PP y PSOE dan el primer paso para renovar el CGPJ entre ataques cruzados y el enfado de los socios

Los gruesos ataques que se han lanzado este jueves PP y PSOE en el pleno del Congreso han opacado el acuerdo al que han llegado ambos partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre las críticas y reproches, los diputados populares y socialistas han aceptado a trámite una proposición de ley que sienta las bases para modificar el sistema de elección del Consejo, refuerza la independencia judicial y da el pistoletazo de salida a la renovación de los miembros CGPJ. Todo ello ante el malestar del resto de partidos, sobre todo en los socios del Ejecutivo, que han lamentado que el PSOE haya iniciado una "nueva gran coalición" con el PP para repartirse nuevamente el Poder judicial.

La elección de Miguel Tellado, uno de los dirigentes con un discurso más duro dentro del PP, para defender la iniciativa ya daba una pista del talante con el que enfrentaban los populares este primer debate tras el acuerdo que cerraron en Bruselas la pasada semana. Tellado ha iniciado su intervención asegurando que Pedro Sánchez "se ha convertido en el máximo exponente del populismo" y le ha criticado por "detestar los contrapoderes". Y, para justificar el pacto con los socialistas, ha apuntado que han "conseguido frenar al populismo". "El poder sin límites ha encontrado sus límites: la Constitución, la Comisión Europea y el PP", ha sentenciado.

Las claves del acuerdo PP-PSOE para renovar el CGPJ

La respuesta se la ha dado el portavoz del PSOE, Patxi López, dando buena cuenta de la incongruencia de los ataques con la materialización de un pacto: "No sé si está demostrando que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo con nosotros o que siguen teniendo miedo a que algunos o algunas dentro de su partido, que están enfadados, y vienen aquí a disimular". Aunque con un tono menos agresivo, López no ha perdido la ocasión de agradecer al PP que cumplan "por fin la Constitución" y, además, les ha afeado que se dediquen a "deslegitimar" a las instituciones judiciales, en referencia a las críticas a la imparcialidad del Tribunal Constitucional. 

El acuerdo

Ambos dirigentes han reivindicado el acuerdo y han querido hacer suya la ley que se ha aceptado a trámite. Esta norma, que se aprobará de manera definitiva a finales de julio, mandata al nuevo CGPJ a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial". Además, impide que en el futuro el Fiscal General del Estado o cualquier vocal del CGPJ pueda ser una persona que en los cinco años anteriores haya ocupado un cargo público.

La tramitación y aprobación de esta ley es una condición indispensable impuesta por el PP para renovar el CGPJ. Este mismo jueves, la Mesa del Congreso activará los trámites previos a la aprobación de los 10 vocales que le corresponde elegir y el Senado hará lo mismo en los próximos días. Así, se espera que en la tercera semana de julio se produzca a la vez la aprobación de la norma y de los nuevos miembros del Consejo.

Críticas de los aliados

Poco o nada de este acuerdo gusta al resto de formaciones. A excepción de PP, PSOE y Coalición Canaria, los demás partidos se han abstenido o han votado en contra. Los socios del Gobierno, incluido Sumar, han criticado que los dos grandes partidos vuelvan a repartirse el CGPJ sin tener en cuenta al resto de formaciones y que no se les haya consultado en ningún momento.

El resto de aliados han sido igual de duros. “Ante la duda hay una máxima en política que dice algo así: si Aznar lo aplaude es malo y esto Aznar lo aplaude con las orejas. Así que es malo”, ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Su homóloga en Junts, Míriam Nogueras, ha dicho que “no se regenera nada” con el pacto, sino que “sigue la putrefacción de la Justicia española” y se permite a la cúpula judicial que siga “haciendo y deshaciendo al margen de las leyes”. Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, también ha dicho que perpetúa una “estrategia de impunidad” y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido directamente al PSOE que rompiera el acuerdo.