Cordón sanitario

El PSOE ofrecerá a Feijóo mantener gobiernos si rompe con Vox

Los socialistas buscan subrayar las “incoherencias” de los populares para visibilizar la influencia de Vox en materia de migración, igualdad y derechos LGTBI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno este miércoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno este miércoles. / José Luis Roca

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El PSOE ha desempolvado este lunes la propuesta al PP de establecer un cordón sanitario a Vox en las instituciones donde cogobiernan o mantienen pactos de investidura. Si los populares rompen con sus socios están dispuestos a ceder sus votos para garantizar la gobernabilidad. Algo que ya plantearon en su momento, según defienden fuentes de la dirección socialista, aun de forma genérica y condicionándolo a una posición proactiva de los populares. La presión sobre Alberto Núñez Feijóo coincide con el viento de cola del exitoso cordón sanitario en Francia, pero sobre todo con las tensiones entre PP y Vox a cuenta de la distribución de migrantes menores llegados a las costas canarias.

Santiago Abascal se encargó de mantener este lunes el órdago al amenazar con “considerar rotos” sus acuerdos si el PP apoya el reparto de migrantes. Por el momento, Génova se sacude la amenaza y está dispuesto a aceptar una distribución solidaria entre comunidades para reducir la presión migratoria en las costas canarias, aunque no de forma obligatoria a través de la reforma de la ley de extranjería. Desde el Ejecutivo consideran necesario hacerlo por ley, como han pactado con el propio gobierno canario. Para ello aluden al discurso “xenófobo” que alimentaría la ultraderecha y aprovechan las diferencias entre Feijóo y Abascal para reclamar un golpe de autoridad al líder del PP.

La oferta de cordón sanitario, que ya destapó en su día una cierta cacofonía entre Ferraz y algunos líderes territoriales, sigue centrándose en que Feijóo dé antes el paso. “El PP debe decidir qué quiere ser de mayor”, señalan desde la sede federal antes de concretar su propuesta para aislar a Vox. Los socialistas no esconden su pesimismo porque “lo que tenemos a la vista es un partido que gobierna con los ultras”. En esta línea, subrayan la imposibilidad de acercar posiciones “mientras el PP siga siendo un partido que dice que hay que mandar barcos de guerra contra los cayucos”.

Otras fuentes del Gobierno trasladan que un año después de la mayoría de pactos de investidura entre PP y Vox, los populares “están cada vez más mimetizados” con el discurso de los de Santiago Abascal. Para justificar su falta de expectativas, recuerdan el rechazo hace unos días a los votos que le ofreció el PSOE en Baleares a la popular Marga Prohens para desalojar de la presidencia del Parlament a Vox.

La propuesta consistía en dar su apoyo para elegir a un presidente del PP ante la situación de “emergencia democrática” derivada de las actuaciones del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tras romper durante un pleno la fotografía de una víctima del franquismo. Tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas, la oferta más firme llegó de la mano de Emiliano García-Page. El presidente y líder de los socialistas en Castilla-La Mancha, se comprometió a facilitar con la abstención gobiernos municipales en minoría del PP si estos hacían lo propio donde el PSOE fue la lista más votada. Un acuerdo que rechazaron los populares.

Visibilizar las “incoherencias”

Tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, insistían este lunes en pedir un cordón sanitario y en que Feijóo rompa con Vox para devolver los gobiernos autonómicos de coalición “al cauce democrático del reconocimiento de la diversidad y la pluralidad”. Una demanda que se centra también en poner en duda la posición de centro en la que se autoubica el líder de los populares. A propósito de la estrategia de los partidos en Francia contra la ultraderecha, los socialistas afeaban que “en España, el PP, al contrario que la inmensa mayoría de sus homólogos europeos, es el partido que abre la puerta a la ultraderecha en gobiernos autonómicos y municipales, y lo habría hecho en el Gobierno de España el pasado año si el 23 de julio los españoles y el PSOE no los hubiesen parado en seco”.

Mientras se buscan las “incoherencias” de los populares para visibilizar la influencia de Vox, tanto Ferraz como el Gobierno buscan redoblar su ofensiva para “desmantelar” la agenda de sus gobiernos coalición. Para ello se está poniendo el foco en inmigración, feminismo y derechos LGTBI. Las materias en las que dicen que su “batalla cultural es más potente” para imponer “retrocesos”.

Pactos de Estado

La ministra de Igualdad y responsable de esta misma área en la ejecutiva del PSOE, Ana Redondo, presentó este mismo lunes el denominado “mapa de la vergüenza” para monitorizar “recortes” en igualdad por parte de ejecutivos de coalición de la derecha. Un mapa en el que se incluyen un total de 131 casos, desde la desaparición de concejalías de igualdad hasta la supresión de los denominados puntos violeta, y que busca servir como una herramienta de “vigilancia”.

Los socialistas denuncian la “complicidad” del PP y advierten que mantener sus pactos con Vox a costa de estos “retrocesos” le generará una factura mayor en las urnas. “Tienen que aclararse”, conminan en referencia a otros frentes como la renovación del pacto de Estado en violencia de género. El Gobierno pretende que el PP se desmarque de sus socios después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, apoyasen la constitución de la subcomisión en el Congreso para abordar su renovación.

Desde el Ejecutivo ponen el foco en los retrocesos a nivel institucional por los "discursos negacionistas" y subrayan la necesidad de incorporar nuevas medidas en el pacto de Estado de coordinación y colaboración entre administraciones. De hecho, los acuerdos de gobierno entre PP y Vox eluden referirse al concepto de “violencia de género” para diluir esta realidad con otros términos como “violencia intrafamiliar”. Una brecha que se sumaría a las diferencias en materia migratoria. Todo ello a la espera de que se ponga sobre la mesa el pacto de Estado sobre derechos LGTBI. Un asunto que está en la agenda, pero que no se abordará hasta cerrar antes la renovación sobre el pacto de Estado de violencia de género.