Sánchez traslada al juez del caso Begoña Gómez que tiene derecho a declarar por escrito

"Mi declaración se deberá prestar por escrito". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado un escrito al juez que investiga el caso Begoña Gómez, para subrayar que la ley prevé por su condición como jefe del Ejecutivo, su derecho a declarar por escrito. Según el escrito al que ha tenido acceso este diario, y adelantado por Eldiario.es, su pretensión es colaborar con la justicia, después de ser citado a declarar como testigo el próximo martes en La Moncloa, pero "siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la ley que a todos nos vincula y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho".

Es por este motivo que cita el artículo 412.2 de la Lecrim "que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito". Tras ello, subraya en su escrito que "es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de Presidente del Gobierno".

Moncloa se aferra a un recurso a la Audiencia de Madrid para que se archive el caso Begoña Gómez

Tras subrayar que como jefe del Ejecutivo "tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados", remata el escrito trasladando al juez Juan Carlos Peinado que "no tengo duda de que usted compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido por la ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del Presidente del Gobierno".

Pedro Sánchez alude también a que tuvo conocimiento de su citación "a través de los medios de comunicación". Según fuentes de Moncloa, este martes todavía no se había recibido en La Moncloa la citación del juez. Una cuestión no menor, pues los colaboradores del jefe del Ejecutivo cuestionan el margen de tiempo necesario para la declaración en el Palacio de la Moncloa por motivos de seguridad y técnicos, pero también porque se evidenciaría una “falta de garantía procesal”.

En Moncloa explicaban durante las últimas horas que la decisión de Pedro Sánchez sobre declarar o acogerse a su derecho a no hacerlo dependería en primer lugar del efecto de los recursos presentados contra su citación. Tanto de la defensa de su esposa como por parte de la Fiscalía. El escrito de recurso de la Fiscalía considera la citación de "inútil, innecesaria e impertinente, al ser notorio su cargo y que son cónyuges, lo que, según la ley de enjuiciamiento criminal, le permite no declarar".

Tanto desde Ferraz como desde el Gobierno se centran cada vez más en poner en duda las actuaciones del juez, pero sin dejar de lado la pata más política. De hecho, desde el Ejecutivo respondieron a la citación de Pedro Sánchez como testigo con un tono inusualmente duro y cuestionando al juez del caso Begoña Gómez por desarrollar lo que califican como una investigación “prospectiva” que la jurisprudencia “impide en nuestro país”. “No es una causa judicial, es una causa política”, señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras ser preguntada por estas nuevas diligencias del juez Juan Carlos Peinado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En privado, fuentes de Moncloa se adhieren a las tesis de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno para referirse a “incoherencias” en la instrucción, a una “causa general” y a “falta de garantías procesales”.

Recursos pendientes

En Moncloa confían en uno de los recursos presentados a la Audiencia Provincial de Madrid por parte de la defensa de Begoña Gómez para que se archive la investigación. Según subrayan fuentes de Moncloa, su “relevancia” se basa en que la misma Sala ya dictó un auto previo que delimitó la causa a dos contratos obtenidos por el empresario recomendado por Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, y pasaron a ser competencia de la Fiscalía Europea. Según denuncian, sería evidente que el juez no se habría atenido a esta acotación y tendría dificultades para fijar de qué se le acusa.

El recurso en el que confían los colaboradores del presidente del Gobierno considera que la causa supone una suerte de "investigación universal prohibida por nuestra legislación. Al igual que el abogado de la esposa del presidente, el exministro socialista Antonio Camacho, entienden que se trata de una causa general en la que no se sabe qué se le imputa a la mujer del presidente. Por todo ello, el recurso pidió el archivo de la causa, algo en lo que confían ahora en Moncloa para dar carpetazo a este asunto que se ha agitado tras la citación como testigo a Pedro Sánchez.