El Congreso se encamina a un probable rechazo de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes

Las piezas del puzle no encajan para la aprobación de la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que contempla el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados, tanto los que actualmente tutela Canarias, como los que lleguen a partir de ahora a cualquier territorio del Estado. A tan solo unas horas de que el Congreso tenga que pronunciarse sobre esta modificación legal, todo hace indicar que los tres grupos proponentes, PSOE, Sumar y CC, que asumen el acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y canario, no tienen los apoyos necesarios una vez que el PP anunció el pasado domingo que no se dan las condiciones para permitir la tramitación ni tan siquiera a través de una abstención, condición necesaria ante el rechazo de plano expresado por Junts, uno de los teóricos socios parlamentarios del Gobierno central.

El Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias mantenían este lunes, sin embargo, toda la presión posible sobre los populares para que concedieran el voto neutro y que la propuesta pudiera ser tramitada. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reiteró este lunes la disposición del Estado a incorporar algunas de las reclamaciones del PP, negando otra vez, como ya hizo el domingo, los argumentos del portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, con el que intercambió algunos mensajes, que no haya predisposición gubernamental para ello.

Tellado había dicho el domingo que el PP votaría en contra porque el Gobierno “no acepta” sus condiciones, mientras que desde el Ejecutivo central se asegura que sí se han asumido varias de ellas, pero que sería durante la tramitación de la proposición de ley cuando se añadirían al texto de la reforma legal. Previamente, se necesita que la proposición de ley supera este martes la toma en consideración con más votos a favor que en contra. Sin la abstención del PP como mínimo, la propuesta decaerá con sus votos en contra junto a los de Vox y Junts, es decir, los 137 escaños populares, los 33 de Vox, los 7 de Junts y el de UPN. El resultado sería de 178 en contra y 172 a favor.

Puesta en marcha

En los últimos días, Torres ha hecho hincapié en que lo que se votará es el texto, no la reforma en sí, con el objetivo de poner en marcha el mecanismo para su implementación. Recordó en este sentido que en no se podrán introducir peticiones, ni del PP ni de ningún otro partido, y que una vez admitida a trámite, los grupos parlamentarios podrán hacer sus aportaciones y sugerencias, que se revisarán y analizarán una vez tomada en consideración la propuesta. El ministro explicó que no se opone a sus demandas, sino que rechaza el proyecto de ley, por el que apuesta el PP, y que no se pueda desplazar a los niños de los que no se sepa su edad, ya que conllevaría más de un año de trámite y la prolongación del tiempo de estancia.

“La crisis que se vive en las Islas requiere una respuesta urgente, y si el PP vota en contra del texto, votará en contra de su propio Gobierno de Canarias y estará claro que hay una estrategia de hacer ver que el Gobierno de España fracase antes que solventar el problema que hoy es de Canarias, pero mañana puede ser de cualquier comunidad española”. “Los responsables de que no se solucione esta crisis humanitaria serán los que voten no y las víctimas son los miles de niños y niñas no acompañados, porque el derecho del menor está por encima de todo y que su respeto implica distribuirlos entre otras comunidades para asegurar su bienestar y derechos, incluyendo el acceso a la educación y la formación”, resaltó el ministro.

Pese a estas aclaraciones de Torres, el PP se mantenía este lunes en su versión de que el Gobierno no se mueve para favorecer su apoyo, o al menos su abstención, aunque creen que hay margen para que lo haga antes del debate. Todos los dirigentes populares que se pronunciaron el día anterior a que el Congreso debata la reforma, insistían en tres de las reclamaciones que han convertido en bandera, la Conferencia de Presidentes para pactar las condiciones del reparto de menores migrantes, la declaración de emergencia migratoria en todo el país, y la garantía de una financiación suficiente. Lo hicieron los barones del PP cuando acudían a la Junta Directiva del partido que se reunía este lunes en Madrid consejeros y consejeras de las comunidades autónomas gobernadas por el partido durante la conferencia sectorial para la Inmigración convocada por la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

Los dirigentes regionales señalaban en este sentido que todavía hay margen para que su partido pueda al menos no rechazar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería si el Gobierno hace un gesto en forma sobre todo de financiación para la acogida de menores migrantes, pero cargaron contra el Gobierno por su política migratoria y por querer “derivar las soluciones hacia el PP”. “Lo que no puede ser la ley de extranjería es un paso más del Gobierno para sacarse de encima un problema y trasladarlo a las comunidades autónomas”, afirmaba por ejemplo el presidente de Galicia. "Claro que tenemos que acoger migrantes, claro que tenemos que ser solidarios, pero eso empieza por una política migratoria del Gobierno y por unas condiciones para atender bien a estas personas. No sabemos nada de la financiación necesaria", ha argumentado por ejemplo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, cree que el Gobierno “no tiene voluntad de negociar”, puesto que ha abordado la negociación con el PP “horas antes de que se inicie la tramitación” y a través de “unos wasaps”, en referencia al intercambio de mensajes entre Torres y el portavoz del PP en el Congreso.

Azcón considera que esta reforma legal debería haberse tramitado como un proyecto de ley y que el Gobierno debería haber aceptado las propuestas del PP, "la principal de ellas la que tiene que ver con la financiación”, porque “no puede ser que los menores en las comunidades autónomas vayan a cargo de las arcas autonómicas y que el Estado no esté ayudando como debería”.

Feijóo no se pronuncia

El vicepresidente de Canarias, el popular Manuel Domínguez, entiende que el Gobierno de España “no tiene ningún interés porque esta ley se modifique”, aunque también que “hay margen” para que el ejecutivo de Sánchez acepte las propuestas del PP. Preguntado sobre si Canarias entendería un voto negativo del PP a la reforma legal, Domínguez ha respondido que lo que no entienden los canarios es que los abandonen y que el Gobierno “haya ido creando un ambiente de señalar a un culpable más que de buscar soluciones”.

Pese a todo, se mostró «optimista» con que se llegue a «algún tipo de acuerdo» y la reforma salga adelante. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con las del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, el popular Poli Suárez, que se desmarcó de la propuesta de reforma asegurando que la hicieron «el PSOE, Sumar y CC» y que no se negoció con el PP, obviando que el texto recibió el respaldo unánime del parlamento de Canarias salvo Vox.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, por su lado, durante su intervención en la Junta Directiva Nacional, evitó una vez más explicitar el sentido del voto de este martes en el Congreso en relación con el reparto de menores, pero evidenció la estrategia popular de avanzar en un discurso duro frente al fenómeno migratorio. “Solidaridad sí, pero seguridad también. Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle”, afirmó.

Colapso

En la conferencia sectorial de Inmigración, varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón o Cantabria, denunciaron el “colapso” que sufren fruto de la crisis migratoria por lo que han solicitado, entre otras medidas, la celebración de una Conferencia de Presidentes o contar con “una financiación adecuada”. La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha destacado que ha salido de la reunión “sin obtener ninguna respuesta” y sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada, a una convocatoria de la Conferencia de Presidentes, y a la declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, se limitó a confiar en que el PP apoye este martes le reforma legal. “Tengo esperanza y confianza en que esa política de estado dé luz mañana”, ha señalado Saiz, que no ha querido valorar la necesidad de un ‘plan b’ en forma de real decreto como plantea insistentemente el Gobierno de Canarias. La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado, fue precisamente la que defendió la necesidad de ese plan alternativo del decreto ley si fracasa la reforma que se va a votar en el Congreso. Delgado aseguró sentir la “solidaridad” del resto de comunidades y justificó sus reclamaciones de financiación, “no solo para un año como ahora, sino que se establezca hasta la mayoría de edad”, y añadió que “el ‘plan B’ de un real decreto existe y siempre ha existido y es lo que pedimos desde Canarias”.

Clavijo pide responsabilidad

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su parte, también confió en que “nadie” se oponga a la admisión a trámite de la reforma legal que regulará la distribución de menores entre todos los territorios del Estado. “A partir de ahí, en el procedimiento se podrán presentar enmiendas y mejoras”, afirmó antes de lamentar la confrontación entre el Gobierno central y el PP.

Según dijo, los populares en un principio hicieron llegar al ministro Torres unos documentos, pese a lo cual “el Gobierno de España no sienta al PP a negociar esas modificaciones”. “Al final, uno por otro y en un asunto tan importante parece que se sigue jugando a hacer política, en vez de buscar una solución para esos niños y niñas que llegan a las costas canarias y a otros puntos de España”, resaltó.

Clavijo acudirá al debate del Congreso para una propuesta que, pese a todo, “no da respuesta a la situación de emergencia” que tiene Canarias, subrayando que “lo único que podría dar respuesta al momento de emergencia es un decreto ley”.

En ese caso, agregó, también se tienen que sentar a negociar los términos de ese decreto ley porque después tiene que “ser convalidado” para que permita dar respuesta a lo que ocurre actualmente en Canarias. Apeló a la “responsabilidad” para que esto “no se convierta ni en un problema territorial ni en un problema político”, ya que incidió en que lo que se está sufriendo “es un problema humanitario y como tal se debe tratar, no como fuerzas políticas, sino como país”.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, daba por hecho el voto en contra del PP a la proposición de ley que, según dijo, pone “negro sobre blando la solidaridad” de las comunidades autónomas con Canarias, y acusó a este partido de “hacer políticas de ultraderecha como Vox”. “Mañana (por este martes) lo va a demostrar una vez más votando en contra de la reforma de la ley de extranjería, así que ni partido de estado ni nada de nada”, afirmó López en una rueda de prensa en el Congreso.

López rechazó los motivos esgrimidos por el PP para oponerse a la ley: ha dicho que se negoció con los conservadores, ya que la modificación parte de un acuerdo con el Gobierno de Canarias, compartido por CC y populares; que todas las comunidades, sin excepción, deberán acoger a menores extranjeros; que la declaración de situación de emergencia en territorios diferentes las Islas, Ceuta y Melilla se producirá “cuando esta se produzca”; y que la celebración de una Conferencia de Presidentes solo conlleva “marear la perdiz”. “Todo lo que han dicho no son más que excusas y mentiras”, sentenció.

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