El debate de la reforma de la ley de extranjería, tenso y lleno de reproches

Antes de que la votación final del Congreso confirmara el rechazo de la cámara a la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma de la ley de extranjería que pondría en marcha un mecanismo vinculante de distribución de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, los grupos habían protagonizado un debate que advertía claramente de la dificultad para alcanzar algún tipo de acuerdo mínimo. PSOE y PP se cruzaron desde la tribuna todo tipo de reproches y se acusaron mutuamente de ser responsables del bloqueo de la medida, mientras la mayoría del resto de grupos parlamentarios dejaron claro también que el texto propuesto necesitaba de modificaciones para dar su apoyo definitivo.

Con la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de su viceconsejero del área, Francisco Candil, en la tribuna de invitados, con la única inicial del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la bancada azul del Gobierno (la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se incorporaría a lo largo del debate), y con la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la propuesta fue defendida por cuatro diputados de los grupos proponentes, el socialista canario de origen senegalés Luc André Diouf y su compañera de partido María Guijarro, Nahuel González por parte de Sumar, y Cristina Valido en representación de CC.

Todos ellos reclamaron el apoyo de la cámara a la propuesta enfatizando en que se trataba de la toma en consideración como punto de partida para poder negociar a lo largo de la tramitación distintos aspectos del texto. En todo caso, el mensaje central coincidente de los tres grupos proponentes fue la necesidad de buscar una salida a la situación de emergencia que vive Canarias y la de garantizar una atención adecuada a los más de 5.600 niños que ahora tutela la comunidad autónoma, y a los que vayan llegando a partir de ahora en unos próximos meses que se esperan de incremento de llegada de embarcaciones.

Diouf abrió el debate mencionando que la propuesta recogía ya algunas de las reivindicaciones de los grupos, expresadas durante la ronda de contacto de Clavijo y Torres con los portavoces haca algunas semanas, incluidas las del PP. Y que el Gobierno estaba dispuesto a negociar y añadir nuevas condiciones durante la tramitación. También recordando al PP que no se olvidaran que ellos también habían pactado con CC la aprobación de esta medida a cambio del apoyo de esta formación a la frustrada investidura de Feijóo.

Tras reconocer que “la situación que vive Canarias” le afectaba “en lo personal”, y recordar que era un texto pactado por el Gobierno de España y el de Canarias que se llevó a la consideración de las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, acusó al PP de “escudarse en que el Gobierno no les hace caso” para justificar su posición. “Canarias y estos niños y niñas están agotados, no hay más tiempo. ¿Por qué tienen tanto miedo tienen a estos niños?”, preguntaba el diputado señalando al PP, añadiendo que “sabemos que los discursos de odio han incrementado en este país y es a estos datos a los que tenemos que tener miedo, que señalan a estos niños como delincuentes, provocando inseguridad y alarma social”, dijo en referencia a las declaraciones de Feijóo del pasado lunes ante la Junta Directiva del PP. La también socialista María Guijarro, reconoció que la “solución es compleja”, y que nadie podía hacer “dejación de funciones” para buscar una salida a la situación en Canarias. “No existen excusas ni tacticismo político”, recalcó.

Nahuel González, de Sumar, defendió que la propuesta “aborda la necesaria solidaridad entre los territorios para paliar la situación en Canarias” y que no se repita “ni en Canarias ni en ningún otro territorio del país”. Reprochó al PP y Junts su negativa a apoyar la toma en consideración

asegurando que con ello “se han unido con la ultraderecha”. “Este debate no va de quien aguanta más menores, va de derechos humanos y de respetar los derechos del niño”, afirmó.

CC lamenta pasividad

Cristina Valido, por su parte, no pudo evitar por momentos un tono emocional en su llamamiento a la Cámara para que respaldara la toma en consideración de la reforma legal. “Nos toca a nosotros trabajar para dar a una respuesta a uno de los grandes retos. Estamos todos amonestados por pasividad en la brega”, dijo en referencia a la tardanza en que se produjera ese debate y ante la expectativa de una rechazo de la proposición de ley. “No hay más tiempo para afrontar la situación en Canarias. Esta modificación no es para Canarias es para todo el territorio, también el continental”, afirmó antes de lanzar un reproche general a la pasividad de las instituciones y de la clase política ante la situación de los menores migrantes en las Islas. “Mientras no toquen su querida Península y sus municipios, que (los menores) se queden en Canarias, así es como nos sentimos. Los canarios no podemos decir que no los atendemos si el Gobierno no nos garantizan perritas. Pero los atenderemos, los salvaremos, los ayudaremos aunque no tengamos el dinero, porque Canarias responde y hace lo que puede”, enfatizó.

Recordó que se iba a votar la admisión a trámite de la reforma legal y que a partir de ahí “se puede trabajar y construir una política migratoria que responda a la realidad, a las nuevas migraciones”. “Hay que abandonar el cortoplacismo, la rentabilidad política”, dijo antes de apuntar tanto a PSOE como a PP por su incapacidad de negociar para intentar alcanzar un acuerdo. “Tienen ustedes discursos de sobra para desgastarse, no usen a los menores para esto”, resaltó antes de lanzar la propuesta de retirar la proposición de ley si no había acuerdo para darse un tiempo para negociar. “Dejemos sobre la mesa este acuerdo porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. No voy a explicar en Canarias que el Congreso no es capaz de trabajar en materia migratoria, ni de garantizar una fórmula que dé respuesta a los derechos humanos de los menores, que no entiende que el interés superior del menor es una prioridad para los poderes públicos”, remachó.

PP: No al “parche”

La portavoz del PP en materia migratoria, Ana Isabel Alós, lamentó que “hoy no asistamos a un debate sobre política migratoria, sino al debate de un parche”, asegurando que el Gobierno no es que no tenga un ‘plan B’ la reforma legal planteada, “porque lo que no tienen es un plan A”, acusándolo de intentar “despacharlos en media hora” tras haberse negado, según ella, a sentarse a negociar con el PP y con las comunidades autónomas Pretenden despacharlo en media hora. Recordó las cuatro condiciones que reclaman los populares para dar su apoyo a la propuesta, asegurando que sobre ninguna de ellas el ministro Torres había dado garantías: Conferencia de Presidentes, financiación suficiente, declaración de emergencia migratoria en todo el país, y que el Estado se haga cargo de los menores migrantes cuando las comunidades autónomas estén saturadas. A partir de ahí, apoyó la propuesta de Valido de retirar la propuesta para sentarse a negociar y llevar al Congreso una reforma consensuada. En los mismos términos que el PP se pronunció el representante de UPN, Alberto Catalán.

Las miradas estaban puestas también en Junts, el otro grupo, además del PP y Vox, que había anunciado su rechazo a la medida. Su portavoz, Míriam Nogueras, afirmó que “nos oponemos a seguir sobresaturando Cataluña”, y justificó su posición en el hecho de que esa comunidad autónoma estaba negociando con el Gobierno el traspaso de las competencias en materia migratoria. Según ella, esta reforma “no da tranquilidad ni seguridad ni a unos ni a otros”. “Lo más sensato es obligar a las comunidades que siempre se niegan, pero no se hace”, ha dicho Nogueras: “Como le dije al ministro (Ángel Víctor Torres), ¿cómo vamos a aceptar sus decisiones si estamos pidiendo las competencias sobre ello. Estamos negociando las competencias para poder ofrecer las garantías que ahora no se pueden dar, porque las decisiones se toman en Madrid”, recalcó.

Vox sostuvo, a través del diputado canario Alberto Rodríguez, que “el Gobierno no cumple ya la ley de extranjería actual sobre el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen”, ni el acuerdo con Marruecos para favorecer el regreso de los menores a sus entornos familiares. “El Gobierno no tiene ninguna voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley”, señaló. Reprochó al

Ejecutivo de Canarias no haga pública el coste del mantenimiento de los menores migrantes, que según la formación ultraderechista, oscila entre los 3.000 y 6.000 euros al mes por cada una de las acogidas.

Modificaciones

El resto de formaciones sí avanzaron su apoyo a la reforma legal, pero todas advirtieron que necesitaba de modificaciones durante la tramitación y que su apoyo definitivo estaría condicionado a que se admitieran sus enmiendas al respecto. Así lo señaló por ejemplo el representante de ERC, Jordi Salvador, quien indició en que Cataluña tiene una mayor presión de acogida que el resto de comunidades salvo Canarias y reclamaron una “redefinición del concepto de sobreocupación”. “Hay que establecer un sistema transparente, bien financiado y que dé buena respuesta a esta situación de emergencia. Solo será eficiente si el mecanismo es robusto”, defendió el republicano. Por el PNV, Maribel Vaquero, pidió “aclarar aspectos que generan confusión” como a quién le corresponde la guarda y tutela de los menores, que según ella “debería ser el Estado”. Además, la edad del menor “debe ser indubitada antes de la tutela de destino”, sostuvo. El portavoz de Bildu, Jon Iñárritu, dijo que el texto “es mejorable” y señaló que “una vez que se abre el melón de la ley de extranjería hay que resolver otras situaciones, como el cierre de los CIES o acabar con las devoluciones en caliente.

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