Boye se sentará en el banquillo de los acusados por blanqueo en noviembre

La Audiencia Nacional ha señalado del 18 de noviembre al 30 de enero de 2025 el macrojuicio a 48 personas, entre ellas José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y el abogado Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, por tratar de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por el blanqueo de beneficios del narcotráfico.

El Supremo rechaza el último intento de Gonzalo Boye de librarse del juicio por blanqueo del narcotráfico

En un auto, hecho público este viernes, la Sección Tercera de la Sala Penal, encargada de enjuiciar la llamada 'operación Mito', ha señalado un total de 20 sesiones entre el 18 de noviembre, día del comienzo, y el 30 de enero del próximo año, cuando está previsto que finalice la vista oral, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

Además de las 48 personas físicas que se sentarán en el banquillo, también serán enjuiciadas cinco personas jurídicas.

La resolución de la Sala indica también las pruebas admitidas y rechazadas que habían solicitado tanto la Fiscalía como la acusación particular y las defensas de los acusados, y rechaza la mayor parte de las solicitadas por Sito Miñanco.

Acusado de blanqueo

La Fiscalía Antidroga, que ya emitió su escrito de acusación, reclama 31 años y medio de prisión para Sito Miñanco, por dirigir presuntamente la red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y 9 años y medio al abogado Gonzalo Boye, que también fue defensor del narcotraficante gallego, por supuestamente formar parte del entramado que blanqueaba los beneficios del narcotráfico.

Pide además una multa de más de 950 millones de euros para Prado Bugallo, a quien sitúa en el liderazgo de una organización criminal y acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.

Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye, a quien reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros; que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.

Operaciones ficticias

Según el fiscal, Boye presentó contratos de compraventa en un expediente administrativo "a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico".

En el momento en el que se iniciaron las pesquisas, en febrero de 2016, Prado Bugallo se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública, en régimen de tercer grado, que le permitía trabajar en un parking de Algeciras.

Sin embargo, el fiscal tiene claro que "su única y verdadera actividad profesional" seguía siendo el narcotráfico hasta tal punto de que éste era "su modus vivendi de manera continuada y estable" y por ello "mantenía sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Suramérica y disponía de la logística material necesaria para acometer estas operaciones".