Denuncian “represión sindical” en el despido de dos conductores de autobús del Baix Llobregat y L’Hospitalet

La calma es todavía una quimera en el servicio de autobuses al sur de Barcelona. Las protestas y huelgas que los conductores de bus del Baix Llobregat y L’Hospitalet protagonizaron durante la primera mitad del 2023 han vuelto a coger fuerza durante los últimos dos meses y, ahora, los conflictos laborales se han vuelto a encender tras el despido de dos conductores de Monbus/Julià en el Baix que, además, eran integrantes del comité de empresa.

Ante esta noticia, CCOO ha publicado un comunicado en el que denuncia “represión sindical” contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Sant Boi, el principal grupo de trabajadores del operador que da servicio a Sant Boi de Llobregat y a sus conexiones con otros municipios de la comarca, L’Hospitalet y Barcelona. Fuentes del comité de empresa de la UTE Sant Boi señalan que, coincidiendo con unas jornadas de protesta recientes, la empresa abrió expedientes disciplinarios a dos conductores miembros del comité y que ha decidido cerrar con despido.

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Las mismas fuentes explican que, en uno de los casos, se trata de un trabajador que cogió el megáfono durante las jornadas de protesta por las condiciones laborales y de servicio y que precisamente “criticó la falta de mantenimiento de los autobuses”, unos reproches al operador gallego Monbus que, recuerdan, ya iban incluidos en la misma convocatoria de huelga. “Alguien lo subió a las redes y la empresa lo despide porque dice que es una falta muy grave por vulnerar la buena fe contractual”, añaden.

En el otro caso, voces del comité señalan que se trata de un compañero que tapó parte de una cámara de su autobús con una cinta para que no le enfocara a él. “En los vehículos hay cuatro cámaras, pero cada uno las tiene en lugares diferentes. En su caso, había una que le enfocaba directamente y la tapó para que el ángulo enfocase solo hacia afuera”, comentan las mismas fuentes, que inciden también en que el conductor estaba pasando una mala época personal y que su actuación estaba marcada también por el contexto de las protestas.

“Somos conscientes de que no debía haberlo hecho”, dicen desde el comité en relación con haber tapado la cámara, pero “el castigo es desproporcionado”. Consultadas por este diario sobre los despidos y las protestas por las condiciones laborales y de servicio, fuentes de Monbus han declinado hacer declaraciones al respecto.

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Por su parte, el comité de empresa sostiene que la compañía busca “cargársenos uno a uno porque no aceptamos como gestionan y porque tenemos condiciones laborales heredadas que no les dan a los nuevos contratados”. Así, critican que la empresa haya echado a sus compañeros vía despidos procedentes y avisan de que van a judicializar los dos casos. Además, con motivo de protesta por ambos ceses, llevarán a cabo dos jornadas de huelga de 24 horas los días 15 y 16 de julio.

Conflictos enquistados

Con mayor y menor intensidad, los conflictos laborales en los distintos operadores de autobús urbano e interurbano del Baix Llobregat y L’Hospitalet han sido una constante desde mediados de 2022. Así, las protestas por los despidos no son sino una gota más para un vaso que amenaza con colmarse y con suponer todavía una mayor inestabilidad en un servicio público que, además de ser esencial para la conexión de Barcelona con buena parte de su conurbación, registra decenas de millones de viajeros cada año.

Fue en 2022 cuando varios de los contratos que durante tres décadas habían estado bajo el control del grupo Baix Bus pasaron a manos de nuevos operadores: las líneas de Sant Boi y sus conexiones intermunicipales, hasta entonces en manos de Oliveras, fueron a la UTE de Monbus y Julià; mientras que, antes —a finales de diciembre de 2021—, las líneas de la costa, históricamente gestionadas por Mohn, pasaron a Avanza. El relevo se ha completado este mismo 2024 después de que los autobuses de L’Hospitalet y el Prat pasaran de Rosanbus al grupo Moventia, aunque en este caso, hasta ahora, los conflictos no han sido tan pronunciados como los otros grupos del Baix.

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Así, los distintos comités de empresa en esta zona han denunciado en reiteradas ocasiones que, desde los cambios de operadores, han empeorado las condiciones laborales y el servicio, con más averías y mayores complicaciones logísticas. Entre los porqués de esta situación, los sindicatos señalan a que las empresas ganadoras de las últimas licitaciones ofrecieron ofertas anormalmente bajas que, aunque lograron justificar, han dejado un margen de beneficios estrecho para los nuevos operadores.

De este modo, denuncian que las empresas buscan rentabilidad “al explotar más a los trabajadores y al ahorrar todo lo posible en el mantenimiento, renovación de vehículos y equipamientos o con la supresión de servicios”, reza un comunicado reciente de la Plataforma para un servicio digno de Bus en el Baix Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat, entidad que también ha convocado una jornada de protesta entre Viladecans y Sant Boi para este sábado 6 de julio.

Además, la misma plataforma recuerda que, con los distintos recursos que paralizaron los últimos procesos de contratación antes de adjudicarse los servicios, ya se produjo “un grave abandono del mantenimiento de vehículos”, así como que no “no se substituyesen los ya caducos”. Una situación que supuso múltiples protestas también de usuarios y que el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable del servicio, ha tratado de subsanar con la incorporación de nuevos vehículos a las distintas flotas.

De hecho, respecto a la renovación de flota la propia AMB indica que esta "ya ha sido completada en su práctica totalidad, según estaba previsto". "Si es cierto que dado el contexto de limitaciones en las cadenas de suministro en algunos casos pueden haberse producido retrasos, pero estos no son en ningún caso atribuibles al AMB y fueron corregidos con la mayor celeridad posible", añaden fuentes de la administración metropolitana.

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Reclamaciones al AMB

Para la manifestación de este sábado 6 de julio, además de a los operadores, los sindicatos y otras plataformas vinculadas al transporte público señalan también al Área Metropolitana. Concretamente, al sistema de contratación de la entidad y a la "total inoperancia" a la hora de "ejercer las funciones de mediación, control e inspección a las empresas adjudicatarias, para impedir el incumplimiento de manera sistemática de sus obligaciones contractuales".

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A ello, el AMB responde que la administración "licita y adjudica los contratos de servicios de transporte respetando en todo momento el marco legal de aplicación y, particularmente, el establecido en la Llei de Contractes del Sector Públic". Respecto al seguimiento de los contratos, el AMB insiste en que lleva a cabo "el detallado seguimiento de la ejecución de los contratos con las empresas operadoras en todos aquellos aspectos referentes al servicio", pero que, por el contrario, "no recae en su ámbito de responsabilidad el seguimiento o la intervención en las relaciones laborales entre trabajadores y empresa".