"No tocaremos los impuestos": Fiscalidad y vivienda social enfrentan a gobierno y oposición en Sant Cugat

El primer año ha estado marcado por la situación financiera del Ayuntamiento, que enfrenta un déficit de 25 millones de euros. Este déficit está siendo gestionado bajo la supervisión de la Generalitat y ha llevado al Ayuntamiento a implementar recortes. A pesar de ello, no se ha aumentado la carga fiscal sobre los vecinos de Sant Cugat, una medida apoyada por el PP, que aboga por una reducción aún mayor de impuestos. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a no incrementar los impuestos durante los otros tres años de mandato, una posición aplaudida también por Vox.

Por su parte, la oposición de izquierdas (PSC, CUP y Comuns) critica la falta de presupuesto en Servicios Sociales. Los socialistas han recordado además la reducción en un tercio de las actividades navideñas y el cierre del Centro de Arte Contemporáneo Maristany como consecuencia de estos recortes.

También, estos tres grupos municipales han denunciado el aumento de sueldo del equipo de gobierno, calificándolo de "totalmente desproporcionado" dado el contexto financiero del consistorio. El alcalde, flanqueado por ERC y Junts, ha respondido que el coste del actual gobierno es un 4,5% inferior al del mandato anterior.

Los altos precios de alquiler en la ciudad han puesto el foco en la necesidad de adquirir más vivienda social. Sant Cugat es el municipio con el alquiler medio más elevado entre las ciudades de la primera corona metropolitana, una situación que preocupa al Gobierno municipal y que la oposición de izquierdas (PSC, Comuns y CUP) cuestiona. Afirman que no se está abordando el problema de la "expulsión de los jóvenes de Sant Cugat, quienes no pueden hacer frente a las elevadas rentas".

El alcalde ha resaltado el inicio de un Plan Local de Vivienda y ha anunciado que se trabaja en un proyecto "extraordinario e histórico" para ofrecer la máxima solución posible a la vivienda de los jóvenes, al margen del nuevo barrio de Can n'Ametller anunciado en el mandato anterior.

La creación de este nuevo barrio pretendía ser el salvavidas ante la crisis de vivienda y demográfica de una ciudad que camina hacia los 100.000 habitantes y ya se posiciona como la 12ª urbe catalana con más población. En este sentido, el alcalde ha alabado el modelo de la ciudad: "Hoy la ciudad podría tener 230.000 habitantes, un techo al que no llegaremos gracias al modelo de ciudad que se implantó en 1987 y que es necesario preservar y mejorar. Un modelo de éxito", en referencia a las características casas unifamiliares con dos pisos.

El mismo modelo que puso en duda la construcción de 72 viviendas sociales en un edificio de ocho plantas, en el solar de Ragull Center, ubicado al final del barrio de Sant Francesc. Sin embargo, el alcalde ha anunciado que “se está estudiando la posibilidad de reconvertir el proyecto de Ragull Centre, pero con una altura que siga y respete el modelo de Sant Cugat”.

La movilidad en Sant Cugat es un tema recurrente en el debate político, con críticas dirigidas hacia la falta de un plan estratégico y los problemas persistentes en la circulación y la seguridad de ciclistas y peatones. Durante su intervención, el alcalde ha anunciado que se está desarrollando un Plan de Movilidad que "prioriza al peatón y los medios de transporte no contaminantes, avanzando hacia una movilidad sostenible en todos los aspectos".

Además, explicó que se están implementando mejoras en el transporte público, los autobuses, así como en sus paradas y frecuencias, sin aumentar los costos para los ciudadanos y manteniendo las bonificaciones del 50% en los títulos de viaje múltiple de los autobuses urbanos. En este contexto, ha mencionado "el acuerdo próximo con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable directo de este servicio". Sin embargo, los Comuns han criticado este proceso por considerarlo estancado y lamentan la ausencia de convocatoria para configurar una Mesa de Movilidad. Por otro lado, Vox ha expresado su preocupación por lo que consideran una "criminalización del vehículo privado", mientras que el PP ha sugerido que "hay demasiados carriles bici y se debería realizar una auditoría". Los anticapitalistas han mostrado inquietud por la polémica retirada de los pilones de la ‘Anella Verda’ y la "no priorización" de las bicis.

El objetivo del Gobierno es tener una plantilla que pase de los 74 agentes actuales de la Policía Local al centenar cuando acabe este mandato. Vallès ha presumido sobre la incorporación de ocho agentes de civismo nuevos “para mejorar la ciudad”. El teniente de alcalde de seguridad, Bernat Picornell (ERC), muestra la necesidad de trabajar conjuntamente con Mossos d’Esquadra y el incremento de la plantilla.

Vox ha criticado “la continuación de la decadencia en temas como la limpieza y la seguridad” y el PP menciona la necesidad de implementar “un nuevo plan de seguridad, ya que el último es de 2016”. La oposición de izquierdas ha hecho referencia a la polémica del estudio del Observatorio Sociológico Municipal de 2024. El nuevo sondeo incorporó, a diferencia del anterior mandato, un bloque que hacía referencia a la inmigración y seguridad, algo que generó división entre republicanos y posconvergentes en el ejecutivo local y que PSC, Cup y Comuns tildan de “intolerable”.