Las entidades pro eutanasia alertan de una ofensiva conservadora contra el derecho a morir

La decisión de una juez de suspender la eutanasia de una joven de Barcelona, y la existencia de otro caso similar ha puesto en alerta a la principal entidad defensora de la ley de eutanasia, Dret a Morir Dignament (DMD). Su presidenta, Cristina Vallès, considera "terrible" que se perpetúe el sufrimiento de personas que han pedido y obtenido, conforme a la ley, el derecho a finalizar su vida. "Nos preocupa esta dinámica porque se trata de un proceso muy complicado, larguísimo y con una ley con muchas garantías porque antes de concederse la eutanasia se pasa por cinco médicos, y genera angustia las presiones que han de sufrir estas personas" en contra de su decisión.

El caso surge de la decisión de una mujer con una lesión medular (producida tras uno de sus de sus intentos de suicidio), que logró el derecho a finalizar su vida de acuerdo con el procedimiento de la ley de eutanasia. Pero ahora el Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ha mantenido la paralización de la eutanasia, solicitado por el padre de la joven de la mano de una asociación ultraconservadora (la Asociación Española de Abogados Cristianos), que estaba prevista para el pasado viernes 2 de agosto en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes.

Paralizado sin fecha

Este miércoles la magistrada ha comunicado a las partes que plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una cuestión de competencia para saber qué órgano judicial es el que debe pronunciarse sobre la eutanasia. Es la primera vez que se debate judicialmente sobre la paralización de una eutanasia concedida. En las últimas horas ha llegado al juzgado otra petición similar del entorno de un hombre de unos 50 años que también tenía la eutanasia concedida, pero que han pedido retirársela.

Contraofensiva ideológica

Vallès tiene claro que se trata de una contraofensiva ideológica: "Está clarísimo, lo que no han conseguido a través de las discusiones parlamentarias, lo intentan lograr a través de estas demandas judiciales". Unas demandas que se basan en argumentar que una persona con un trastorno mental no está en condiciones de tomar una decisión como la del suicidio legal, la eutanasia.

Las garantías legales

Frente a estas opiniones, Dret a Morir Dignament recuerda que la legislación vigente permite aplicar la eutanasia por casos vinculados a enfermedades mentales, que van más allá de una malestar pasajero. De hecho ha habido ya eutanasias concedidas a personas en esta situación, que encajan perfectamente en la ley. Porque se trata de uno de los dos supuestos: una enfermedad grave imposibilitante o un sufrimiento grave, crónico, imposibilitante.

Además, el ministerio de Sanidad presentó este año un borrador de buenas prácticas que incluía las enfermedades mentales, no las dejaba de lado en la ley. La solicitud ha de pasar por dos médicos, un jurista y la Comisión de garantía y Evaluación con profesionales del sector. Al final del proceso, la mitad de estas demandas son rechazadas.

Los efectos de retrasar una decisión

El retraso viene precedido de la petición puede generar efectos dramáticos, según señala Vallès. Es decir, que se acabe practicando el suicidio sin las garantías ni la cobertura sanitaria ni las condiciones para que sea un proceso no doloroso.

Alargar la vida

Frente a la opinión crítica con la eutanasia, Vallès recuerda que la muerte digna alarga la vida en lugar de retrasarla, porque antes de la ley vigente, los suicidios se producían siempre cuando la persona estaba capacitada para hacerlo por sí misma (para no implicar legalmente a nadie) y no se podía esperar, lo cual generaba angustia y la duda de si se realizaría la eutanasia correctamente.

Ahora buena parte de las eutanasias concedidas generan un período de espera por parte de la persona protagonista. Es decir, escoge cuando y cómo hacerlo, con todas las garantías no solo legales, sino emocionales para despedirse de sus seres queridos. "Esto no es un concurso de ver cuantas muertes hay por eutanasia, nadie quiere morirse, simplemente sucede que cuando no hay manera de poder vivir de forma decente, la gente tiene el derecho a decir basta, es un derecho", subraya la presidenta de DMD.