Las 6 carpetas pendientes del Parlament: de la comparecencia de Illa a la convención nacional de ERC

La pausa que se dio el Parlament, después de un verano ajetreado y con todo el foco encima, terminará esta próxima semana. El martes tendrá lugar la primera reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del curso político y se convocará un pleno para finales de semana, previsiblemente el jueves, para crear las comisiones legislativas, tal y como obliga el reglamento. Será también el primer pleno de la legislatura, que empieza con varios asuntos encima de la mesa.

Comparencia de Illa

Más allá de la activación de las comisiones legislativas -la Mesa debe decidir previamente cuántas se crean y sobre qué temas-, esta primera sesión deberá acoger la comparecencia del president Salvador Illa para dar explicaciones sobre la composición de su ejecutivo, como requiere la ley de presidencia. Una vez nombrados todos los consellers y el 'sottogoverno', Illa razonará la estructura diseñada y dará cuenta de sus prioridades.

Junts, siguiendo su estrategia de oposición dura, también ha pedido la comparecencia de la consellera portavoz Sílvia Paneque, para que dé explicaciones sobre el nombramiento de su pareja como jefe de gabinete, aunque ya ha renunciado al cargo. Deberá votarse en comisión.

Convención nacional

El pacto firmado entre el PSC y ERC incluye la creación de una convención nacional con todas las fuerzas parlamentarias catalanas para tratar de resolver el conflicto político, una suerte de mesa de partidos catalanes como la que defendía el PSC, pero presidida por un dirigente republicano. Según consta en el texto, debería ponerse en marcha en el primer pleno de la legislatura, aunque no está previsto que sea aún en esta sesión.

No hay muchas concreciones sobre cómo debe ser este espacio, más allá de que debe "promover un debate político, social y ciudadano sobre como abordar la resolución del conflicto político" y que tendrá que presentar "sus conclusiones en el Parlament". También el Govern se compromete a dotarla de una oficina.

Debate de política general

El grueso político llegará con el debate de política general, previsto para finales de septiembre. Se trata de una especie de evaluación del Govern y de la solidez de sus acuerdos en la Cámara, que muchas veces marca el curso político. En 2022, Junts pidió por sorpresa a Aragonès una cuestión de confianza, un episodio que acabó con el cese del vicepresidente Jordi Puigneró y la ruptura del Govern.

En esta ocasión, el debate servirá para ver qué rol adoptan ERC y Comuns después de la investidura y para valorar el comportamiento de la oposición, especialmente de Junts, que en la legislatura anterior había encontrado sintonía con el PSC en temas sectoriales. También se hará patente la desaparición de la mayoría independentista.

Los discursos de odio

Pero más allá de los temas urgentes, el Parlament sigue con varias carpetas encalladas. Antes de las vacaciones se dejó lista la reforma del reglamento del Parlament para regularizar el voto telemático de los diputados en el extranjero, pero quedó fuera la cuestión de los discursos de odio y sus posibles sanciones. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP se comprometieron a abordar la cuestión durante la firma del compromiso para aislar a Vox y Aliança Catalana.

También el presidente del Parlament, Josep Rull, anunció que la Mesa "explora mecanismos de trabajo" para limitar los discursos de la extrema derecha. Rull quiere que sean analizados por la comisión del Estatut del Diputat, el organismo que tiene la potestad de proponer sanciones, aunque la decisión final es de la Mesa. El presidente reconoció que la frontera con la libertad de expresión es fina, pero prometió que la vulneración de los "derechos y la dignidad humana" no quedará impune.

La regularización de las dietas

Hay otras cuestiones, como la regularización de las dietas, que siguen sin atisbo de acuerdo. Hasta ahora se han incorporado hasta cuatro mensualidades dentro del salario base, pero queda pendiente un ajuste global. Se trata de indemnizaciones por desplazamiento que cobran todos los parlamentarios, que oscilan entre los 17 y los 24.000 euros anuales en función del lugar de residencia, y que se cobran aunque no se hagan viajes porque actúan como complemento salarial. A la práctica, que pasen a ser parte del salario base implica que tributen y, por consiguiente, que el sueldo neto que perciban los diputados se reduzca.

La ampliación del Parlament

Finalmente, la otra gran carpeta pendiente es la ampliación del Parlament, que ha quedado pequeño ante el aumento de su actividad. Tras una década en un cajón, la cuestión se empezó a reactivar hace un año, pero no ha sido hasta ahora que el presidente de la Cámara y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han acordado crear un grupo de trabajo para ponerse manos a la obra. Durante las últimas dos décadas se ha duplicado el número de funcionarios y se han creado varios nuevos departamentos -informática, comunicación y audiovisual-. También se necesitan más salas y despachos porque han aumentado los grupos parlamentarios -hay ocho- y han crecido las visitas, con más de 56.000 asistentes en 2023.

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