La nulidad firme de la última reparcelación del centro de Santa Coloma abre la veda a nuevas reclamaciones vecinales

La nulidad de la última reparcelación (2016) del casco antiguo en el centro de Santa Coloma de Gramenet ha adquirido firmeza —es decir, ya no es judicialmente recurrible— después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Santa Coloma.

El TSJ de Catalunya deja sin efecto la reparcelación del casco antiguo de Santa Coloma de Gramenet

La acción del consistorio se dirigía contra la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dejó sin efecto la citada actuación administrativa en torno a la reforma urbana en noviembre del 2022, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. La nueva negativa judicial ha sido comunicada por el abogado Rafael Mendoza, quien defiende a los siete vecinos (cinco propietarios y dos inquilinos) que decidieron acudir a los tribunales por no estar conformes con las indemnizaciones destinadas a compensar el perjuicio de que sus inmuebles quedaran afectos al conocido como 'PERI' (Plan Especial de Reforma Interior) de Santa Coloma.

En este caso, según el tenor literal de la resolución judicial, el Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento de Santa Coloma por "carencia de justificación de que la infracción imputada ha sido relevante y determinante" y por "falta de fundamentación suficiente" de la concurrencia de presupuestos legales para interponer el recurso.

La clave de la nueva firmeza de la nulidad de la reparcelación colomense es que abre la veda a nuevas reclamaciones vecinales. Así lo afirma el abogado Rafael Mendoza, que asegura estar ya "estudiando nuevas reclamaciones" de sus siete clientes, de las cuales no conoce todavía el alcance económico.

A juicio de Mendoza, lo que habilita a los vecinos a reclamar indemnizaciones, primero patrimonialmente al consistorio y posteriormente, en su caso, ante los tribunales, es el hecho de que ellos "no hayan podido disponer libremente de sus inmuebles durante todo este tiempo pese a haber declarado el TSJC la reparcelación nula".

Por ejemplo, Mendoza afirma que sus clientes no han podido ni vender sus fincas ni hacer obras en ellas durante todo este tiempo. "Algunos de ellos recibieron órdenes de desalojo y lo pasaron muy mal por una reparcelación que ha acabado siendo firmemente nula", apunta el letrado. Incluso habla de una clienta cuya finca acabó siendo directamente derribada por el consistorio tras ser desalojado el centro 'okupado' que en ella se había instalado. "Todos esos supuestos habilitan a los vecinos a pedir daños y perjuicios por las molestias que les han causado", rubrica Mendoza.

Consultadas sobre este complejo escenario, fuentes municipales del Ayuntamiento de Santa Coloma asumen la inadmisión a trámite pero, como ya hicieron con la sentencia del TSJC, la desvinculan a la reforma urbana del 'PERI' en sí, "que sigue vigente y no alterado", apuntan. Como argumento de su legalidad, el consistorio alude al reciente archivo de la causa penal contra cargos municipales, además de apelar a la nueva reparcelación ya en marcha como futura solución al conflicto.

Nueva reparcelación en marcha

Por si la realidad judicial y urbanística del caso no fuera ya suficientemente laberíntica, una novedad de principios de este 2024 agrega mayor complejidad si cabe: ante la ya indefectible nulidad de la última, el Ayuntamiento ha activado una nueva reparcelación cuya redacción ya está en marcha.

Este nuevo procedimiento prevé un tiempo de ejecución de dos años para el estudio y redacción de la nueva reparcelación a contar desde la formalización del contrato con el despacho responsable, Pareja Advocats, el pasado mes de enero.

A ojos del consistorio, la nueva reparcelación resolverá el actual entuerto urbanístico ya que "volverá a distribuir cargas y beneficios de los propietarios como compensaciones, indemnizaciones o urbanización de viales". Es decir, repetirá el proceso de la anterior reparcelación del 2016, en esta ocasión tratando de subsanar los escollos de la nulidad que esgrimió el TSJC.

En opinión de Mendoza, sin embargo, se trata de una situación "muy pero que muy anómala". Tanto que, a su juicio, "se resolvería con mucha más facilidad si el Ayuntamiento se sentara a negociar con lo vecinos afectados", algo que el abogado lleva reclamando, sin éxito, desde que el TSJC sentenció la nulidad en noviembre del 2022. La administración colomense, por su parte, en su momento ya declinó que sus servicios técnicos "cedan y paguen más por unas indemnizaciones por las que no consideran que haya que pagar más" y libra el devenir del caso a la nueva reparcelación.