Estos son los 'mails' secretos de Hacienda que pueden tumbar la sentencia de la caja 'b' del PP: "Si se aplican gastos no hay delito"

"De momento, ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos)". El 12 de marzo de 2015 Felipe Martínez Rico, por entonces jefe de gabinete del ministro Cristóbal Montoro, informaba de este modo a su superior de las posibilidades de respuesta que Hacienda barajaba trasladar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz durante la instrucción del caso Bárcenas. Se investigaban las obras pagadas en 'b' en la sede del PP, en la madrileña calle Génova, y se optó por informar que esta formación, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal.

Los correos enviados a la dirección de correo del entonces ministro de Hacienda y los intercambiados previamente entre los responsables de la Agencia Tributaria y los inspectores a los que correspondía contestar al juez Ruz, publicados por este diario en exclusiva el pasado mes de abril, fueron aportados a la causa penal que investiga un juez de Tarragona sobre las actividades presuntamente irregulares de la consultora Equipo Económico, que el Montoro fundó en 2006. 

Ahora, casi tres años después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Bárcenas y al partido hoy comandado por Alberto Núñez Feijóo como responsable civil subsidiario en más de un millón de euros, estos documentos pueden ser claves para la resolución final del caso, aún pendiente de sentencia firme que está pendiente de dictar el Tribunal Supremo.

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La posibilidad de dar un vuelco al caso Bárcenas ha sido propiciada por la acusación que ejercen las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno, que entienden que el contenido de estos correos afecta al corazón de la causa y vician de nulidad la sentencia dictada en octubre del 2021, hasta el punto de ser necesario que otro tribunal los tenga en cuenta para volver a celebrar juicio y dictar una nueva resolución. Por ello han reclamado al alto tribunal que pida los correos y valore esta posibilidad.

Los 'mails' secretos

El auto en el que el instructor del caso Bárcenas ordenaba a Hacienda analizar los gastos en las obras de la sede de Génova se dictó el 10 de marzo de 2015 y la información al ministro se realiza tan solo dos días después, evidenciando que se ha tenido un acceso indebido por parte de la cúpula de Hacienda a los documentos elaborados por el auxilio judicial.

Así, Martínez rico remitió un email al ministro con las alternativas que creían tener respecto a la posible implicación del PP en el caso: "Si se quiere dar contenido en la respuesta al juez, el plazo vence el domingo, (pero se podría solicitar una prórroga, y se contestaría la semana que viene); si se quiere plantear un conflicto de jurisdicción, el plazo vence el lunes". 

Martínez Rico también avisaba al ministro de que, “de momento, ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez (hay cuota de delito, por importe de 220.000), y lo que quiere responder la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ONIF (conflicto)".

En otras comunicaciones, con copia al secretario general técnico, David Mellado, y el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se comunican a Montoro las opciones que tenía Hacienda para exonerar a la formación conservadora: "Si se aplicaban gastos no hay delito, si no se aplican gastos delito", se señalaba expresamente en uno de los mensajes. Y finalmente se adoptó la segunda propuesta.

En ese momento, la cúpula de Hacienda sabía que la investigación judicial había detectado “más de 1 millón de entradas al Partido y 1,6 millones de salidas o pagos desde el Partido”. Y estos altos cargos alertaron al “ministro” de que “el juez estaba valorando un primer escrito de Hacienda y que podría solicitar otra vez el cálculo de la cuota”, según detallan las comunicaciones que obran en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona.

Información privilegiada

Montoro tuvo en todo momento conocimiento puntual de la instrucción de la Audiencia Nacional, puesto que incluso antes de la petición de Ruz había sido informado por su asesor mediante un mensaje con un archivo adjunto denominado "Documento Fiscalía" de que contaban con una "comunicación del fiscal al juez Ruz".

Tan solo un día más tarde los altos cargos del Ministerio informaban a Montoro de que “ya había llegado el auto del juez”. En él Ruz calificaba de "infundado”, “erróneo” e “improcedente” el criterio inicial de la Inspectora jefe de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, al mismo tiempo que lamentaba su negativa a contabilizar el dinero que debía pagar el PP partía de “un deficiente entendimiento” de lo que era la labor de auxilio judicial.

Dudas de los funcionarios

Las comunicaciones reflejan las dudas de los funcionarios públicos a la hora de obviar un posicionamiento previo de la Dirección General de Tributos que obligaría a informar en el primer sentido --que el PP habría cometido delito fiscal--, así como cierto nerviosismo ante la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional conociera la existencia de este criterio vinculante, que era contrario a las respuestas que estaba recibiendo. "Solo espero que el juez no nos pregunte específicamente o nos pida aclaración", llega a señalar director general de Tributos, Diego Martín Abril, a uno de los inspectores en un mensaje remitido el 21 de marzo de 2015.

El tema vuelve a inquietar a los inspectores meses más tarde, tras la publicación el 21 de marzo de 2015 en el diario Expansión de una información con este titular: "Tributos establece una doctrina contraria a Montoro: el PP no es como Cáritas". "Horror", comenta García-Rozado al poner al día de esta publicación al director general de Tributos, Diego Martín-Abril.

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En un momento dado de ese mismo día, el inspector Montero concluye: "Como alguien quiera tirar de ese hilo, respecto del que todavía no se ha escrito nada, la cuestión puede ser aún peor". Seguidamente, recuerda a su superior que en el auto del juez por el que se pedía por segunda vez el informe se invocaba una sentencia de la Audiencia Nacional "que decía, al parecer, lo mismo que la Dirección General de Tributos".

"Lo tenía el partido"

Otro correo cuya copia obra en poder del juez de Tarragona evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que esta formación política no estaba personada en la causa.

En concreto, el 21 enero 2015 el entonces jefe de gabinete del Ministerio, Felipe Martínez Rico, le envió a Montoro un correo que incluía un informe que había elaborado en 2014 la Intervención General del Estado (IGAE): "Es al que te habían hecho referencia (disponía de él el Partido y nos lo ha facilitado)", dice de forma literal el email. En esa fecha, el juez Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no había sido considerada responsable civil subsidiaria por pagar con dinero opaco las obras de su sede madrileña.