El Gobierno volverá a llevar al Congreso el objetivo de estabilidad tras el verano en un nuevo test de estrés con Junts

"Aspiramos a presentarlos en septiembre u octubre y aprobarlos en este segundo semestre del año". Pedro Sánchez dejó claros sus planes sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 la semana pasada, en su comparecencia de fin de curso. El presidente marcó el camino de las próximas cuentas apenas unos días después de que Junts hiciera trastabillar los planes iniciales del Gobierno, al tumbar en el Congreso los objetivos de estabilidad financiera y la senda de déficit, el primer paso para sacar el proyecto presupuestario. Pero después de aquel revés inicial, el Gobierno ya piensa en sus próximos movimientos, y en el Ministerio de Hacienda confirman que volverán a llevar el techo de gasto al Congreso, donde aspiran a que, esta vez sí, los posconvergentes den su visto bueno. Un nuevo intento que deberá llevarse a cabo a la vuelta del verano para cumplir con los plazos fijados por Sánchez aunque, en último término, el éxito o fracaso de su empresa volverá a depender de Carles Puigdemont. El Ejecutivo se enfrentará así a un nuevo test de estrés con Junts, cuyo éxito o fracaso marcará de una forma u otra el devenir de la legislatura.

La Ley de Estabilidad presupuestaria establece que, en caso de rechazarse los objetivos de estabilidad en las Cortes, el Gobierno deberá "en el plazo máximo de un mes" volver a enviarlos al Congreso para que vuelvan a someterse a votación. El próximo Consejo de Ministros está previsto para el martes 27 de agosto, cuando se habrá cumplido algo más de un mes desde que Junts, junto a PP, Vox y UPN, lo hiciera decaer el pasado 24 de julio, aunque en Hacienda señalan que en otras ocasiones este periodo se ha dilatado algo más de lo dispuesto en la ley. El objetivo es que, una vez que vuelva a remitirse al Congreso, los posconvergentes presten su apoyo y faciliten la tramitación de las nuevas cuentas que, llegado el punto, serán objeto de una ardua negociación entre el Gobierno y sus socios para tener opciones de salir adelante.

El Ejecutivo es consciente de la importancia de aprobar unos Presupuestos para 2025, que serían los primeros Presupuestos de esta legislatura, después de que Sánchez renunciase a presentar las cuentas de este año a raíz del adelanto de elecciones en Cataluña, y ante la imposibilidad de arrancar el apoyo de los independentistas en mitad de un proceso electoral. Las cuentas de 2025 se convierten en la piedra de toque de una legislatura marcada por la enorme dificultad para lograr mayorías, y en la que el Gobierno ha mostrado su extrema debilidad parlamentaria, habiendo aprobado sólo siete decretos y cuatro leyes orgánicas en la Cámara Baja.

La tesis de Moncloa

No han pasado ni dos semanas desde que Junts echara por tierra, sin previo aviso y por sorpresa, el primer intento para dar luz verde a su plan de endeudamiento para los próximos tres años, que contemplaba un 2,5% de déficit para 2025, un 2,1% para 2026 y un 1,8% para 2027. En el departamento de María Jesús Montero se esforzaron en minimizar la derrota y evitar responsabilizar de ningún modo al partido independentista.

Daban por hecho en el Gobierno que las negociaciones que entonces se llevaban a cabo para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat habían llevado a Junts a endurecer sus posiciones frente al Gobierno para tratar de marcar distancias y alimentar su relato en Cataluña. Una vez conformado el Gobierno catalán y superadas las tensiones entre los partidos independentistas, asumían que sería más fácil lograr el necesario 'sí' de Junts -no es suficiente con la abstención- para dar el primer paso hacia los Presupuestos.

Pero los próximos días y el desarrollo de los acontecimientos en torno a la investidura de Illa pueden volver a complicar la aritmética parlamentaria del Gobierno, que sigue dependiendo de Junts para formar mayorías. La insistencia de Carles Puigdemont sobre su intención de acudir a la sesión de investidura abre un escenario incierto. Lo que parece un intento para presionar a ERC tras firmar un acuerdo de investidura podría, de cumplirse, tener serios efectos colaterales. De cumplir su advertencia y volver a España, donde pesa una orden de detención en su contra, el expresident catalán y líder moral de los posconvergentes se arriesga a ser detenido y, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, el rumbo del partido podría cambiar drásticamente y alejarse aún más de los derroteros diseñados por Moncloa.

Ofensiva de Junts

En los últimos días la ofensiva de Junts también se ha endurecido contra los socialistas, con el 'factor Puigdemont' como palanca, después de que el Tribunal Supremo haya considerado que la amnistía no es aplicable al delito de malversación que se le imputa. "La pregunta es: ¿qué hará Salvador Illa si en su debate de investidura el president Puigdemont es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?", se preguntaba este lunes la presidenta del partido, Laura Borràs, en una entrevista en Catalunya Radio, donde también descartó que el presidente del Parlament catalán, Josep Rull, también de Junts, no permitiría que se detuviese al expresident fugado durante la sesión parlamentaria ni en las dependencias del Parlament.

Borrás también defendió que Puigdemont "no se dejará detener" puesto que "no reconoce la capacidad de los jueces españoles para detenerlo". Pero lo cierto es que, en caso de que Puigdemont fuera finalmente arrestado y se decretase sobre él prisión provisional, se complicaría extremadamente las opciones de que su partido votase en favor del Gobierno central, al que reprochan su incapacidad para controlar el resto de poderes del Estado. La detención de Puigdemont, según Borrás, sería "la confirmación de que el poder judicial actúa al margen del poder legislativo".

Lo que ocurra en Cataluña impactará de lleno en la agenda de Moncloa. A falta de convocatoria oficial, la sesión de investidura en el Parlament estaba prevista para este jueves, y mientras la tensión sigue escalando en territorio catalán, aún está por ver el desenlace de los acontecimientos y sus efectos en el Gobierno central. La investidura de Illa y la vuelta del socialismo a la Generalitat se interpreta entre los socialistas como un gran éxito, tras haberse sobrepuesto a las tesis independentistas en Cataluña. Sin embargo, el cómo se lleve a cabo y el balance general de resultados marcará también el futuro de Pedro Sánchez en el palacio presidencial.