El Gobierno exigirá a Mazón adaptar la ley de Concordia al criterio de la ONU para evitar los tribunales

El Gobierno de España está ultimando el envío de la notificación oficial con la que invitará a la Generalitat a sentarse a negociar cambios en la ley de Concordia, el paso previo previsto en la ley para evitar el recurso de inconstitucionalidad, que Moncloa ha venido avisando que interpondrá si el Gobierno valenciano no da marcha atrás en la redacción de la polémica norma pactada por PP y Vox. Según confirman fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la comunicación será remitida al Consell de Carlos Mazón "en las próximas semanas".

Se activará en ese momento el protocolo previsto en el artículo 33.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que contempla la creación de una comisión bilateral de cooperación para evitar que casos como este, en los que el Ejecutivo central entiende que una ley autonómica contraviene la Carta Magna, acabe en los tribunales. Recientemente el Consell aceptó modificar por esta misma vía su ley de Presupuestos de 2024 por chocar con la reforma laboral. Pero el conflicto ahora tiene menos componente técnico y más político, por lo que el consenso no se antoja tan sencillo.

Ya con la carta oficial sobre la mesa, el president dispondrá hasta finales de octubre para decidir si acepta la invitación al diálogo o si opta por la confrontación directa y envía el proceso directo a los tribunales, donde también batalla ahora mismo con el Gobierno por varios frentes: l'Albufera, la ley de Amnistía y la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte de Pedro Sánchez. Las dos últimas, en coordinación con Génvoa y las autonomías del PP.

Recientemente el homólogo de Mazón en Aragón, el también popular Jorge Azcón, se negó a negociar con el ministerio la derogación de la ley de memoria del anterior Ejecutivo, ahora suspendida cautelarmente por el Constitucional. En sentido opuesto, Extremadura ha renunciado a la aprobación de otra ley similar a la valenciana tras la salida de Vox del gobierno de María Guardiola, mientras Castilla y León la ha dejado en el aire.

La negociación puede llegar a abril

La fecha tope para que el jefe del Consell responda viene marcada por la propia ley del Constitucional, que fija el plazo en tres meses desde la publicación de la norma en cuestión en el boletín autonómico. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la recogió el pasado 29 de julio, 18 días después de su aprobación en las Corts, por lo que el límite es el 29 de octubre.

En función de esa decisión se abrirán entonces diferentes escenarios. Si se abre a negociar cambios, como ha dado a entender el propio Mazón en las últimas semanas, se activaría el foro de cooperación con perfiles técnicos de ambas administraciones, donde se buscaría el entendimiento con un plazo máximo de seis meses desde la respuesta oficial de la Generalitat. Si el president apura los tiempos, el diálogo se puede ir hasta abril de 2025.

Y si hay acuerdo, el Gobierno desistirá del procedimiento legal y el Consell deberá remitir la ley, con sus modificaciones, de vuelta a las Corts, que tendría que volver a respaldarla. Habría que ver con qué mayorías. Y si no se alcanza el consenso, será el Constitucional quien decida.

PP y Vox rechazan incluir una "condena expresa" al franquismo en su ley de Concordia en la Comunidad Valenciana

El informe de la ONU, la línea roja

El ministerio de Ángel Víctor Torres confirma que en esa negociación pedirá al Consell ceñirse al criterio de los relatores de la ONU, que en su informe sobre la ley valenciana reprocharon a PP y Vox que "desvirtúa" el «reconocimiento y la atención necesarios» a las víctimas del franquismo y la guerra civil al "asimilar las graves violaciones de derechos humanos" cometidas en estas etapas con "un grupo heterogéneo de crímenes". También cuestiona que otorgue "el mismo régimen de protección" a estas víctimas que a las del terrorismo islámico o etarra.

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