Clavijo urge un pacto de Estado a PP y PSOE para el reparto de menores

Lejos de servir para acercar posturas y agilizar soluciones, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha quebrado los ánimos de Canarias. Ante la falta de respuestas rápidas y sin garantías de que la reforma de la ley de extranjería que haría obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados salga adelante antes del más que previsible repunte de llegadas en el verano, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, urge a PSOE y PP a alcanzar un "pacto de Estado" para solventar un problema estructural que ahora afecta al Archipiélago, pero que en el futuro le puede tocar a otras comunidades fronterizas. Desde hace un año, el Ejecutivo canario reclama ayuda para aliviar el colapso de la red de acogida de niños y adolescentes migrantes. «Nos ha recibido el papa, vino la comisaria europea de Interior, nos hemos reunido con el vicepresidente de la Unión Europea, hemos pasado por cinco ministerios... Ya no sabemos qué hacer», lamentó el presidente canario, durante una entrevista en Onda Cero.

La situación crítica del Archipiélago, con más de 5.600 menores bajo su tutela, requiere una solución rápida, por lo que el Gobierno de Canarias sigue insistiendo en tramitar la reforma de la ley de extranjería vía real decreto. De esta manera, la modificación entraría en vigor un día después de que el Consejo de Ministro le dé su visto bueno y el inicio del traslado de los menores a otras comunidades sería prácticamente inmediato. Sin embargo, el Gobierno de España considera que esta hoja de ruta no ofrece suficientes garantías legales. El ministro de Política Territorial y coordinador de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, señaló que si el decreto ley no fuera convalidado 30 días después en las Cortes Generales, los menores trasladados «quedarían en una absoluta inseguridad jurídica». Así, Torres apuntó que, "a día de hoy tenemos el 'no' de Junts y no tenemos el 'sí' del PP". Para tramitar la reforma como proposición de ley, sería necesaria una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, para lo que actualmente se precisa el apoyo de PP o de Junts.

El PP canario, prácticamente enmudecido

La resaca de la conferencia sectorial ha dejado a los populares canarios prácticamente enmudecidos. El coordinador general del PP en las Islas, Jacob Qadri, subrayó que en la reunión ocurrió lo que se esperaba que ocurriera y destacó que su formación ha sido solidaria con Canarias "a pesar de las amenazas de Vox", que llevaba semanas anunciando que si se aceptaba el reparto de menores rompería los pactos de gobierno en Murcia, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Sobre el ‘sí’ del PP a la proposición de ley que promoverá el Gobierno para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería, Qadri mantiene que su formación dará luz verde a la modificación legal si el Ejecutivo garantiza una financiación suficiente para la atención de los menores en todas las comunidades y se incluye la posibilidad de que las autonomías puedan declarar la emergencia en aras de agilizar las contrataciones necesarias para gestionar la acogida. "La ficha financiera tiene que estar garantizada y firmada sobre un papel y no ser solo un anuncio de Torres en una rueda de prensa", apostilló el coordinador general del PP en Canarias.

Fecha clave: 23 de julio

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al término de la conferencia sectorial, explicó que el Gobierno trabaja para «acelerar lo máximo posible» la aprobación de la reforma legal, para lo que tiene previsto registrar "en unos días" la proposición de ley en el Congreso. Si bien la ministra no precisó si este paso lo darán en julio, para que la votación pueda darse el 23 de julio, fecha en la que se celebra el último pleno de la Cámara Baja antes del verano. De lo contrario, Canarias tendrá que afrontar en solitario los picos de llegadas habituales de los meses estivales. Rego defiende que la vía de la proposición de ley «es la única manera de dar una solución estable, sensata, con carácter humanitario y, sobre todo, poniendo los derechos de los niños y de las niñas en el centro».

De cara a la votación de la proposición de ley, el portavoz parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha pedido a todos los diputados canarios en las Cortes Generales que, aunque tengan que romper la disciplina del partido, voten en favor de la propuesta, para poder atender la crisis humanitaria de la migración que están viviendo las Islas y que "no se puede posponer más". Curbelo señaló que no es razonable que Canarias tenga a más de 5.600 menores bajo su tutela «tratados de una forma inhumana, porque ya están pensando en poner carpas en los puertos para ser atendidos en condiciones que no son las adecuadas y merecen».

250 niños en El Hierro

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), criticó la "pantomima" de la conferencia sectorial. A su juicio, acabó con la «hipocresía» de que las comunidades autónomas solo aceptan 300 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. "No podemos ser de ninguna manera triunfalistas viendo el resultado de la reunión", lamentó Armas, dado que la cifra de niños y jóvenes que se van a derivar es casi la misma que ya gestiona El Hierro. 

Actualmente, la cantidad de migrantes, incluyendo los mayores, distribuidos en los centros habilitados en la isla del Meridiano supera el número pactado de las derivaciones previstas a distintas comunidades autónomas, "y en el caso de menores no acompañados a fecha de hoy alcanzan los 250".

En lo que va de año, El Hierro ha recibido a 9.195 personas llegadas en cayuco. "Lamentablemente, estamos viendo como cada vez vienen en peores condiciones de salud, lo que se refleja trágicamente en 17 fallecidos en lo que va de año, frente al pasado que fueron unos 13", detalló. En su opinión, la conferencia sectorial de infancia solo ha servido para "poner en evidencia que desgraciadamente el drama migratorio no se ha abordado como un asunto de Estado, sino por el contrario, como un argumento de discrepancia y enfrentamiento de intereses partidistas".

"Desprecio colonial"

En la misma línea, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), tildó de «desprecio colonial» el trato que Canarias está recibiendo en su demanda de compartir la acogida de los menores y considera una "tomadura de pelo" el reparto de 400 menores pactado entre las comunidades. Morales recuerda que las islas son en este momento «la puerta sur de la migración» y considera que no se les puede dejar "solas", ni "abandonar" como, a su juicio, las están abandonando en el resto de España. "Son casi 2.000 los menores que dentro de un año cumplirán la mayoría de edad, y se van a quedar sin trabajo, sin hogar, sin esperanza, sin futuro y deambulando por nuestras calles", enfatizó Morales.

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