Actuaciones controvertidas de la policía autonómica
200 jueces tachan de «fraude» el indulto de 4 mossos torturadores
Cerca de 200 jueces han firmado un manifiesto en el que rechazan el indulto concedido por el Gobierno central a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra condenados por torturas, lo tachan de «fraude» y califican de «grosero y desviado» el uso de la medida de gracia en este caso. El Consejo de Ministros indultó a los agentes de la policía autonómica la semana pasada por segunda vez, después de haberlo hecho de forma parcial en febrero pasado, cuando vieron reducidas unas penas de cuatro años y seis meses a cada uno a otras de solo dos años. Esta vez, esos dos años les han sido conmutados por una multa de 7.200 euros. La decisión ha evitado el ingreso en prisión de los mossos, que debía producirse antes del próximo 10 de diciembre.
El caso fue muy conocido: en julio del 2006, los agentes confundieron a un ciudadano rumano con el autor de un robo con gran violencia en Barcelona y cuando lo detuvieron, lo golpearon brutalmente y, de camino a la comisaría, le introdujeron una pistola en la boca. Al día siguiente salió en libertad.
«MENSAJE DE DESPRECIO» / Entre los jueces que han firmado el manifiesto, tituladoEl indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad, figuran la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García y el juez delcaso Palau, Josep Maria Pijuan.
«Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del poder judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional», advierte el texto, que tacha la actuación gubernamental de «menosprecio», asimismo, a los «miles de agentes de policía que cumplen a diario con sus funciones democráticas». Los firmantes del manifiesto sostienen que no existe justificación para la concesión del indulto y subrayan la obligación del Gobierno de perseguir cualquier acto de tortura.
La oposición apoyó la protesta de los jueces ante la decisión del Ejecutivo central, que por su parte la justificó, aunque lo hizo haciendo uso de un argumento de autoridad: el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recordó que la potestad de conceder indultos corresponde al poder ejecutivo y no al judicial.
En parecidos términos se pronunció una portavoz del CGPJ, aunque también expresó su «respeto» a las críticas de los jueces a la decisión del Gobierno.
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