Arranca el juicio contra las activistas que cortaron las vías de FGC en Sant Cugat durante la huelga del 8-M de 2018

El juicio contra las activistas acusadas de desórdenes por el corte en las vías de ferrocarriles en la estación de Sant Cugat del Vallès durante la huelga feminista de 2018 ha arrancado este lunes, seis años después de los hechos. Fiscalía pide una pena de tres años de cárcel y más de 26.000 euros por daños y perjuicios a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que pocos meses después de personarse acabó retirándose de la causa. Durante la primera sesión del juicio han declarado las encausadas, que sólo han respondido a las preguntas de sus abogadas para explicar cómo vivieron esa jornada de protestas. En declaraciones a los medios de comunicación, denuncian que su caso responde a una persecución "política" en el movimiento feminista.

En este sentido, una de las abogadas de la defensa, Laia Serra, recuerda que todos los precedentes de condena por desórdenes públicos relacionado con el corte de vías de comunicación son por "sabotajes graves", que ponen en peligro tanto la circulación como los usuarios . "Pero lo que tenemos aquí es derecho a la protesta", espetó.

La abogada defiende que la huelga del 8-M de 2018 estaba "especialmente diseñada" para reivindicar el derecho de las mujeres y es en este contexto que debe circunscribirse la acción que hacen hacer las jóvenes en la estación de FGC de Sant Cugat el Vallès, la mañana del 8 de mayo de ese año.

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Durante el interrogatorio a las encausadas se ha intentado dejar patente que la acción estaba "informada" a las autoridades y que en todo momento hubo coordinación y buen entendimiento con el personal de la estación, los vigilantes de seguridad y los Mossos d'Esquadra.

Las activistas también detallaron que eran una treintena las que cortaron las vías, pero que sólo se identificó a siete de las participantes. Durante la exposición de su relato, las chicas también explicaron que la protesta no se eternizó y que incluso abrieron paso a un tren que llegó poco después de iniciar el corte.

El interrogatorio a las activistas, que han rechazado responder a las preguntas de Fiscalía, también ha servido a la defensa para recordar que cortes de vías como el del 8-M de 2018 se han hecho muchos, tanto antes como después de aquellos hechos, por parte de diferentes colectivos y que en ningún otro caso ha habido consecuencias penales.

Pruebas bajo sospecha

En cuanto a la documentación aportada, las defensas pidieron la impugnación de un informe de FGC que no está firmado por ningún profesional y que tendría una "mínima eficacia" como prueba. También denuncian que se han incluido en la causa unas imágenes de vídeo del día de los hechos que están "fragmentadas".

La jueza que instruye la causa ha rechazado retirarlo del caso y avisa a las partes de que estas pruebas no son en caso pruebas periciales y que cuando llegue la hora de dictar sentencia se las tendrá en cuenta únicamente como prueba documental, si así lo considera oportuno.

Apoyo a las encausadas

"Nos juzgan por feministas", ha exclamado a las puertas del juicio una de las portavoces de 8 Mil Motius, Maria Garcia. El colectivo, que se ha concentrado a las puertas de los Juzgados de Terrassa para apoyar a las encausadas, defiende que "luchar por un mundo justo y ejercer el derecho a la protesta no es delito"

Garcia ha tildado el juicio contra las activistas de Sant Cugat de "juicio de la vergüenza" y reivindica la fuerza del movimiento feminista para marcar la agenda política y "hacer tambalear y cuestionar las estructuras de poder". De ahí que una de las encausadas, Elena Ramis, asegure que "la única sentencia justa es la absolución".

A las puertas de los Juzgados también se concentraron familiares y amigos de las activistas. Sus padres han leído un comunicado donde lamentan que el sistema judicial acuse a quien lucha por sus ideales: "Nos acusan de haberlas educado potenciando el pensamiento crítico".

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El portavoz de las familias, Carles Sala reivindica la acción de las jóvenes en las vías de ferrocarril porque eso sirvió para impulsar cambios. "Hemos enseñado a nuestras hijas que es necesario intervenir y ejercer el derecho a protesta, desobedecer las leyes y forzar a que el Estado reaccione", asegura.

En este sentido, la defensa de las jóvenes también ha querido incluir en su relato, a través de las declaraciones de las encausadas, el hecho de que antes del 8-M de 2018 no existiera ningún protocolo contra las agresiones machistas a FGC y que ha estado después de que se han dado pasos desde la administración en este sentido.

Dos sesiones más de juicio

El juicio seguirá a partir del martes con las declaraciones de los Mossos d'Esquadra que intervinieron, los vigilantes de seguridad de la estación y los responsables de FGC, además de otros testigos de los hechos aportados por las defensas. Aunque se habían programado sesiones hasta el jueves, el objetivo de las partes es terminar un día antes.

Las sesiones se han programado en una sala de vistas muy pequeña y esto ha generado algún momento de tensión en la entrada de las encausadas y los familiares acreditados para seguir la vista. El personal de seguridad de los Juzgados ha querido bloquear las puertas del edificio dejando fuera a algunos padres y esto ha terminado de encender los ánimos.

Finalmente, todas las encausadas han podido estar acompañadas por sus familiares. También han tenido problemas de acceso a los Juzgados de Terrassa algunos medios de comunicación, que se han quedado fuera sin poder seguir el juicio pese a que la sala disponía de espacio suficiente en el momento en que se ha decidido limitar el acceso.