El Parlament valida un suplemento de crédito al presupuesto de 142 millones extra para sanidad

El pleno del Parlament ha validado este jueves el decreto ley 8/2024, el último aprobado por el Govern de Pere Aragonès, para conceder un suplemento de crédito de 142 millones a los presupuestos en vigor -que son los de 2023, prorrogados- para reforzar el ámbito de la sanidad. El mismo decreto incrementa la cuantía para 2024 de las pensiones reconocidas al personal eventual e interino de la Generalitat anterior a 1939, en el porcentaje establecido en el sistema de la Seguridad Social. El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de PSC-Units, Junts y ERC; la abstención de PPC, los Comuns, la CUP y Aliança Catalana; y la oposición de Vox. 

El paso dado por el Parlament supone aportar a los presupuestos de 2023 un suplemento de crédito, es decir, mayores recursos disponibles "para hacer frente a aquellas necesidades urgentes que no se pueden obviar desde el Govern", explicó la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. Aunque desde un primer momento ya contemplaba que el proyecto de presupuestos del Ejecutivo de Aragonés serían la guía principal para las próximas cuentas catalanas, el nuevo Govern está ajustando ingresos y gastos en la medida de lo posible.

Suplemento de crédito frente a crédito extraordinario

El hecho de haber elegido la figura del suplemento de crédito frente a un crédito extraordinario no supone un cambio relevante en materia presupuestaria. Desde un punto de vista técnico, el crédito extraordinario suponía una modificación de presupuesto para la realización de un gasto específico y que no se había contemplado en las cuentas. La fórmula elegida por el equipo económico del Governo no supone más que una modificación del presupuesto ante la previsión de que los gastos previstos en el próximo ejercicio sean previsiblemente mayores, sin que haya tiempo para elaborar un ingreso equivalente que equilibre formalmente las cuentas. No es que el presupuesto de partida no asignase las partidas presupuestarias de manera correcta, pero la previsión de que sean mayores en su conjunto aconseja la asignación global de más recursos. En el caso de que se contemplase una aplicación especial no contemplada, el Govern hubiese impulsado un crédito extraordinario.

La posición de los grupos parlamentarios

La posición en la votación de los grupos parlamentarios apunta a cómo será el terreno para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en los próximos meses. Jordi Fàbrega (Junts) ha afirmado que "el problema" es que se presupuestan entre 12.000 y 13.000 millones de euros para salud y se gastan 15.000 o 16.000, y ha apuntado que los catalanes pagan "cada año 60.000 millones en impuestos pero 22.000 son el déficit fiscal en España", dinero que, ha criticado, no se puede invertir en Catalunya. El mantra del déficit sigue planteándose en el marco de los partidos de la derecha, mientras que Illa ya avanzado que desde una cierta prudencia, cualquier toma de decisiones partirá del convencimiento de que la política económica debe ser expansiva ante la previsión de que Catalunya dispondrá de más recursos para gasto público durante esta legislatura, y que el gasto se destinará a garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio de salud a pesar de la situación de prórroga y mejorar la equidad territorial, según explicó el diputado del PSC Jordi Riba.

El republicano Juli Fernàndez ha destacado que, debido al déficit fiscal, Catalunya no puede disponer de todos los recursos que generan los catalanes (los presupuestos son los diseñados por ERC) y ha asegurado que en ERC estarán "vigilantes para que los recursos estén al servicio" de los catalanes y que sirvan para mejorar los servicios públicos.

Desde el PP, la diputada Míriam Casanova ha dicho que ve bien destinar más recursos públicos para mejorar la calidad de la sanidad catalana pero cree que "no está justificado en el decreto que estos gastos propuestos sean realmente urgentes" como para que no se puedan presupuestar para 2025.

La diputada Maria Elisa García (Vox) ha expresado no estar de acuerdo con este suplemento de crédito a los Presupuestos de la Generalitat en el ámbito de la salud porque cree el PSC está "utilizando las agencias públicas como agencia de colocación y se reparten el pastel entre todos los fieles con carnet".

El diputado David Cid (Comuns) ve necesario aprobar el decreto para garantizar una atención médica de calidad; lamenta que se siga priorizando, según él, la atención hospitalaria por delante de la primaria; y cree que el Siscat "está llegando a una situación límite y es un pozo oscuro de recursos públicos".

La 'cupaire' Laia Estrada ha asegurado que el decreto "favorece el hospitalocentrismo y la transferencia de recursos públicos a manos privadas" y ha criticado a las fundaciones privadas médicas y cree que la solución es una sanidad que sea completamente pública.

Por último, la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha señalado que la solución "no es hacer suplementos de crédito, sino restituir el Estado catalán, parar la inmigración ilegal y garantizar que no entre nadie sin seguro médico ni contrato previo de trabajo".