CASO KOLDO

Ábalos denuncia un posible espionaje policial desde 2020

El exministro reclama al Gobierno una auditoría ante lo que considera “una clara vulneración de mi derecho a la vida privada y sobre mi actividad política”

José Luis Ábalos con su asesor Koldo García en una imagen de archivo.

José Luis Ábalos con su asesor Koldo García en una imagen de archivo. / Manuel Bruque /EFE

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El exministro de Fomento José Luis Ábalos ha dirigido una serie de preguntas al Gobierno sobre lo que considera “un posible rastreo sin aval judicial” por parte de la Policía y sin tener en cuenta su condición de aforado. Concretamente, el diputado expulsado del grupo socialista por su responsabilidad política en el caso Koldo, aduce “revelación de secretos” por los correos filtrados de la presunta trama investigada.

En el documento dirigido al Gobierno para su respuesta apunta al aumento de publicaciones de “datos y detalles de mi ámbito personal” a raíz de la “remisión” por parte de la Guardia Civil de documentos que forman parte de “una instrucción judicial que no es pública” y que no estarían relacionados con ella.

Ábalos pregunta al Gobierno si tiene conocimiento de la existencia de algún tipo de investigación a su persona a o familiares desde enero de 2020 hasta la fecha o de consultas en las bases de datos a las que pueden acceder las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus datos personales, desplazamientos, control de hospedería, Registro de la Propiedad, Catastro o DGT. En este caso, demanda una auditoría de todos los datos consultados y la identificación de los autores.

En referencia directa al ‘caso Delorme’, el exministro cuestiona que la Guardia Civil haya remitido “36 horas antes de que la Fiscalía Europea reclamase la competencia” del caso, la correspondencia incautada a Koldo García” que afecta a otras personas que no están siendo investigadas. “En mi caso son documentos relativos a mi actividad política y a mi vida privada sin tener relación con el objeto de la investigación del caso”, según defiende. Su difusión, según concluye, “están sirviendo en una campaña de acoso mediático sobre mi persona por los mismos medios que publica dicha correspondencia”.

En este sentido, un informe de 28 de mayo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destaca que el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre mantuvo informado a través de un correo electrónico personal a José Luis Ábalos de "los pormenores" de las actividades de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL, que recibió 53 millones de euros en contratos para la compra de mascarillas.

"Policía patriótica"

El ahora diputado del grupo Mixto ha aprovechado la víspera de la presentación del plan de regeneración democrática del Gobierno por parte de Pedro Sánchez en el Congreso para presionar sobre la situación que denuncia. "Sin transparencia, ni un cumplimiento riguroso de la ley y la protección de los derechos amparados por nuestra Constitución, no se puede hacer frente a una regeneración democrática efectiva a la vez que mantener la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de unas instituciones fuertes que favorezcan la convivencia y el desarrollo social, ha sostenido a través de la red social X.

Ábalos sostiene parte de sus sospechas en las últimas revelaciones sobre un presunto espionaje por parte de la llamada "policía patriótica" del Gobierno de Mariano Rajoy a diputados de Unidas Podemos. En su caso, señala que "desde el año 2020 hasta la actualidad, tanto en mi etapa como ministro del Gobierno de España, como secretario de Organización del PSOE y en la actualidad como diputado nacional, de manera reiterada vengo sufriendo la publicación por parte siempre de los mismos medios vinculados con la derecha mediática" de detalles de su vida personal, incluyendo "domicilios, desplazamientos, alojamientos, celebraciones familiares, relaciones personales, etc.)".

El exministro de Transportes del PSOE no está investigado en el caso Koldo, pese a que el juez que inició el procedimiento, Ismael Moreno, apuntó la posibiliidad de que hubiera actuado como "intermediario" de la trama para tratar de frenar el expediente administrativo iniciado por la Administración Balear.