PLAN DE REGENERACIÓN

El Gobierno sancionará a los medios que oculten su accionariado

Montero rebaja las prisas para desarrollar el plan de regeneración y apunta a una nueva medición de las audiencias para regular la financiación pública de los medios. La ronda de contactos comenzará el próximo lunes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este miércoles con el Congreso para presentar el plan de regeneración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este miércoles con el Congreso para presentar el plan de regeneración. / Eduardo Parra / Europa Press

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Todo está por desarrollar y concretar en el plan de regeneración democrática promovido por el Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitó este miércoles en el Congreso a esbozar sus intenciones. Una falta de detalle que ha justificado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al apuntar que la intención era precisamente avanzar un “esqueleto” para sentarse ahora con los grupos parlamentarios a perfilarlo. El apoyo de la mayoría de investidura es imprescindible, y de ahí los equilibrios ante sus diferentes posiciones. Según ha explicado la vicepresidenta durante una entrevista esta mañana en TVE, la ronda de contactos comenzará el próximo lunes.

En estas reuniones se intentará consensuar el desarrollo legislativo de una serie de medidas enmarcadas en el reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación. La transparencia respecto a su accionariado y la financiación pública son sus dos principales pilares. Es por ello que Montero se ha reservado un “catálogo de sanciones” para quienes lo incumplan. El conocimiento de la titularidad de los medios de comunicación sería el primer paso para identificar y sancionar la difusión de bulos. Con todo, ha explicado que “todavía no se ha avanzado en el catálogo de sanciones y obligaciones” para los medios a la espera de abrir estas conversaciones con los socios.

Sin mencionar ningún caso concreto, Montero ha destacado la necesidad de “saber quienes son los titulares” en los casos de que se utilicen noticias falsas “para ir a los tribunales”. “Quienes alimentan este tipo de cuestiones que contaminan la vida política”, apuntó. Sánchez viene cuestionando la investigación judicial a su mujer por basarse en lo que considera una denuncia falsa basada en bulos publicados por “pseudomedios”.

El jefe del Ejecutivo, a su llegada a la sesión plenaria de la Comunidad Política Europea que se celebra en Oxford, ha mostrado la intención del Gobierno de situarse “a la vanguardia de la lucha contra la desinformación, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los medios de comunicación de aquellos que no lo son”. En este sentido, ha celebrado que la candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya hecho una mención específica en su discurso sobre bulos y desinformación. Nuevamente, Sánchez ha parapetado su plan a la implementación del reglamento europeo, destacando la pata de transparencia para que “se sepa quién está detrás, su estructura accionarial y financiación”.

El propio Sánchez apuntó durante su intervención en el Congreso este miércoles la necesidad de dotar de nuevas funciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para actuar como organismo regulador tras la aplicación del reglamento. Por ejemplo, según trasladan fuentes del Ejecutivo, para llevar el registro de la estructura accionarial de los medios de comunicación. “Para garantizar la supervisión y el cumplimiento de las medidas, y en línea con lo que establece el propio reglamento, propondremos ampliar las funciones de la CNMC”, trasladó el jefe del Ejecutivo.

Medición de audiencias

Desde el Gobierno rebajan las prisas para el desarrollo legislativo de estas medidas, que además de la CNMC, afectaría principalmente a las leyes de publicidad institucional, del derecho al honor y la rectificación y la ley electoral. Está previsto, según ha aclarado Montero, que durante el mes de septiembre continúen las negociaciones con los grupos parlamentarios, pero también con el sector. El reglamento europeo marca mediados de 2025 como fecha tope para su aplicación por parte de los Estados miembros.

Respecto a la financiación pública de los medios, el Gobierno apunta a la audiencia para limitarla. Una medición más precisa. En este sentido, Sánchez apuntaba a la proliferación de “herramientas que permiten falsear la realidad como la Inteligencia Artificial o multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudomedios digitales cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras que confirman sesgos y arrastran clics”.