El catalanismo del futuro

Por Astrid Barrio

Desde el restablecimiento de la Generalitat en 1977, Catalunya siempre ha sido gobernada por partidos de matriz catalanista. Nunca como hasta ahora la autonomía política y el ejercicio del autogobierno habían gozado de tanta continuidad. La Mancomunitat apenas duró 11 años (1914-1925), viéndose interrumpida por la dictadura de Primo de Rivera, mientras que la experiencia republicana fue todavía más breve (1931-1939), se vio quebrada por los 'fets d'octubre' de 1934 -que comportaron la suspensión del Estatuto de Autonomía de 1932- y más tarde condicionada por el levantamiento militar y por la guerra civil, tras la cual la victoria franquista le puso fin. Con semejante brevedad, poco se podía esperar del despliegue del autogobierno, aunque algunas de las acciones de la Mancomunitat en el ámbito de la cultura, como la red de bibliotecas y algunas escuelas o museos, o en el de las infraestructuras, con algunas carreteras, han dejado una gran impronta. Ahora, en cambio, están a punto de cumplirse 47 años de la restauración de la Generalitat y son ya casi 45 de vigencia de autogobierno regulado por el Estatuto de Autonomía.

Este es un período lo suficientemente largo como para hacer balance de cómo se ha ejercido ese poder tan anhelado y cuáles han sido los resultados obtenidos. Hasta la actual etapa democrática, el catalanismo siempre había podido argumentar que si no había sido capaz de dar cumplimiento a sus objetivos, era por falta de continuidad. Pero en estos momentos, y aunque a menudo se hayan utilizado los argumentos de la falta de competencias, de que estas son laminadas por las instituciones centrales (Gobierno, Cortes Generales o Tribunal Constitucional) o de que no hay recursos suficientes para ejercer las competencias con plenitud -de hecho, ninguna Administración al nivel que sea tiene todos los recursos que quisiera-, lo cierto es que esas limitaciones no deberían ser obstáculo para la rendición de cuentas. Un ejercicio que en los últimos años se ha obviado, quizá de manera deliberada, como consecuencia -o a causa- del proceso soberanista.

EL PERIÓDICO se propone contribuir a este ejercicio y, para ello, de la mano de expertos -lo que incluye a gestores públicos, privados y académicos-, ha identificado algunos de los principales ejes sobre los que históricamente se ha articulado el catalanismo para efectuar un análisis en profundidad de cuáles han sido los objetivos perseguidos en cada uno de ello, qué políticas públicas se han aplicado y evaluar sus resultados. Estos ejes son la propia idea de autogobierno basada en el reconocimiento de la existencia de una personalidad política histórica, la protección de la lengua como principal rasgo identitario y como factor de integración, el desarrollo económico y el equilibrio territorial muy vinculados al impulso de las infraestructuras, la justicia materializada en la progresiva extensión de derechos sociales, con especial énfasis en la educación, y en la consolidación del Estado de Bienestar y por último una vocación modernizadora de España, forman parte todos ellos del ADN de las distintas corrientes del catalanismo que han ejercido el poder y que, por tanto, son susceptibles de ser evaluadas.

Pero no se trata solo de hacer balance y constatar que algunas de las políticas que se han desplegado en cada uno de los ejes no solo han generado los resultados previstos, sino también de abordar la problemática de la creciente ausencia de consensos en torno a ellos. Así, la idea de autogobierno en el sentido clásico es impugnada tanto por los que prefieren la secesión como por los que son partidarios de eliminar o de reducir la autonomía en un marco que ya no es el estatal, sino el europeo.

La lengua se ha convertido en objeto de lucha política, cuando no en arma arrojadiza, y en un contexto de pluralidad cultural conviene preguntarse si puede mantenerse como el principal y casi único elemento sobre el que se sustenta la identidad catalana.

La promoción de las infraestructuras se ve cuestionada tanto por los que se oponen a ellas como por aquellos que apuestan por un modelo que exige cada vez más autonomía estratégica y, por tanto, infraestructuras que garanticen el autoabastecimiento y un proceso de reindustrialización.

La justicia social que implica la implementación de políticas, empezando por la educación, que corrijan las desigualdades de origen y hagan posible la igualdad de oportunidades, es un campo de batalla ideológico entre aquellos que creen que hay poca y que se dedican pocos recursos y los que ven en ella intromisión, abuso y limitación a la autonomía individual.

Y, por último, la vocación española del catalanismo se enfrenta no solo a aquellos que quieren desentenderse de España porque la ven como un lastre, sino también a la necesidad de recalibrar la brújula, porque España ya es un país plenamente moderno e integrado en Europa y no es necesario modernizarlo, al menos desde el punto de vista económico y social, pero quizá sí contribuir a promover reformas institucionales y estructurales que ayuden a corregir las disfunciones.

Pero es que, además, esa ausencia de consensos no afecta solo a los contenidos de las políticas, sino que, en ocasiones, también se cuestiona la idoneidad de esos ejes, entendidos como prioridades políticas. Contribuir a entablar un debate pausado acerca de hacia dónde queremos dirigirnos colectivamente como sociedad y cuáles han de ser las prioridades de la política y las políticas públicas y hacerlo, en la medida de lo posible, de la forma más consensuada posible es el espíritu que guía esta empresa.

A lo largo de los próximos meses, ya sin elecciones a la vista y en paralelo al inicio de una legislatura que marca el debut de una nueva etapa política en Catalunya, EL PERIÓDICO tratará de arrojar luz sobre todos estos aspectos en la perspectiva de recuperar y rehacer los consensos perdidos.