Rubí pone la sanción más alta de su historia: 630.000 euros para los responsables de un vertedero ilegal

El Ayuntamiento de Rubí (Vallès Occidental) ha dictado una resolución sancionadora por valor de 630.000 euros en total, la mayor sanción que ha impuesto nunca el consistorio, contra los responsables de un vertedero ilegal ubicado en la finca del paraje de Can Carreres, a las afueras de la ciudad, conocida como ‘La Nueve’ o ‘La Nou’.

En concreto, las sanciones van contra las empresas T.C. Inmuebles y Servicios, SL, Diseños y Viviendas Rubí, SL, Bigues Natura Transports, SL y Movimientos Tres Torres, S.L y contra dos personas físicas por una “infracción de carácter grave” que fue “cometida de forma continuada” entre el 28 de mayo de 2019 y el 22 de abril de 2021 en esta finca. El Ayuntamiento, a raíz de las múltiples inspecciones realizadas en los últimos años, considera probado que en este periodo “se vertieron continuamente residuos en la parcela”. Una finca que, según se extrae del propio expediente sancionador, se encuentra en un suelo “cualificado como no urbanizable dentro del sector protegido de valor agrícola, forestal y recursos naturales”.

De este modo, en el caso de las dos primeras firmas y de las dos personas físicas, el consistorio les ha impuesto una multa de 150.000 euros a cada una, mientras que a las otras dos compañías, la cuantía asciende a 15.000 euros en cada caso. Sin embargo, la resolución sancionadora no es definitiva, ya que todavía es susceptible de dos recursos: recurso de reposición frente al propio Ayuntamiento o recurso contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales.

Restauración de la finca

Paralelamente a las sanciones, desde el consistorio vallesano se requiere a Diseños y Viviendas Rubí, SL para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados desde la notificación de la resolución, presente un análisis o evaluación del riesgo (AQR) de acuerdo con un informe emitido por la Agència Catalana de Residus en febrero de este año.

Además, se requiere a todos los sancionados para que, en el plazo máximo de tres meses, “ejecuten la restauración de la realidad física alterada y presenten en el Ayuntamiento de Rubí la documentación exigida”, remarca el Ayuntamiento. Así, la resolución advierte que, de no dar cumplimiento a cualquiera de las actuaciones y condiciones establecidas, “se podrán imponer multas coercitivas o acordar la ejecución subsidiaria”, según sea más adecuado.

En este aspecto, el expediente sancionador considera que el volumen de residuos vertidos en la nueve entre mayo de 2019 y abril de 2021 ha sido “muy considerable”. Por ejemplo, dice el texto, el 28 de mayo se observaron 270 m3 de residuos, el 2 de junio de 2020 3.500 m3 y el 22 de abril de 2021 1.400 m3 de residuos.

Desde la plataforma Rubí Sense Abocadors hacen “una valoración positiva, pero a medias” de las sanciones impuestas. “Continuaremos controlando los movimientos ahora que tienen que hacer la extracción”, señalan. Desde la entidad temen que se declaren insolventes o que presente recursos y que el tema se alargue durante años: “Nosotros abogamos porque se denuncie un delito ambiental, que tiene penas de prisión. Al final, a esta gente que mueve tanto dinero, una sanción económica les hace poco daño”, remarca Montse Rousse, portavoz de la plataforma y vecina de la urbanización de Castellnou, ubicada cerca de la finca.

Levantamiento del cierre

Por último, la resolución establece el levantamiento de las medidas de cierre del espacio que funciona desde principios de setiembre de 2021, ordenando así a la Policía Local que retire todos los elementos de precinto que haya implantados “de forma que se haga posible la orden de retirada de residuos y restauración de la realidad física alterada por parte de los responsables”.

En las alegaciones de los responsables al primer anuncio de las sanciones, estos defendieron que los residuos apilados no se habían podido retirar porque el Ayuntamiento lo había impedido, precisamente, con el cierre del espacio.

Sin embargo, en el expediente sancionador se defiende que este atenuante no se puede aplicar en este caso porque el impedimento puesto por el Ayuntamiento se debió “a la necesidad de evitar nuevos vertidos frente al flagrante, reiterado e intencionado incumplimiento de la medida cautelar impuesta”, que consistía en el cese inmediato de los vertidos.

Incumplimientos constantes

Fue el 6 de septiembre de 2021 cuando el Ayuntamiento de Rubí decretó con carácter provisional el cierre total de la finca ‘La Nueve’ tras “detectar que se continuaban haciendo actividades de vertido de residuos no autorizadas”. De este modo, la Policía Local de Rubí, llevó a cabo el cierre mediante la colocación de precinto y vallas de hormigón en los accesos a la parcela.

Pocos meses antes del cierre, el 8 de junio de 2021, el Ayuntamiento inició vía decreto un procedimiento sancionador ordinario contra diversas personas físicas y jurídicas que actuaban de forma unitaria por “la presunta comisión continuada de infracciones graves en la finca ‘La Nueve’”. Ante estos incumplimientos, el Ayuntamiento ordenó de manera provisional el cese inmediato de las actividades de vertido y de retirada de residuos que se estaban llevando a cabo en esta finca y la presentación, en el plazo máximo de dos meses, de un estudio que acreditara el grado de afectación del suelo de la parcela.

Sin embargo, durante los meses de julio y agosto, varias inspecciones oculares realizadas por el inspector de la Unidad de Control y Programación del Ayuntamiento y la Policía Local “permitieron confirmar que la medida provisional acordada por el Ayuntamiento al inicio del procedimiento sancionador había sido infringida abiertamente, con reiteración y plena intencionalidad, ya que se ha seguido produciendo tráfico de camiones en la finca, que han descargado residuos”; unos hechos que el consistorio valoró entonces como "el más absoluto desprecio a la protección del medio ambiente" y tras lo que procedió al precinto de la finca.

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