La imposición de Escrivá aleja al PP de la renovación de los órganos pendientes

El Consejo General del Poder Judicial fue la excepción. El acuerdo tardó mucho en llegar, pero se cerró antes del verano e incluso la elección de la presidenta, la magistrada Isabel Perelló, por parte de los vocales ha generado satisfacción tanto en Gobierno como en el PP. Pero si en algún momento pudo parecer que aquel pacto abría la puerta a un nuevo clima de entendimiento, parece difícil que vaya a ser así. La imposición de José Luis Escrivá, hasta ahora ministro de Transformación Digital, como gobernador del Banco de España -indigerible para los conservadores, que insisten en mantener la independencia de los órganos institucionales y especialmente lo pedían en este caso- ha vuelto a romper los puentes.

Las conversaciones han transcurrido sobre todo entre el ministro Félix Bolaños por parte del Gobierno y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Y aunque ha habido periodos de menor fluidez, la interlocución ha sido constante. En algunos momentos los populares daban por hecho que la situación se podía reconducir y que el Gobierno propondría algún nombre alternativo. Antes del verano el PP trasladó con total rotundidad que Escrivá no podía ocupar la gobernación del organismo que fiscaliza las políticas públicas en España. 

Su trayectoria y su cualificación, reconocían en Génova, no estaban en duda. Pero su paso por el Gobierno hacía impensable que pudiera ocupar ese puesto. A la vuelta del parón estival las esperanzas ya eran muy escasas. En el PP aseguran que “la decisión era del presidente” y no tenía vuelta atrás. “Son lentejas”, insistía un alto cargo de los conservadores.

Sánchez pide que el "esfuerzo" de Escrivá sea "aplaudido, reconocido y recompensado"

En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo aseguran incluso que se trata de “una respuesta” al pacto judicial para enviar un mensaje de que la cercanía al PP fue absolutamente puntual. Y que tras aquel acuerdo -que los populares venden como un exito- “tocaba una especie de vendetta”. Para los conservadores, el presidente “continúa con la colonización institucional” y eso, advierten, aleja las posibilidades de seguir pactando los órganos pendientes. "La desconfianza después de este movimiento es absoluta", zanjan.

El Banco de España era la prioridad y de ese pacto “colgaban el resto”, según los conservadores. El hecho de que se haya roto la tradición de pactar dos nombres -el subgobernador lo había designado el PP, pero han decidido no hacerlo- pone en duda que puedan llegar el resto de acuerdos. Y no son pocos. Aún sigue pendiente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Junta Electoral Central (JEC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o RTVE.

Los barones del PP hacen un frente contra Sánchez pero evitan concretar su propuesta de financiación

En el caso de la CNMV (que actúa como árbitro de los mercados bursátiles) el mandato caduca en diciembre y en la CNMV hay varias vacantes que necesitan ser cubiertas. El Tribunal de Cuentas es otro de los órganos que más disputas está generando a nivel interno, puesto que la elección de la nueva presidencia depende de sus propios integrantes.

Enfrentamiento por la financiación

El pacto judicial era muy distinto al resto. Además de los cinco años de mandato caducado y la situación crítica del Tribunal Supremo y otras instancias (en total más de 100 vacantes por cubrir tras la reforma que impedía al CGPJ en funciones hacer nombramientos), se sumaba a la presión enorme de la propia judicatura hacia los partidos. Sobre todo, hacia el PP. El Gobierno exigía su renovación casi a diario culpando a los conservadores de "poner excusas", pero el PP respondía que era imposible llegar a un acuerdo en plena aprobación de la ley de amnistía y el ataque a los jueces desde el Consejo de Ministros.

Las conversaciones estuvieron un tiempo estancadas y solo se reanudaron después del ciclo electoral de los primeros meses del año, y en un secretismo absoluto. La discreción, como reconocían después los negociadores, permitió encapsular el pacto y sacarlo adelante. A pesar de las enormes reticencias que implicaba un pacto tan importante con Sánchez, en el PP la oposición al acuerdo fue casi mínima. En comunidades tan opuestas a acordar con el Gobierno como la madrileña aseguraban que “se había cerrado un buen acuerdo”.

Sánchez congela la Conferencia de Presidentes ante la imposibilidad de controlar los debates

Pero todo lo demás está en el aire. Como a nivel político nada hace pensar que vaya a ser posible un acuerdo sobre el modelo de financiación, también caducado desde 2014 -el último se aprobó en 2009- y que tantos quebraderos de cabeza provoca para muchas comunidades. La mayoría insiste en que debe renovarse a pesar de que no parten de puntos nada cercanos en algunos casos.

El pacto fiscal entre PSC y ERC se ha cruzado en medio y ha dado un vuelco al tablero. El Gobierno sigue diciendo que otras autonomías podrán acogerse a la financiación singular y Sánchez se reunirá uno a uno con todos los presidentes. El PP, por su parte, considera que el Ejecutivo busca “blanquear” su pacto con los independentistas y que tras su ofrecimiento bilateral lo que hay es un recorte de la autonomía fiscal para, entre otras cosas, exigir a los populares que dejen de bajar impuestos.

Incluso aunque el acuerdo entre socialistas y republicanos se terminara concretando, éste tendría que pasar por el Congreso de los Diputados, donde en este momento no hay apoyos suficientes. Por otro lado, nada parece indicar que puedan existir posibilidades de abrir el melón del sistema de financiación. Los acuerdos y el entendimiento, otra vez al congelador.