Las entidades memorialistas reclaman al Govern de Illa que mantenga el equipo del Memorial Democràtic

Uno de los cambios de nomenclatura en el nuevo Govern de Salvador Illa es el de la conselleria que asume el exdirigente de Unió y ahora secretario general de Units per Avançar Ramon Espadaler, que pasa de llamarse Justícia, Drets i Memòria a Justícia i Qualitat Democràtica. Pero más allá de esa modificación, las entidades memorialistas se han puesto en guardia, preocupadas por el hecho de las políticas de memoria impulsadas en la pasada legislatura se mantengan y no sufran un retroceso. Es por eso que han enviado una carta al Govern, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, para reclamar que se mantenga el mismo equipo y proyecto del Memorial Democràtic que ha ejercido durante el mandato de la ya exconsellera Gemma Ubasart; al menos hasta que el Parlament apruebe la nueva ley de memoria, una de las que se quedó en el tintero al convocarse las elecciones.

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Las principales organizaciones que velan por la memoria democrática en Catalunya -hasta ahora un total de 34- firman la misiva, en la que aseguran que con la anterior consellera y el director del Memorial, Jordi Font, "se ha intensificado la relación con las entidades memorialistas y se han hecho avances en las políticas públicas de memoria" que piden que tengan continuidad. Fuentes de la conselleria de Espadaler responden que justo están aterrizando y que irán analizando "ámbito por ámbito" el departamento, pero que, en todo caso, "no se tomará ninguna decisión sin haber escuchado antes a los diferentes responsables y asociaciones y entidades concernidas".

Una institución sometida a vaivenes

En estos momentos, el Govern de Illa está en plena confección del 'sottogoverno', en el que los socialistas valoran que puedan quedarse algunos cargos sin afiliación política. Font accedió al cargo de la mano de Ubasart, independiente en el Govern de ERC. Relanzar el Memorial Democràtic y blindarlo de los vaivenes a los que ha estado sometido en sus diecisiete años de existencia en función del gobierno de turno fue uno de los propósitos del anterior Executiu. La trayectoria de esta institución creada en el año 2007, durante el tripartit, ha sido convulsa. Fue minorizada con los recortes bajo el mandato de Artur Mas -del que Espadaler fue conseller, pero al frente de Interior-, y ha sufrido cambios de liderazgo, de ubicación física y de 'conselleria' de referencia, ya que durante este tiempo ha dependido de Interior, de Relacions Institucionals, de Exteriors y, finalmente, de Justícia.

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"Cada vez que hay un cambio de Govern, lo paga el Memorial, y así es imposible planificar y hacer un trabajo ordenado y serio. Las políticas de memoria no pueden estar sujetas a esta inestabilidad perpetua a nivel de programación, recursos y personas", asegura Carles Vallejo, presidente del Consell de Participació del Memorial Democràtic y de la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. La carta de las entidades se dirige también al presidente del Parlament, Josep Rull, para pedir a los grupos que sea la primera ley que se discuta y apruebe en este mandato, puesto que su tramitación estaba muy avanzada y contaba con el apoyo de todos los grupos, a excepción de PP, Vox y Aliança Catalana.

Esta ley incluye que el Memorial sea la institución que gestione todas las políticas de memoria, entre ellas que esta materia se incluya en los currículums educativos en la enseñanza obligatoria y postobligatoria, y en el articulado se especifica que a la dirección del órgano se acceda a través de concurso público y dependa del Parlament. Pero en la transición hasta que se apruebe la norma y opere el nuevo modo de elección, lo que pidan las entidades es que el actual equipo se mantenga.

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"Esperamos que se entienda que las políticas de memoria son una parte importante de la calidad democrática. Se tiene que estar a la altura ante los riesgos que supone la extrema derecha", pide Vallejo apelando al nombre actual de la conselleria -Justícia i Qualitat Democràtica-, además de defender que debería crearse una secretaría general de memoria. La previsión del anterior Govern era que el Memorial Democràtic se traslade el año que viene de forma definitiva a un edificio de 1.300 metros cuadrados de propiedad -el de la ubicación actual en el Raval es de alquiler- en la calle Ciutat número 13, muy cerca del Palau de la Generalitat, y dotarlo de más recursos y personal.

La misión de esta institución es la recuperación, conmemoración y el fomento de la memoria democrática de Catalunya entre los años 1931 y 1980, periodo que comprende la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición. Rememorar la lucha franquista y dignificar a las víctimas con el objetivo de que la barbarie no vuelva a repetirse forma parte de su espíritu fundacional.

Otra de las carpetas candentes que hereda Espadaler en materia de memoria es la petición de las entidades memorialistas de que la prefectura de la Policía Nacional en Barcelona se transforme en un espacio de memoria. El Govern de Pere Aragonès, así como Ada Colau cuando era alcaldesa, pusieron su empeño en ello; pero hasta ahora ha sido rechazado por el ministerio de Interior, pese a la aprobación de la nueva ley de memoria estatal.

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