El PP espera explicaciones de sus comunidades para decidir sobre la ley de extranjería

El PP sigue sin tener clara su posición sobre la reforma de la ley de extranjería para la distribución obligatoria de los mejores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, según se desprende de lo señalado este jueves por algunos de sus dirigentes nacionales.

Un día después de la conferencia sectorial en Tenerife en la que los representantes de los gobiernos autonómicos de este partido también eludieron fijar su posición sobre esta reforma legal, y solo accedieron a la acogida voluntaria de 400 chicos y chicas ahora tutelados por Canarias (300) o Ceuta (100), la dirección del partido también ha optado por mantener una respuesta ambigua para cuando el Gobierno central remita al Congreso en los próximos días la propuesta pactada con el Ejecutivo de las Islas. “Analizaremos el texto en profundidad y luego decidiremos”, se limitó a señalar este jueves el diputado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del partido y que este jueves ejerció de portavoz para valorar esta cuestión.

Tanto Bendodo en sus declaraciones, como otros dirigentes del partido en conversaciones con los periodistas, dejaron claro en todo caso que la propuesta no es válida en los términos pactados entre Canarias y el Estado y que requiere de mucha mayor concreción, sobre todo en aspectos como la financiación estatal que acompañará a ese plan de reparto obligatorio. Pero más allá de esta fundamental reserva, la dirección del partido y el propio grupo parlamentario en el Congreso decidirán sobre la reforma de la ley de extranjería tras conocer los posicionamientos y explicaciones de las regiones que gobiernan tras analizar estas, a su vez, el texto que les entregó el miércoles el Gobierno.

Particular relato

El PP se centraba este jueves en dar un relato muy particular y ajustado a sus argumentos sobre el resultado de la cumbre en Tenerife y dejaba como mensaje central la “solidaridad” demostrada por sus comunidades por el hecho de haber aceptado en ella asumir parte de la reubicación de 400 menores acordada. Según los populares, ese era el tema central que se debatía en la conferencia sectorial, dejando en muy segundo plano y como algo todavía muy ajeno a su agenda inmediata la reforma de la ley de extranjería.

Paralelamente, las consecuencias políticas sobre una más que probable ruptura entre el PP y Vox en las cinco comunidades que cogobiernan, tras la aceptación de los populares de aceptar menores en esos territorios pese a la advertencia del partido ultraderechista, se ha impuesto en el debate político y mediático nacional por encima de la situación que vive Canarias, y sobre los intentos de los gobiernos central y canario de cerrar una fórmula que alivie la emergencia en las Islas. El PP estaba más centrado este jueves en gestionar esa crisis con Vox que en explicar qué hará cuando la propuesta estatal sobre el reparto de menores.

La dirección del partido considera que sus comunidades demuestran con el acuerdo de la conferencia sectorial para el reparto de 400 menores, ya comprometido anteriormente, estar dispuestos a solidarizarse con Canarias, pero rechazando por ahora avalar ya la reforma para un reparto obligatorio. Y al igual que hicieron estos territorios del PP en la cumbre de Tenerife, el partido y su grupo parlamentario en el Congreso esperarán a estudiar más en profundidad la propuesta alegando que la conocían solo desde el miércoles.

“Ayer han presentado un borrador”, se limitó a señalar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en una conversación informal con periodistas en el Congreso obviando que el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ya recibió la propuesta hace más de dos semanas durante la ronda de contactos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los grupos parlamentarios para recabar apoyos.

Sin instrucciones de Feijóo

Elías Bendodo había asegurado por la mañana sentirse “orgulloso” de que las comunidades gobernadas por su partido hayan apoyado de forma “unánime” acoger a menores migrantes y que “la decisión tomada por los gobiernos autonómicos llena de satisfacción también a la dirección nacional del PP”. Tanto él como otros dirigentes aseguraron que, aunque Feijóo ha estado en contacto con los presidentes autonómicos del partido y conocía lo que sus representantes defenderían en la sectorial de Infancia y Adolescencia, “no dio instrucciones” ni para que aceptaran la acogida de los 400 menores acordada, ni sobre la posición a adoptar en torno a la propuesta de reforma legal para el reparto obligatorio.

Varias fuentes del partido señalaron que la propuesta del Gobierno “no está trabajada” y que esperarán a conocer las explicaciones que al respecto les trasladen las comunidades autónomas del PP para adoptar una posición.

Excusas

Desde el Gobierno central y desde el PSOE se consideró, sin embargo, que el PP “está dando todo tipo de excusas” para acabar rechazando la medida, tanto en los territorios como en el Congreso. El ministro Torres se mostró este jueves muy crítico con los populares y no ocultó su decepción por el resultado de la cumbre de Tenerife e insistió en que la reforma de la ley de extranjería es la “única solución” para solventar definitivamente la situación de los menores inmigrantes no acompañados y no el “parche” que dice el PP, al que ha acusado de competir con Vox para ver “quién es más insolidario”.

Recalcó que lo aceptado por los gobiernos autonómicos es una “medida que tardará meses en ser efectiva”, mientras que la iniciativa legislativa sería “inmediata, ágil, efectiva”, ya que, además de ir acompañada de financiación, permitiría que, una vez aprobada, “en 15 días saldrían los menores que hayan entrado en Canarias en esos 15 días”.

También ha incidido, en contra de lo esgrimido por los populares, en que tenían el “grueso” del texto de reforma de la ley “hace semanas”, excepto las "últimas aportaciones de algunos grupos políticos" introducidas para dejar más delimitadas cuestiones relacionadas con Protección Civil o el control territorial.

“Son claramente excusas para intentar aparentar que han sido solidarios cuando no lo han sido”, ha criticado Torres, que ha insistido en que “si el PP estuviera en ello, lo haríamos ya, por real decreto ley o como fuera” y entraría en vigor este mismo mes de julio. Por eso, ha llamado a todos los grupos parlamentarios a respaldar la reforma, especialmente, al PP por ser quien gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas. “Hoy lo que tenemos que conseguir es que en las próximas horas y en los próximos días el PP diga que sí”, subrayó en una entrevista en la Ser.

“Hasta el último minuto”

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, abundó en el mismo mensaje y dijo que “intentaremos convencer al PP hasta el último minuto”. “Basta de buscar excusas” para rechazar la reforma que activa el reparto obligatorio de menores migrantes, dijo López, quien considera que “cuando hay más de 3.000 niños a los que no se puede atender suficientemente bien en Canarias, que se acoja a 347 me parece una vergüenza y no hay por donde cogerlo”.

“No me cabe en la cabeza que alguien diga que no a una propuesta que va más allá de la solidaridad, que habla de humanidad y ante la que no caben excusas”, afirmó antes de argumentar que “cuando Canarias empezó a sobrepasar sus recursos de acogida empezó a hablar con las ONG, los ayuntamientos para buscar pisos de acogida, para buscar respuestas y soluciones, y no puede ser que comunidades con varios millones de habitantes diga que no pueden coger a 300 menores”.

Exclusión

La formación que mantiene su negativa a los traslados acordados el miércoles y a la posibilidad de hacerlos de forma reglada y obligatoria por ley sigue siendo Junts. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmó que “a veces se confunde solidaridad con abuso y con imposición” y que el reparto acordado “entre el PP y el PSOE, Cataluña vuelve a ser como siempre la comunidad que más se tensiona”, en referencia a los 31 menores que se trasladarán a ese territorio.

Nogueras volvió a reclamar la exclusión de Cataluña del reparto obligatorio que se ha previsto en la reforma legal como condición a un posible apoyo de Junts, algo que el Gobierno ha descartado. Por su lado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, dijo que “esta es una cuestión de derechos humanos y algo hay que hacer”, confirmando el apoyo de fondo a la reforma legal que ya avanzó el grupo a Torres y Clavijo el pasado día 25 de junio.

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