Los jóvenes que pegaron los carteles de Ernest Maragall pidieron al juez una mediación con el político

Los tres jóvenes de Igualada que pegaron los carteles burlándose del alzhéimer de Pasqual Maragall, expresidente de la Generalitat y hermano del entonces candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, solicitaron al juzgado que instruyó la causa, archivada hace un mes, la mediación para pedir disculpas directamente a este último dirigente de Esquerra, aunque esta no se llegó a realizar, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

Los investigados Gerard F. C., Pau J. A. y Gerard O. G., de 21, 22 y 24 años, admitieron que cobraron por esta labor entre 200 y 300 euros, aunque no precisaron quién les había hecho el encargo. A ellos, siempre según estas mismas fuentes, solo les dieron los carteles y los tres los engancharon en las inmediaciones de las sedes republicanas el 8 de marzo de 2023.

En su declaración ante los Mossos d'Esquadra, los tres jóvenes aseguraron que desconocían el alcance del mensaje que se ofrecía en esos carteles, que no eran conscientes de que podía ofender a la familia Maragall y se desvincularon totalmente de cualquier partido político. La policía, sin embargo, sí incluyó en sus atestados que estas personas cobraron 50.000 euros de una empresa vinculada a ERC. Las pesquisas establecieron que la sociedad limitada Relevance Marketing SL, firma de la órbita de Esquerra, libró el pago en diez facturas a uno de los tres, y este lo repartió con los otros dos. El caso de la mofa pública contra los Maragall provocó la dimisión, la semana pasada, del viceconseller en funciones Sergi Sabrià, que insiste en no tener nada que ver.

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Los pagos

El pago inicial, según declaró en comisaría Pau J. A., fue de 300 euros por cabeza. Se los ofreció a él y a Gerard O. G. un hombre que Gerard F. C. identificó como "un político de ERC". El hombre les encargó colgar cuatro carteles en Barcelona, y regaló a Gerard un terminal telefónico Iphone 13 para que lo usara en sus comunicaciones con él.

Una vez que aparecieron las primeras imágenes, el político se puso en contacto de nuevo con los jóvenes y les hizo un primer pago de 3.000 euros para que permanecieran "tranquilos y callados", según la investigación policial. A pesar de que los tres jóvenes no identificaron a la persona que les encargó el trabajo, el seguimiento por parte de los Mossos de ese teléfono móvil desveló quien lo había hecho: Víctor L. G, un joven vinculado a ERC en Igualada, Jorba y Ódena. Esta persona también declaró y, tras ello, se archivó el caso, al considerar el juez que no se había cometido un delito de odio. Al final, Maragall desistió de continuar como acusación en el proceso judicial.

Maragall pidió el archivo

Fuentes republicanas conocedoras del caso confirman que Maragall recibió la propuesta de conciliación por parte de la representación legal de los investigados, pero que la declinó. La cuestión es que a esas alturas ya sabía que la orden de colgar los carteles salía de dentro de las filas de ERC, porque así se lo había comunicado el partido. El entonces líder de los republicanos en Barcelona, pese a que estaba molesto por todo el episodio, decidió que lo mejor era renunciar a la mediación, pedir el archivo del caso y retirarse. Consideró que dejar de remover el asunto era lo mejor para su familia y allegados.

La gran duda sigue siendo si alguien de las altas esferas del partido estaba al corriente de los carteles antes de que se colgaran. La investigación judicial no lo aclara y, finalmente, se archivó. Ahora las respuestas solo pueden salir de dentro del propio partido a través de la investigación interna que está llevando a cabo un abogado de la organización. Una investigación cuyos frutos se darán a conocer este viernes.

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