Gestión del Aeropuerto y freno al Hard Rock: todos los detalles del pacto ERC-PSC más allá del concierto económico

Tras la fumata blanca llega el momento del negro sobre blanco, el que será escudriñado por la militancia de ERC para su veredicto definitivo el viernes. Republicanos y socialistas han hecho público el escrito del preacuerdo que han alcanzado a cambio de la investidura de Salvador Illa. Un documento en el que especifican su vocación de "rehacer la confianza entre el independentismo de izquierdas y el federalismo de izquierdas" y que tiene como eje troncal un nuevo modelo de financiación -que ERC define como "concierto económico solidario"- que supone un terremoto en términos políticos, pero también técnicos, y que pretenden concretar durante el primer semestre de 2025.

ERC y PSC pactan el concierto económico catalán para investir a Illa

Pero más allá de esta carpeta de alto calibre, ambas partes han sellado consensos significativos para la agenda del nuevo Govern, especialmente en materia de infraestructuras. Se desincentivan proyectos como el del Hard Rock, que marcó la caída de la pasada legislatura, y se recoge la vocación de contar con un nuevo modelo de gestión del Aeropuerto de El Prat en el que la Generalitat pueda participar de la toma de decisiones.

El documento fija el primer semestre de 2025 como plazo para que se formalice el nuevo modelo de financiación vía comisión bilateral entre Estado y Generalitat, así como que se recaudará el 100% del IRPF en 2026. Pero no se determina en cuántos años la Agencia Tributaria de Catalunya acabará siendo quien "gestione, recaude, liquide e inspeccione" todos los impuestos que pagan los catalanes, a excepción de los de carácter local. Tampoco queda claro cómo se calculará la aportación al Estado por los servicios prestados, que se establecerá "a través de un porcentaje de participación en los tributos". Y sobre la cuota de solidaridad, la única referencia que se hace es que tiene que estar "limitada" por el cumplimiento del principio de ordinalidad. Se plantea también la creación de un consorcio para monitorizar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya, que siempre se quedan en bajos porcentajes.

La palabra "ampliación" del aeropuerto de El Prat se evita, aunque se mantiene la comisión técnica para explorar un modelo que le permita "ganar capacidad" con nuevas conexiones intercontinentales. También se explicita el compromiso para que la Generalitat participe en la gestión de la infraestructura ejerciendo un rol de "actor determinante" en la toma de decisiones. Para ello, se crearán dos órganos: el Consell Rector Aeroportuari de Catalunya y la Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Ese nuevo modelo debe ceñirse a la reducción de emisiones y el "respeto a la biodiversidad".

El primer punto del acuerdo reconoce la necesidad de alcanzar acuerdos para resolver el conflicto político que sean "refrendados por la ciudadanía". A partir de este diagnóstico, que recoge también la esencia del acuerdo de claridad impulsado en solitario por el Govern de Aragonès, ambas formaciones se comprometen a impulsar en el primer pleno del Parlament tras la constitución del nuevo Govern la convención nacional para la resolución del conflicto. Estará presidida por ERC y se creará una oficina específica en el ejecutivo para supervisar sus trabajos. Se trata, al fin y al cabo, de una mesa de partidos catalanes como la que planteaba el PSC con participación de los grupos parlamentarios, aunque con los republicanos al mando y dándole amparo gubernamental.

Esta es una de las tostadas que PSC y ERC le comen a los Comuns. No es que se haya rechazado el proyecto del Hard Rock, que formó, por cierto, parte del acuerdo para los presupuestos de 2023 de Aragonès e Illa. Pero sí que se apuesta ahora por la modificación de la ley del Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou para recuperar que el tipo impositivo de los casinos sea del 55% y no del 10% actual. Se trata de un cambio que podría desincentivar a los impulsores del complejo y que precisamente propusieron los Comuns la pasada legislatura, que acabó abruptamente con el adelanto electoral tras el 'no' a los presupuestos anunciado por Jéssica Albiach a tenor, precisamente, del Hard Rock.

Aunque el PSC abogaba por que la promoción del catalán dependiera de Presiència, como en la época del tripartit, finalmente Illa accede a la petición de ERC de crear una conselleria específica de Política Lingüística. También a impulsar durante los 100 primeros días del nuevo Govern el Pacte Nacional per la Llengua con una dotación de 200 millones. Especial hincapié hace el preacuerdo en mantener la vehicularidad del catalán en la escuela, así como extenderla también a las actividades extraescolares. El texto hace referencia a garantizar la atención en catalán en ámbitos como el sanitario y el comercial y también a garantizar el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas con una oficina específica para la materia.

Para lograr que Illa sea presidente, el PSC ha transigido a la hora de mantener departamentos que han sido buque insignia del Govern de Pere Aragonès, como por ejemplo la conselleria de Feminismes, que se creó en 2021. Tampoco desmontarán los socialistas la de Acció Exterior, que en su día criticaron y que ahora mantendrán. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que forma parte del pacto no escrito el mantenimiento de algunos cargos del actual 'sottogoverno'.

Otro de los caballos de batalla de ERC ha sido que el nuevo Govern no rompiera con políticas que los republicanos consideran que tiene su sello, como el objetivo de la gratuidad de la educación infantil 0-3 y el adelanto del inicio del curso escolar. En materia de vivienda, se comprometen a la regulación de los alquileres de temporada -decreto de Aragonès que se tumbó con el 'no' de Junts y la abstención del PSC-, en materia fiscal, a no tocar ni sucesiones ni patrimonio y a aplicar la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a los 35.000 euros. En cultura se acuerda garantizar que se destina el 2% del presupuesto de 2025. Se mantiene también la oficina de la renta básica universal, a la que se habían opuesto hasta ahora los socialistas.

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