El juez mantiene la imputación de un mando de los Mossos acusado de proteger a unos narcos

El juez deBarcelona Joaquín Aguirre ha decidido mantener la imputación delsubinspector de los Mossos d'Esquadra y jefe de la unidad anticorrupción,Antoni Salleras, acusado de proteger a presuntosnarcotraficantes, sin imponerle la fianza que pedía la acusación popular ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

El magistrado reprocha a los agentes imputados --entre ellos, el alto cargo de la policía autonómica-- que no transcribieran algunasconversaciones que en su opinión eran claramentesospechosas, como las cinco llamadas que uno de los narcos imputados en la causa hizo alsubinspector de los Mossos José R., supuesto colaborador de la banda de traficantes, en octubre del 2009. De una de esas conversaciones se deduce, señala la resolución judicial, que el confidente policial sabía el día en que uno de los narcos iba a salir de prisión sin fianza, pese a que esa información solo la conocía el funcionario que redactó el auto de libertad, la secretaria judicial, la unidad que dirigíaSalleras y el propio magistrado.

El juez incide en que el subinspector de losMossos "reveló a algunos de los miembros de la banda de presuntos narcotraficantes que estaban siendo investigados por su propia unidad y por el juzgado", por lo que le mantiene imputado por omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, además de falsedad, obstrucción a la justicia y tráfico de estupefacientes en calidad de cooperador, entre otros delitos.

El auto relata que la unidad dirigida porSalleras, que se creó para investigar inicialmente el caso de corrupción vinculado a los clubs de alterneRiviera ySaratoga, transcribió "conversaciones de dudosa utilidad probatoria" al juez, omitiendo, por ejemplo, diálogos que aludían a la recogida de un "paquete de 500" o a unas quejas por la defectuosa confección de unos "paquetes". En opinión del juez, se interceptaron conversaciones "de las que se desprende con cierta claridad" que algunos imputados se dedicaban al tráfico de drogas, pero de las que no se informó al magistrado.

Ni riesgo de huida ni de desaparición de pruebas

ParaAguirre, la petición de la acusación de Manos Limpias de que se impusiera unafianza de 10.000 euros alsubinspector era pertinente, dada la gravedad de los delitos que se le imputan, pero descarta aplicarle esa medida cautelar al tener en cuenta que no existe riesgo de que el alto mando policial se sustraiga a la acción de la justicia ni pueda hacer desaparecer pruebas.

En el auto, el juez recuerda que el requisito delcontrol judicial de las conversaciones interceptadas es una garantía establecida en favor de los escuchados y "no una patente de corso" para que la policía "incluya o excluya lo que le parezca, sin ningún rigor jurídico-penal y luego quede liberada de responsabilidad, con la excusa del control judicial". Lo esencial, añade, es "examinar si la policía hace bien o mal su trabajo" y, en el segundo caso, si su incorrecta actuación "tiene relevancia penal en su perjuicio". Y subraya que "un Estado en el que la policía decide qué delitos y qué personas ha de investigar la autoridad judicial dista mucho de ser un Estado democrático de derecho, pues la autoridad judicial quedaría por debajo de los agentes".