Migración

El Estado podría condenar a Canarias a ser una Lampedusa para menores migrantes

Clavijo busca en Madrid un acuerdo ‘in extremis’ entre Sánchez y Feijóo para sacar el decreto del reparto de niños en el Consejo de Ministros del martes

Migrantes que llegaron el miércoles 24 de julio a Gran Canaria.

Migrantes que llegaron el miércoles 24 de julio a Gran Canaria. / EP

Flora Marimón

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El presidente de Gobierno regional, Fernando Clavijo, busca un acuerdo in extremis para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros un decreto ley para el reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de los menores migrantes que tutela en solitario Canarias, porque, en caso contrario, será condenar a las Islas a convertirse en una Lampedusa para los niños y niñas que llegan a las costas canarias en pateras y cayucos.

Al respecto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido en estos días que la vía del decreto es "imposible", pues, en su opinión, sería "la crónica de una muerte anunciada", ya que el PP mostró el martes pasado en el Congreso que no va aceptar la distribución obligatoria de menores y este decreto debe ser convalidado en 30 días en la Cámara baja. Pese a ello, Clavijo se desplazó a Madrid, y el lunes, en principio, solo tiene previstas reuniones con oenegés, pero ya ha manifestado por activa y por pasiva que está a disposición del Gobierno de Pedro Sánchez y del PP para buscar soluciones a la distribución de menores migrantes. Aún hay tiempo, remarca.

Fracaso de la reforma de la ley de extranjería

Tras el fracaso de la proposición de ley en el Congreso el pasado martes, con el voto en contra del PP, Junts y Vox a la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, para obligar a las regiones a acoger a una parte de menores que cuida el Archipiélago –cerca de 5.600–, el Gobierno canario mantiene la esperanza de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido de Alberto Núñez Feijóo entren en razón, se olviden de los "intereses políticos" y se sienten a negociar como adultos, "no a través de WhatsApp". 

Por tanto, reclama que busquen un acuerdo como lo hicieron con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ), porque en este caso se trata de niños y niñas, y de sus derechos que pueden verse conculcados si el Estado, las comunidades autónomas y Europa no auxilian a Canarias. 

Unidad en Canarias

Pese a las divergencias políticas tan abultadas en Madrid, Canarias ha querido dar una imagen de unidad ante todas las comunidades autónomas, ante el drama humanitario que viven las Islas. El pasado viernes se produjo una reunión urgente del Pacto Canario por la Migración, pedido por NC y el PSOE, entre el Gobierno y los portavoces políticos del Parlamento canario, salvo Vox, tras la fallida reforma de la ley de extranjería en el Congreso.

Fue un debate tenso, pero tanto el Ejecutivo regional como los grupos políticos dieron al final un mensaje de unidad, al menos en Canarias, sobre la necesidad imperiosa de que las Islas deben recibir ayuda, y los representantes de los grandes partidos, PSOE y PP, salieron con el mandato de buscar acuerdos. 

También el pasado 8 de julio, el Ejecutivo canario, 16 oenegés, todos los cabildos, los 88 ayuntamientos y los grupos parlamentarios reclamaron un acuerdo de forma inminente para la distribución de los menores, con el objetivo de dar un trato digno a los niños y niñas que llegan a Canarias en cayucos o pateras. 

Muelle de Arguineguín, el de la 'vergüenza'

¿Qué pasará si no se aprueba el decreto ley el martes o si se demora más la distribución de menores? Clavijo ya ha advertido que "Canarias no puede más", carece de recursos y de profesionales para atender a los niños y niñas que ya se encuentran en las Islas y los que puedan llegar. El Archipiélago está asfixiado y pide agua por señas. Este año, se han abierto 50 nuevos recursos, con lo que ya son 80 los centros que albergan a menores, y han tenido que instalar carpas en Puerto Naos, en Lanzarote, ante la carencia de medios. 

Canarias no quiere "volver a ser noticia por un muelle de la vergüenza o porque se están vulnerando los derechos de los niños o incumpliendo los tratados internacionales", no ha cesado de repetir Clavijo en todos lados estos días, tras acudir a la fallida toma en consideración de la ley de extranjería en el Congreso. Se refería a esa imagen nefasta del muelle de Arguineguín, el de la vergüenza, donde a partir del 20 de agosto de 2020, durante 101 días y con un sol de justicia, alguien decidió retener allí al primer grupo de migrantes y llegaron a hacinarse más de 2.600 personas en ese pequeño espacio portuario de Gran Canaria, lo que produjo la indignación internacional.

Pero en este caso es, si cabe, aún peor: se trata de niños y niñas. Por eso, el presidente canario ya avisa a la UE y a España, en un desafío institucional sin precedentes, que si no toman cartas en el asunto con celeridad, con el repunte de la migración por la mar en calma en los meses de septiembre, octubre y noviembre van a llegar muchos más menores, y van a tener que usar esos recintos móviles que no garantizan un acogimiento en condiciones de los niños y niñas. 

Una solución, los campamentos, que según las oenegés supone aplicar el modelo que tanto sufrimiento ha causado en la isla griega de Lesbos o en la italiana de Lampedusa, recintos donde prácticamente es imposible respetar los derechos humanos de los menores, porque no se les puede garantizar un trato digno como merecen los pequeños, y "Canarias no quiere ser cómplice". Pero no cabrá otra salida, avisa Clavijo. 

Tragedia en Lampedusa

En la retina quedan imágenes de caos, indignación y dolor en Lampedusa por la masiva llegada de migrantes, como está ocurriendo en Canarias. En septiembre arribaron 7.000 migrantes en 48 horas, un número superior al total de la población residente de la isla italiana, de 20 kilómetros cuadrados y con un recinto con capacidad para 400 personas. El trato y el incumplimiento de los derechos humanos, al igual que en Lesbos, ha sido la constante.

En Lampedusa se recuerda la tragedia de octubre de 2013, de un pesquero varado en el mar, a escasos metros de tierra firme y segura, donde se apelotonaban cerca de 500 mujeres, hombres, niñas y niños. En su mayoría habían huido de Eritrea antes de embarcarse en una peligrosa travesía para escapar de Libia. 

Durante la noche del 3 de octubre de 2013, el viejo barco volcó y se hundió cuando se acercaba a la costa. Entre las víctimas había mujeres y menores, muchos de los cuales quedaron atrapados en el casco. 155 personas sobrevivieron. 

Muertes en la ruta canaria

Y siguen muriendo personas que solo buscan un futuro mejor. No solo en esas costas sino en la ruta canaria, la más peligrosa de la inmigración. De hecho, 4.800 migrantes perdieron la vida desde enero a mayo del año en curso intentando llegar a España en pateras o cayucos por la ruta atlántica, lo que equivale a casi 32 muertes al día o una cada 45 minutos, según las cifras que recopila el colectivo Caminando Fronteras a través de las familias. 

Cuando en 2020, en plena pandemia, se dieron a conocer las condiciones que se estaban viviendo en el muelle de Arguineguín, donde también había menores, ya Ana Oramas, diputada entonces de CC en el Congreso, recriminó al Gobierno que dejaba tirada a Canarias y creaba "una nueva Lampedusa". Ahora es Fernando Clavijo el que se desgañita para avisar que las Islas van a tener problemas serios. 

Los migrantes mayores son competencia del Estado y la Delegación del Gobierno los está trasladando a la Península, pero los menores se quedan en Canarias, porque son niños a los que tutela la Comunidad a la que llegan. 

Culpables

Clavijo culpa al Ejecutivo de España, al PSOE, de no poner toda la carne en el asador para buscar acuerdos con el Partido Popular, y lo que intenta es romper el Gobierno de CC y PP en Canarias. Pero también afea a los populares –aunque sean sus socios de Gobierno– ya no solo que no apoyaran la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, sino que no se abstuvieran.

No obstante, matiza, que la política migratoria es cuestión del Gobierno central, y recrimina al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y líder del PSOE en las Islas, que no se haya sentado a negociar con el PP un acuerdo, sino que solo lo ha hecho a través de mensajes de WhatsApp, como si fueran "niños", censura. Es decir, no ha habido un voluntad real de negociar y, de hecho, recuerda que pidió retirar el debate de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso para ganar tiempo y buscar más consenso y el PSOE se negó. Parecía que solo querían mostrar que el PP estaba alineado con Vox sin pensar en el grave problema que tiene Canarias. 

Conferencia de Presidentes

Torres contestó rápidamente a Clavijo e informó que se ha producido un trasvase de documentos con Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, en los que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar sugerencias como la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que ya se va a celebrar en septiembre, o que Cataluña va a tener que acoger a migrantes como el resto de regiones. 

Sobre la financiación a las comunidades autónomas que alberguen a menores migrantes demandada por el PP, aseguró que estará garantizada, pero los populares piden una ficha financiera clara. Y en relación a la declaración nacional de emergencia migratoria, tampoco sería un problema, pero para ello estaba el trámite parlamentario si el PP hubiera aceptado admitir en el Congreso la reforma de la ley de extranjería, dijo Torres. 

El ministro tiene claro que el culpable es el PP que ha imposibilitado que se tramite en la Cámara baja el reparto por ley de menores migrantes, y su voto es esencial porque muchas comunidades están gobernadas por este partido. Además achacó a Clavijo que se comprometió a convencer a su socio en el Gobierno canario (PP) para que apoyara la tramitación en el Congreso y no lo logró. El presidente canario respondió que la declaración de la emergencia migratoria la debe aprobar el Consejo de Ministros y la ficha financiera para las comunidades, el Ministerio de Hacienda, por tanto, son cuestiones que exceden a sus capacidades.

"No se puede tirar la toalla"

A juicio de Clavijo, en cualquier caso, "no se puede tirar la toalla", aunque se declaró "triste" por la "falta de voluntad" política, que también se evidencia en el hecho de que el gabinete que preside Pedro Sánchez no quiere una reforma por la vía rápida del decreto ley porque, a nivel nacional "prima más el encontronazo que el encuentro y piensan que el problema es de Canarias, y está lejos". Todo ello, sin menoscabo de la escasa altura de miras mostrada por el PP, que lejos de alinearse con el interés general y ser generoso con el drama que afronta Canarias, apostó por infligir una derrota a Sánchez. 

Por su parte, el ministro canario tampoco da nada "por perdido" y seguirá buscando fórmulas para afrontar la emergencia migratoria. El Plan B del Ejecutivo de Sánchez de dar más financiación a las Islas no parece una buena solución para el Gobierno canario.

Ante todo este jaleo, Clavijo va mochila en mano a Madrid para, en principio, reunirse este lunes con oenegés, como Unicef, Save the Children, Acnur, Cruz Roja, Cruz Blanca o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero, en realidad, con su presencia espera presionar para que el Gobierno central y el PP se sienten a negociar y acuerden el decreto ley para el reparto de menores el martes en el Consejo de Ministros, que luego se puede debatir con calma y convertir en un proyecto de ley en el Congreso.

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