Llarena, listo para dictar prisión sin fianza a Puigdemont, por Ernesto Ekaizer

ESTRAGON: Delicioso lugar. Vayámonos

VLADIMIR: No podemos.

ESTRAGON: ¿Por qué?

VLADIMIR: Esperamos a Godot

ESTRAGON: Es cierto. ¿Estás seguro de que es aquí?

VLADIMIR: ¿Qué?

ESTRAGON: Donde hay que esperar.

VLADIMIR: Dijo debajo de un árbol. (Miran el árbol) ¿Ves algún otro?

ESTRAGON: ¿Qué es?

VLADIMIR: Parece un sauce llorón

ESTRAGON: ¿Y si no viene?

VLADIMIR: Volveremos mañana.

ESTRAGON: Y pasado mañana. Hasta que venga

VLADIMIR: Eres implacable

Esperando a Godot, Tragicomedia en dos actos Samuel Beckett, circa 1949)

¡Qué salto espectacular en los comentarios a medida que pasan las horas! Ahora la “usina política”, por así decir, discurre por acertar si Carles Puigdemont ya ha llegado a Barcelona y si conseguirá entrar en el Parlament antes de que los Mossos procedan a su detención, según la orden vigente desde el 1 de julio cursada por el juez Pablo Llarena. En la Sala Segunda del Supremo no parecen haber montado una sala especial de seguimiento de la película del retorno porque, en rigor, según fuentes fiables, ya saben desde hace varias semanas que Puigdemont retornaba y qué era lo que se debía hacer.

El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, autor del auto por el que se deniega la aplicación de la amnistía al delito de malversación, ya está en su patria querida, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, adonde llegó el martes pasado, día 6 de agosto, después de pasar unos días en Cantabria. A su vez, Pablo Llarena, que disfruta junto con su esposa, la magistrada Gema Espinosa, de casa en Das, en la provincia de Girona, cenó, el miércoles 7, en Puigcerdà, en la Cerdanya.

Marchena ya se ha cogido las vacaciones en el mes inhábil de agosto y no volverá a su despacho de la plaza de la Villa de París, según ha confirmado EL PERIÓDICO, hasta primeros de septiembre.

Da toda la impresión por las averiguaciones de este periódico en diversas fuentes del Tribunal Supremo que la hoja de ruta está trazada desde hace tiempo, al menos desde hace un par de semanas, en las que el Supremo comenzó a tener en cuenta que la vuelta de Puigdemont no era un farol más en la partida de póquer, Ponsatí dixit.

Llarena no estima que el regreso de Puigdemont y su arresto tengan que “desarmar” a la justicia sobre el peligro de fuga. Fuentes del Supremo indican, además que Puigdemont tiene residencia abierta en el extranjero – Waterloo y Vallespir, en el Roselló francés más fronterizo con España – y que, por tanto, su presencia en territorio español puede ser un subterfugio.

A partir de esas fuentes, este periódico aprecia que el juez Llarena ya tiene una decisión preliminar adoptada. Llarena declaró en rebeldía a Puigdemont en julio de 2018, y suspendió la causa contra él (y otros imputados), para continuarla en una pieza separada.

Al arresto de Puigdemont -reactivado el pasado 1 de julio- seguirá su declaración indagatoria y tras ella, consultadas las partes vía artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez tendrá que definir si acepta la petición de prisión incondicional sin fianza ya anunciada por la acusación popular de Vox. Una posición que será contrarrestada por la Fiscalía del Supremo, partidaria de aplicar la amnistía, y la Abogacía del Estado, también en dicha posición.

La decisión de prisión sin fianza que parece orientado a adoptar el juez Llarena será, lógicamente, recurrible, tanto en reforma como en recurso subsidiario de apelación. Pero agosto es inhábil para todos los ciudadanos. Y lo será para Puigdemont. Por otra parte, el magistrado Marchena, que deberá proveer a la Sala de Recursos esa apelación, no reanudará su actividad, según se ha apuntado, hasta septiembre.

También durante septiembre se resolverían los recursos -de reforma y de apelación- que Puigdemont ha presentado hace ya casi un mes contra la decisión de Llarena de no aplicarle la amnistía.

Solo a partir del agotamiento de esa vía, la defensa de Puigdemont podrá acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo, solicitando medidas cautelarísimas -que decreten su libertad inmediata en caso de estar en la cárcel-, una medida muy difícil de conseguir según la jurisprudencia del TC (el argumento es que los magistrados no adoptan medidas urgentes que puedan predeterminar el fallo de fondo, a saber, si Puigdemont tiene derecho o no a la amnistía, cuestionada también vía recurso de inconstitucionalidad por el Supremo).

Si el arresto primero y el ingreso del expresident y diputado del Parlament en prisión provisional durante todo el mes de agosto hasta que empiecen a jugar los recursos ya apuntados, parecerían convertirse en realidad en las próximas horas, la otra duda es si el expresident será arrestado antes de entrar al Parlament, si logrará entrar con anterioridad o si, en rigor, el juez Llarena ha dado orden de que no se detenga hasta después de la votación de la investidura de Salvador Illa.

“No me extrañaría nada que Puigdemont ya esté en Barcelona y consiga entrar en el Palau del Parlament. Es una intuición. El MHP intentará votar en la investidura mirando a la cara de cada diputado de ERC. Tampoco me resultaría inverosímil que el juez Llarena diera órdenes a los Mossos para que se estén tranquilos hasta después de la votación”, dijo una fuente de Junts este miércoles a EL PERIÓDICO.

En ERC todavía resulta difícil comprender la naturaleza de la decisión de retornar.

“Seguramente el president Puigdemont debe tener motivos para pensar que ahora es mejor momento que otros pero a efectos prácticos es difícil entender que el sacrificio que supone la detención e ingreso en prisión sea más útil que en otro momento, o incluso que seguir luchando y litigando hasta conseguir volver como un home lliure tal y como él mismo dijo en alguna ocasión”, señala un cargo de ERC.

¿Otra mano de póquer?

O más bien: la detención e ingreso en prisión -si no se consigue arruinar la investidura de Illa- como una inversión a corto plazo (hasta un año se considera inversión de corto plazo), que Puigdemont realiza y de la que saldrá, finalmente, del laberinto judicial.

Vía amnistía decretada por el Tribunal Constitucional. Ya sea en respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda (desórdenes públicos) y al recurso de amparo que presentará Puigdemont.

O indulto si la Sala II del Supremo lo sienta en el banquillo y lo condena por el delito de malversación en un juicio que según conviene a las partes, y especialmente al imputado, podría ser muy rápido.

“No podía eludir por coherencia este retorno. Podía haber vuelto antes, sí. Pero ya se ha preparado para ello, y el momento era ahora”, enfatiza la fuente de Junts.

Con todo, en el ámbito judicial esta presunta inversión de Puigdemont no se aprecia como realista.

“Podrá fastidiar al PSC y a ERC, pero es muy difícil que consiga dañarles seriamente. Y si consiguiese su objetivo, lo que ya es mucho decir, solo le haría el trabajo sucio al Partido Popular. Es decir: tiene muchos boletos para perder y muy pocos para ganar. Pero si gana el premio gordo sería lograr un Gobierno del PP y acabaría de nuevo en la cárcel o en Bruselas. Es lo que tiene jugar a cuanto peor, mejor”, razonó la fuente judicial consultada. "Forzar un espectáculo cuando ha trabajado por la ley de amnistía y cabe esperar cómo se dirimen los recursos parece un acto desesperado", añadió.

Si la noche del 25 de octubre al 26 de octubre y la mañana del 26 de octubre la competencia enfermiza entre Puigdemont y Oriol Junqueras fue el gran factor humano que impidió la convocatoria de elecciones autonómicas no es menos cierto que el pacto ERC-PSC - la tentación de acabar con los republicanos- también lo es en la decisión de este retorno.

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