Génova reconoce "tensiones" con Coalición Canaria por la crisis migratoria y el cortejo de Torres

El fracaso para reformar la Ley de Extranjería que el Congreso vivió el martes por la incapacidad de llegar a un acuerdo entre Gobierno y PP -Junts, en el fondo, nunca estuvo en esa posible ecuación- ha dejado cuentas pendientes. A pesar de que el PP de Canarias se esfuerza por dejar claro que el acuerdo de gobierno con Coalición Canaria no peligra, en Génova no esconden las “tensiones” que ha dejado la crisis, y culpan al PSOE de intentar desestabilizar el ejecutivo de las islas. El Ejecutivo central, por su parte, sigue buscando alternativas a una modificación legal que no tiene apoyos.

En la dirección nacional conservadora siempre han mantenido que el protagonismo del ministro Ángel Víctor Torres -expresidente de Canarias- en toda la negociación solo tenía un objetivo: establecer una complicidad con el actual presidente canario, Fernando Clavijo, y llevarse por delante el gobierno con los populares. 

Un cortejo que justificaría, dicen en la cúpula del PP, el hecho de que haya sido el titular de Política Territorial el que haya llevado las conversaciones, muy por encima de otros ministerios más implicados a priori como el de Migraciones con Elma Saiz a la cabeza o incluso Sira Rego, ministra de Infancia. También reprochan la falta de intervención del Ministerio del Interior dada la dimensión de la crisis, e incluso el de Exteriores, que debería poner en marcha acuerdos con los países de origen de forma paralela y fortalecer las exigencias a nivel europeo.

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Y a pesar de que nada parece estar roto ni en peligro, fuentes de Génova reconocen seguir “en alerta” ante la desconfianza que les produce el acercamiento del PSOE a Coalición Canaria. Reconocen que entre los dos socios de Gobierno ha habido fricciones porque, al final, el PP rechazó la reforma migratoria que defendía el ejecutivo de las islas del que forman parte. La situación fue muy compleja desde el principio para el partido de Feijóo, como quedó demostrado en el episodio de reparto de menores migrantes que terminó en ruptura con Vox en los cinco gobiernos autonómicos.

Pero el rechazo a la admisión a trámite de la proposición de ley -la reforma lo que pretendía era agilizar el reparto de los menores, haciéndolo obligatorio y no voluntario como hasta ahora, cuando Canarias, Ceuta y Melilla sufran un colapso, hacia el resto de comunidades autónomas- no soluciona en absoluto la crisis humanitaria. Sigue pendiente la derivación de unos 6.000 niños y adolescentes que continúan esperando en las islas, cuando está a punto de comenzar el mes de agosto. La previsión es que al terminar el año hayan sido 11.000 los menores que hayan llegado a España de manera irregular. 

Está por ver la ficha que ahora mueve el Ejecutivo, aunque en el PP dan por hecho que deberán trabajar en un real decreto-ley. Torres se negaba a esta fórmula porque consideraba que la inseguridad jurídica es mucho mayor: el Gobierno puede aprobarlo pero a los 30 días debe convalidarse en el Congreso. Coalición Canaria sí lo creía necesario por la urgencia que hay en la medida. Y en el PP siguen convencidos de que si el PSOE “le soluciona la papeleta” a Clavijo el objetivo volverá a ser desestabilizar el gobierno con los populares.

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“El PSOE estaría encantado rompiéndonos un gobierno autonómico”, explican en la dirección nacional. Los cálculos están ahí y, por eso, en Génova también recalcan que el acuerdo al que llegaron con los nacionalistas canarios tras las elecciones de mayo fue más allá del nivel regional: también pactaron los cabildos, igual de importantes en las islas. Advierten así de que socavar el pacto autonómico tendría otras repercusiones.

En las últimas semanas el PP ha sospechado en todo momento que el PSOE jugaba a romper su acuerdo con Coalición Canaria. Los socialistas fueron la fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas, pero los conservadores dieron su apoyo a los nacionalistas para que se hicieran con la presidencia a cambio de formar parte del ejecutivo.

El partido de Feijóo insiste en que siguen abiertos a una reforma de la Ley de Extranjería, pero mantienen intactas sus exigencias mínimas: que haya una Conferencia de Presidentes para abordar un asunto que afecta directamente a las autonomías, que son las que deben gestionar la acogida de menores migrantes, que se declare la emergencia nacional al resto del territorio por si alguna otra comunidad también sufre un colapso y necesita derivación hacia otras autonomías y, sobre todo, que haya una financiación concreta para todos los niños y adolescentes hasta que cumplan la mayoría de edad, con medios del Estado en las comunidades donde no hay ya espacios físicos ni infraestructuras para acogerles.

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Clavijo también ha apoyado alguna de estas reclamaciones, sobre todo la que tiene que ver con que el Gobierno central garantice los recursos necesarios para atender a los menores, teniendo en cuenta que algunas comunidades (Región de Murcia, Comunidad Valenciana o Andalucía) tienen más que sobrepasada su capacidad en los centros de acogida.

La diputada nacionalista canaria, Cristina Valido, llegó a pedir a PSOE y Sumar que retiraran la proposición de ley para seguir negociando durante el debate en el Congreso. El PP se sumó a la iniciativa, pero los grupos del Gobierno siguieron adelante para que toda la Cámara se retratara. Al final PP, Vox y Junts se opusieron a la reforma legal.