La Comunidad Valenciana denuncia que el concierto catalán es un "golpe de Estado fiscal"

Poco se sabe hasta ahora del concierto económico para Catalunya pactado entre el Gobierno y ERC para investir a Salvador Illa president del Govern. Del acuerdo no ha trascendido la letra pequeña y toda la información viene del lado republicano, que asegura que Cataluña saldrá del régimen común del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y gestionará todos sus impuestos a largo plazo, empezando por el IRPF en 2026.

Pero el Consell no necesita conocer los detalles para sacar sus primeras conclusiones: supone la ruptura definitiva de la igualdad entre españoles y agrava los problemas financieros de territorios como el valenciano, ya de por sí infrafinanciado y que ahora vería cómo una de las comunidades más ricas deja de aportar al fondo común. En concreto, los primeros cálculos del Consell apuntan a que la "independencia fiscal" de Cataluña dejaría al Estado sin 50.000 millones de euros.

El Ejecutivo valenciano ha convocado este martes una improvisada rueda de prensa para valorar el "infame" pacto, en la que han comparecido los dos máximos responsables en financiación autonómica: la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el secretario autonómico Eusebio Monzó.

La también portavoz ha evidenciado su desconfianza hacia el acuerdo, que supone "la quiebra total de los principios de igualdad y de solidaridad interterritorial", así como conceder a los independentistas "un paso más" hacia la independencia de Cataluña. Un "golpe de Estado fiscal que revienta la Constitución" y que está "bendecido por Pedro Sánchez" a cambio de "sillones".

El Consell entiende que, ante las palabras de ERC sobre el alcance del pacto y el "silencio" del PSOE, Cataluña pasará a "gestionar, recaudar y liquidar" sus impuestos, lo que supone un "cupo de facto" com el vasco. Una posibilidad que "perjudicaría más" a los valencianos al detraer fondos de la caja común de financiación.

Traducido en cifras, Cataluña gestionaría la totalidad los cerca de 52.000 millones que recauda ahora en IRPF, IVA e impuestos especiales y anualmente negociaría con Moncloa el pago al Estado. Ese es el agujero que el Consell denuncia que le produciría al Estado, si bien solo la mitad pasa por el modelo de financiación, unos 26.000 millones de euros. Un estudio de Fedea también mencionaba esta cifra como la que se detraería del sistema de reparto.

Merino ha asegurado que el Consell está "convencido" de que este pacto es "inconstitucional" y ha adelantado que la Generalitat acudirá a los tribunales si se confirma el "atentado" contra los intereses de los valencianos y que podría la "puntilla" a unos servicios públicos para los que ya llegan recursos insuficientes desde el Estado.

¿Dónde está Morant?

La Generalitat ya ha contactado con algunas autonomías tras conocer el concierto fiscal y según Merino hay sintonía independientemente del color político, ha señalado mencionando a García Page. En ese sentido, ha recordado que esa unidad territorial contra la singularidad catalana ya quedó patente en el útlimo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades salvo Catalunya votaron en contra. Incluido el Gobierno, ha incidido la consellera.

Merino ha llamado al PSOE "auténtico" a "alzar la voz" contra este acuerdo y ha puesto el foco sobre el PSPV, en concreto sobre su líder Diana Morant. "¿Dónde está Diana Morant?" se ha preguntado antes de criticar que la federación valenciana haya estado "aplaudiendo la singularidad" que ofrecía Sánchez a ERC.