El TC se prepara para reeditar con la amnistía la guerra de recusaciones que vivió con el Estatut

Los momentos de más tensión vividos en el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia han sido a cuenta de las recusaciones de sus magistrados. Esta semana, en la que comienza a tramitar el primer asunto relacionado con la amnistía, si sus actuales miembros no lo remedian, corre el riesgo de reproducir su peor periodo: el que se vivió con el Estatut en lo que se conoció como la guerra de las recusaciones.

La primera decisión que debe adoptar el pleno de esta semana en el órgano de garantías es si acepta la abstención presentada por Juan Carlos Campo para apartarse de las deliberaciones relativas a la amnistía. Desde que llegó al Constitucional se ha quedado al margen de los debates relativos a las leyes que conoció mientras estaba en el Consejo de Ministros y de los asuntos que afectan a su esposa, la expresidenta del Congreso Meritxell Batet.

Nunca se le ha puesto una traba, pero con la amnistía deberán ser sus compañeros los que validen o no su intención de apartarse. Para ello tendrán que valorar el carácter de la resolución y si la expresión que argumenta formaba parte de su núcleo decisorio o no y, por tanto, era prescindible. Para apartarse Campo alega que en los informes que suscribió, como responsable de Justicia para proponer al Consejo de Ministros el indulto de los líderes del 'procés', dijo que se concedía esa medida de gracia, porque la amnistía era "claramente inconstitucional".

Y mientras el pleno decide sobre esa abstención y la admisión a trámite del primer asunto con entidad relacionado con la amnistía que llega a su mesa -la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación con el delito de desórdenes públicos por el que fueron condenados dos jóvenes en Girona-, empezarán a llegar al órgano de garantías las primeras recusaciones.

De la decena de recursos de inconstitucionalidad planteados, el PP, Madrid, Galicia y Andalucía ha presentado recusaciones contra el propio Campo -pese a que lo que dijo sobre la amnistía se presume en principio similar a sus intereses-, contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y contra la magistrada Laura Díez Bueso, por haber sido asesora de Moncloa. De salir adelante estos intentos de apartarles, el sector progresista perdería su hegemonía en beneficio del conservador, al que recientemente se ha incorporado José María Macías. De tal forma que la mayoría progresista actual, formada por siete de los 12 magistrados del Constitucional, quedaría reducida a cuatro, mientras que los conservadores seguirían siendo cinco.

Las pegas contra Conde-Pumpido se basan en que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el propio Pumpido se apartó en su día de todos los asuntos relacionados con el 'procés', tras ser recusado por los condenados y procesados en rebeldía por el Tribunal Supremo. No obstante, fuentes del alto tribunal descartan que eso incluya la amnistía, dada la relevancia de la ley, y ser la primera que se promulga desde la transición, lo que hace que haya precedente alguno en la corte de garantías.

Conde-Pumpido se apartó mucho antes de los autos de diciembre de 2021 con el que su antecesor en la Presidencia, Pedro González Trevijano, zanjó las recusaciones: al reconocer que la propia idiosincrasia del Constitucional hace que sus miembros accedan a él con un pasado, con resoluciones y artículos previos y hasta con una carga ideológica reconocida, lo que impide que ello les pueda privar de pronunciarse sobre los asuntos de mayor entidad.

Macías y los autos de 2021

El siguiente capítulo de las recusaciones se verá previsiblemente en las próximas semanas, cuando está previsto que se estudie la admisión a trámite de los recursos del PP y los de Aragón, Cantabria, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. La ponencia del primero, cuya admisión se estudiará ya en el pleno del 24, ha recaído en el recién incorporado José María Macías, quien ha llegado al órgano de garantías directamente desde el ala más dura del sector conservador del último Consejo General del Poder Judicial. Y el de Cantabria, a Campo, que si es apartado de la cuestión de inconstitucionalidad, también tendrá que se reemplazado en esta ponencia por coherencia.

Macías fue uno de los impulsores del informe que el órgano de gobierno de los jueces realizó sobre la proposición de ley de amnistía, un trabajo que no era obligado porque el Consejo únicamente tiene que informar de forma preceptiva sobre anteproyectos de ley. El documento era especialmente duro con el proyecto del PSOE y sus socios señalando expresamente que vulneraba la separación de poderes y el principio de igualdad. Pese a ello, desde el entorno del nuevo magistrado se asegura que éste no tiene la más mínima intención de abstenerse en este asunto.

La clave sobre la que pivota la no abstención tanto de Macías como de los magistrados que han sido recusados por partidos contrarios a la amnistía se encuentra en los autos de 2021 que sirvieron para rechazar las recusaciones presentadas por los líderes independentistas catalanes contra los magistrados del sector conservador Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. El argumento utilizado para dar portazo entonces a estas recusaciones se basó en la legitimidad de origen de los miembros del órgano, elegidos por los tres poderes del Estado. 

Se vetó expresamente que puedan apreciarse dudas de imparcialidad "por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular". Tampoco serviría para apartar magistrados que se pueda justificar cualquier petición en el mismo sentido con base en las manifestaciones vertidas por los magistrados "en publicaciones académicas o en artículos de opinión" antes de haber adquirido tal condición. 

Incidir en la composición del tribunal

De prosperar las recusaciones solicitadas en los recursos de inconstitucionalidad se perdería la actual mayoría progresista en el órgano, ya que la salida del presidente, del exministro de Justicia y de la catedrática Díez dejaría un Pleno de un total de nueve magistrados. Se contaría con quorum suficiente, pero la composición sería de cuatro magistrados de sensibilidad progresista, más cercana a los intereses del Gobierno, frente al cinco del grupo que ahora integran los pertenecientes al sector conservador en el caso de que el Macías continuara formando parte de las deliberaciones. 

El caso menos dudoso parece ser, en todo caso, el de Laura Díez, ya que si bien es cierto que trabajó como asesora en Moncloa, nunca realizó ningún trabajo que tuviera que ver con una ley de amnistía. Sí participó en análisis sobre la cuota de enseñanza del castellano en las escuelas catalanas, pero por esa razón cuando entró en enero de 2023 se apartó de todos los recursos que tuvieran que ver con dicho asunto. Por eso fuentes del órgano la consideran totalmente amparada en lo señalado en los autos de 2021, si bien las cercanas a Macías también sitúan al conservador en la misma posición.