La Audiencia de Madrid rechaza imputar a Rajoy y a dos de sus ministros a petición de Andorra

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la comisión rogatoria Internacional cursada por Andorra en el que le pedía comunicar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, así como a varios responsables policiales durante ese Ejecutivo, su imputación por las querellas presentadas en su contra por supuestas coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para presuntamente obtener información de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como otros líderes independentistas, como el expresidente de ERC Oriol Junqueras, en lo que aparenta ser un capítulo de la 'Operación Cataluña'

La querella interpuesta por el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y otras organizaciones amplía una original, interpuesta en 2016, que también se dirige también contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el inspector que estaba agregado a la Embajada española de Andorra Bonifacio Díez Sevillano.

La Audiencia de Madrid, que en un principio no dejó recurrir la decisión del juzgado de instrucción número 32 de Madrid de aceptar la comisión y comenzar a darle trámite, rectificó y ha acabado estimando los recursos de apelación que interpusieron el expresidente del Gobierno y sus ministros contra su imputación en el principado.

Los magistrados entienden que si bien “el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959), lo solicitado excede de la simple notificación de la querella, en tanto que se trata de dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana".

Consideran que la “solicitud no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio, ya que no se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado”, motivo suficiente, señalan “para denegar el auxilio sin mayores consideraciones”.

La jueza andorrana Sthéfanie Garcia daba 15 días a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz en junio de 2022 para que se personaran en las actuaciones, a través del abogado andorrano que designen o el de oficio que se les asigne, en el principado por la querella interpuesta en su contra en 2019, para ampliar una inicial interpuesta por los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d’Andorra, contra policías españoles que supuestamente les presionaron para conseguir información financiera sobre ciudadanos catalanes.

La ampliación se dirigió contra Rajoy y sus ministros, tras oír al excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales- declarar como testigo que participó en este supuesto capítulo de la 'Operación Cataluña', pero el cierre del banco, tras señalarlo por blanqueo el Tesoro estadounidense, solo se pudieron hacerlo sus superiores. El retraso en la tramitación de la propia querella obedece en el colapso que sufre la justicia del principado por los centenares de procedimientos que arrastra desde la intervención en 2015 de BPA y su filial, el Banco de Madrid, por las reclamaciones de sus clientes para recuperar su dinero.

La querella atribuía a los políticos del PP los delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y documento falso, todos ellos también existen en España, pero fuentes jurídicas ya destacaban entonces que son difíciles de acreditar en el marco de una solicitud de información a un banco para investigar delitos.