró el pasado día 5 antes de entregar 17.000 nuevas firmas en la delegación del Ministerio de Justicia en Valencia para pedir la nulidad del perdón. Las firmas se unieron a las 45.000 que ya presentaron con anterioridad.