La derecha se resiste a una presidencia neutral del Poder Judicial tras nueve años de control férreo, por Ernesto Ekaizer

Durante ocho años, la afición 'pelotárica' de Madrid gozó de una instalación que desde su inauguración en 1893 era conocida como el Frontón de las Salesas o Euskal Jai, situada en el número 8 de la madrileña calle del marqués de la Ensenada, a espaldas del antiguo teatro-circo Príncipe Alfonso. La ventaja de este frontón de invierno sobre otra de las aficiones, la taurina, por ejemplo, es que estaba cubierta por una techumbre de cristales “por lo que los partidos de pelota”, rezaba un anuncio, “tendrán sobre las corridas de toros la inestimable ventaja de ser compatibles con toda clase de inclemencias atmosféricas”. En 1901, tras ser la pelota vasca deporte olímpico (París, 1900), se utilizaron los dos grandes muros del frontón para levantar un nuevo teatro en Madrid, el Teatro Lírico, cuya sala, según crónicas de la época, “excedía en dos metros y medio a la del Teatro Real”. En 1920 un incendió acabó con él. Fue edificio de viviendas, sede del Liceo Francés y del Ministerio de Trabajo y finalmente el cuartel, por así decir, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), inaugurado por el rey Juan Carlos en septiembre de 1990. 

Quién podía vaticinar que al menos en los últimos seis años, entre noviembre de 2018 y septiembre de 2024, el Poder Judicial iba a metamorfosearse con los antecedentes de esta vieja instalación finisecular del XIX, entre el deporte de la pelota vasca, y el local de espectáculos que más tarde fue, para ofrecer un espectáculo de nueva creación. Y sí. El espectáculo de la justicia española no ha terminado con la flamante renovación de aquellos que fueron nombrados por cinco años a primeros de diciembre de 2013 y duraron -se dice pronto- hasta finales de julio de 2024.

El epicentro de dicho espectáculo, el acto final, por así decir, es la incapacidad de los nuevos 20 vocales para llegar a un consenso razonable y elegir a su presidenta el 2 de septiembre, que debería esperar al rey Felipe VI en la plaza de la Villa de París e ingresar juntos en el Tribunal Supremo el 5 de septiembre para presidir el acto oficial de apertura del año judicial. 

Tanto si lo sabían los vocales como si no, al entrar 22 de agosto pasado la ley de paridad entre hombres y mujeres, el Pleno tiene que cumplir la ley, que exige una proporción del 40%/60%. Son ahora 8 vocales mujeres y 12 vocales hombres. Se observa, justito, pues, la ley.  Pero hay que elegir al miembro número 21: la persona que presidirá el Poder Judicial. Y si no es mujer, ya deja de cumplirse la ley de paridad, porque serían 13 vocales hombres y 8 vocales mujeres.

El control del PP

La derecha española, vamos, el Partido Popular, ha ejercido desde diciembre de 2013 un control a rajatabla del Poder Judicial a través de la presidencia de Carlos Lesmes, elegido por cinco años a primeros de diciembre de 2013, a propuesta del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se suponía que, con un cambio en la mayoría legislativa, Lesmes iba a dar paso, en noviembre de 2018, tras ejercer como el Zar en una cantidad incontable de nombramientos de jueces y magistrados, entre 2013 y 2021 -cuando un CGPJ en funciones o interino ya no pudo seguir haciendo esas designaciones- a una presidencia más cercana a lo que suele llamarse el sector progresista, en coherencia con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, a partir de junio de 2018.

Cuando llegó el momento, en noviembre de 2018, el PSOE y el PP acordaron la renovación de los vocales y también pactaron, a propuesta del exministro Rafael Catalá, en nombre de Casado, que el nuevo CGPJ designase presidente a un magistrado del Tribunal Supremo. Se trataba de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, la sala de lo Penal. Pero dicho acuerdo fue dinamitado. 

Poco después, las negociaciones entre Pablo Casado y Pedro Sánchez se reanudaron y ambos comentaron que una personalidad más neutral, una mujer, debería convertirse en la primera presidenta del CGPJ. El nombre de la magistrada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, se puso sobre la mesa. No había objeciones. ¿Cómo podría haberlas? No había sido candidata de ninguno de los dos partidos, aunque cuatro vocales progresistas, desoyendo al PSOE, votaron por la magistrada Pilar Teso contra un compañero suyo, es decir, Carlos Lesmes, en diciembre de 2013.

Sí, la pregunta es pertinente, ¿cómo podría haber objeciones? No estaba asociada a ningún grupo ni corriente de magistrados. Y ha tenido un exquisito comportamiento profesional. Nadie en el sector conservador ni en el sector progresista era capaz de poner alguna pega a su trayectoria.

El perfil de Pilar Teso

Pilar Teso Gamella (1960) llegó al Tribunal Supremo en 2008, tras ingresar en la carrera judicial en 1985 y se especializó en lo contencioso-administrativo desde 1989. Ocupó destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y Madrid. Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en el juzgado de lo Social número 2 de Cáceres (1988-1989), en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997), en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008) antes de su nombramiento como magistrada del alto tribunal.

Pero la pega ahora es que la ha propuesto el llamado sector progresista. Pero aun cuando sea en efecto una de las tres propuestas de dicho sector, tratándose de una personalidad neutral como la de Teso, ¿no ha llegado el momento después del dominio del poder de nombramientos, de que hizo gran exhibición Carlos Lesmes y su comisión permanente, de aceptar? Es decir: si los progresistas proponen a Teso, pues que sea Teso… Ya que no hay objeciones a su estilo, ideología y trayectoria profesional. Porque es que no la hay.

Hay quien sigue sosteniendo que la oposición a Teso es más cosa de los vocales afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que forman parte del nuevo CGP, por un lado, y de lo que se llama el sindicato mediático-judicial, por el otro, que cosa del Partido Popular, cuyos dirigentes acogieron en su día con naturalidad la posibilidad de nombrar a Teso presidenta. No es fácil de creer que, en todo caso, hay una división objetiva del trabajo.

Uno de esos vocales, consultado por EL PERIÓDICO, trata de reducir la tensión. “En las últimas semanas se han intensificado las conversaciones. Yo creo que llegaremos”, dijo este miércoles 28 de agosto, aunque sin aclarar si se refiere a Pilar Teso o a otra magistrada.

Las vacantes

Una vez acometido el último acto, el de la presidencia, el CGPJ tiene que proceder a realizar 98 vacantes sin cubrir en la cúpula judicial: Tribunales Superiores de Justicia (38 vacantes, de las cuales 7 son de presidentes) audiencias provinciales (la mitad de ellas sin presidente), Tribunal Supremo (30% de bajas, más una veintena de vacantes). En el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal tiene 14 de los 15 magistrados que debería de tener; la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 22 de los 33 que le corresponden; la de lo Social tiene 6 de los 13 que fija la ley; y la de lo Militar cuenta con 5 de los 8 magistrados previstos. Y aunque la Sala Penal está razonablemente dotada, el CGPJ deberá abocarse a elegir a su presidente. El segundo mandato del magistrado Manuel Marchena (nombrado en noviembre de 2014 por vez primera y renovado en noviembre de 2019) vence el 3 de noviembre próximo. 

Fuentes conocedoras de su trayectoria y del ánimo con que ha seguido las negociaciones señalan que “al día siguiente del 3 de noviembre dejará de ejercer la presidencia. No estará en funciones ni un solo día”. Marchena no oculta, según las fuentes consultadas, su especial preocupación por el desenlace de la renovación de los vocales y la elección para ocupar la presidencia. “Le parece que, si esto no se soluciona rápido, con voluntad compartida de que todas las vacantes se cubran de forma proporcional entre las distintas asociaciones y sensibilidades, España se enfrentará a una crisis constitucional de primer orden. Teme que el CGPJ se convierta en un órgano agónico necesitado de una reforma constitucional”, confió la fuente a este diario.

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