"Sabadell no es el ‘Far West’": aprobada la primera ordenanza de Civismo local

El pleno municipal del Ayuntamiento de Sabadell (Vallès Occidental) ha aprobado la esperada ordenanza de Civismo, una medida emprendida por la mayoría de las grandes ciudades catalanas, pero, aún, unos deberes sin hacer del consistorio vallesano. Se trata de un texto normativo que tenía pendiente el mandato encabezado por Marta Farrés (PSC), y que llega en el penúltimo pleno antes de los comicios del 28 de mayo.

Durante el debate para su aprobación, la alcaldesa sabadellense ha reclamado que se tienen que poner los puntos sobre las íes: "Sabadell no puede ser el 'Far West'". Sin embargo, las riendas de la ordenanza las ha cogido la nueva teniente de alcaldesa del Área de Cohesión Territorial, Desarrollo Urbano, Seguridad y Civismo, Mar Molina–en substitución al concejal expulsado Jesús Rodríguez por supuestas amenazas–, quien ha anunciado que las sanciones económicas irán de la mano de servicios comunitarios. 

53 tipologías de infracciones

La ordenanza tiene como objetivo “preservar el espacio público y la convivencia de la ciudad”, la cual registra 53 tipologías de infracciones que oscilan desde los 100 euros hasta los 3.000, en función de su gravedad, reincidencia y voluntariado. “Poner música alta, hacer fiestas en la calle -sin respetar el derecho al descanso-, no recoger los excrementos de perros, no llevar los animales domésticos peligrosos sin atar, dejar las basuras fuera del contenedor o hacer necesidades privadas en la calle”, son algunas de las conductas que legalizar dicha ordenanza.

La mayoría de las sanciones se podrán compensar con servicios comunitarios: "Es una oportunidad para hacer pedagogía a la convivencia y es la solución para crear un diálogo empático y configurar una ciudad con respeto", justifica Molina.

La luz verde de la normativa ha sido fruto del voto a favorable del PSC, Cs, Junts y Marta Morell, concejal no adscrita, mientras que ERC ha optado por la abstención -para facilitar la tramitación. Por su parte, la Crida per Sabadell se ha mostrado en contra; el único partido con un discurso totalmente contrario. 

El concejal Francesc Baró (Junts) celebra la puesta en marcha de la medida: "Es el inicio del final de una ordenanza muy esperada para toda la ciudadanía" y añade en esta línea que "es una muy buena noticia para la convivencia democrática. Estamos viendo la luz al final del túnel", exclama.

Por su parte, Raúl García Barrosso (ERC) manifiesta que "es línea sancionadora que se tiene que ir trabajando", pero valoran de "forma muy positiva su existencia". Finalmente, José Luís (Cs) lamenta que el texto "sea prácticamente el mismo que se presentó en 2021", aun así, se sienten orgullosos "de aprobar un instrumento que incluya elementos reparadores, sin la necesidad de pagarlo con dinero", lo que responde la dirección de su voto.

Sin embargo, la nueva medida ha sido fusilada por el grupo opositor de la Crida per Sabadell, quienes se han mostrado críticos, tildando, así, la ordenanza de “muy sancionadora” y poco “reparadora”.

"Criminalizan a los que no tienen recursos"

La concejala Aurora Murillo (Crida per Sabadell) ha denunciado que la nueva medida "acompaña la ley mordaza y busca el control de la sociedad. Habla de responsabilidades subsidiarias y penaliza a la gente sin recursos". En este sentido, lamenta que no se faciliten alternativas: "No se permite utilizar el mobiliario, pero tampoco damos espacios de ocio alternativos" y enfatiza que "se criminaliza a la gente que combate día a día la pobreza": "Se sancionará a quién se conecte a la red de agua o luz", clama. Finalmente, Murillo, asegura que si consideran que "existe un alto incivismo" sería necesario que se invirtiera en "educación y actividades recreativas, para evitar derivadas".

Ante las duras críticas de la Crida, la edil sabadellense abre su micrófono para "aclarar los derechos y los deberes".

Farrés manifiesta que se están poniendo encima de la mesa elementos muy básicos: "No orinar en la vía pública, no recoger las heces de los perros o respetar el derecho del descanso debería salir de la gente. No podemos estar en el Far West. Es una ordenanza que no está diciendo nada extrapolable en las otras ciudades. Convivencia. Todo el mundo debe sentirse a gusto. Es una ordenanza equilibrada, las multas más caras serán de 3.000 euros cuando se produzcan vejaciones de racismo o xenofobia. Deberían venir enseñados de casa, pero desgraciadamente no es así, y algunos solamente entienden el palo", zanja de forma contundente la alcaldesa.

Para redactar el texto se han tenido encuentros con agentes económicos como la Cambra de Comerç, el Gremio de Fabricantes, las entidades de comerciantes, agentes sociales como la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell, Creu Roja, Actua Vallès, el Colegio de la Abogacía o la Síndica Municipal de Greuges.

Cabe recordar que la normativa aún se encuentra en fase inicial, por lo que ahora se abre un proceso de alegaciones y exposiciones públicas. Posteriormente, entrará en vigor, ya en el nuevo escenario del próximo mandato.

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