Junts y Aurora Madaula pactan para evitar un pulso judicial y revisarán el protocolo interno contra el acoso

Junts y Aurora Madaula aparcan el litigio y llegan a un entendimiento para reforzar los mecanismos internos contra el acoso por razón de género, según han avanzado las dos partes a la Agència Catalana de Notícies. De este modo, la vicepresidenta del partido renuncia a llevar a los tribunales la denuncia que había presentado a la Oficina de Igualdad del Parlament por acoso.

La dirección de Junts explora un pacto con Madaula para evitar su expulsión tras denunciar acoso

A cambio, la formación se compromete a revisar el protocolo interno y a formar a sus cargos orgánicos y representativos en un plazo de dos años. "Junts quiere ser una fuerza política motor en el proceso de cambio estructural hacia el nuevo paradigma que la sociedad y las instituciones merecen", han asegurado Jordi Turull y Aurora Madaula, en un comunicado conjunto.

Concretamente, Junts revisará su protocolo interno de prevención del acoso para adecuarlo a la ley por el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Por otro lado, el partido garantizará, en el plazo de dos años, una "formación continuada" de sus asociados en esta materia, especialmente para los que ostentan cargos orgánicos y representativos. Estas actuaciones contarán con la "participación activa" de Madaula, quien, además de vicepresidenta del partido, ha sido la responsable de políticas de igualdad y género, tanto en el Parlament como en la sectorial de feminismo.

En el comunicado conjunto Turull y Madaula constatan que, pese a los "avances legislativos importantes" por la prevención del acoso, "las instituciones públicas, los partidos políticos y una parte de la sociedad no han asumido, desgraciadamente, todo lo que es necesario asumir" y afirman "de forma honesta y rotunda, que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos que son imprescindibles".

"Que en el debate social y político se produzcan conductas que pueden encajar en un acoso por razón de sexo, o de género, pone claramente en evidencia el camino que nos queda todavía por recorrer", sostienen el secretario general y la vicepresidenta de Junts. Y añaden: "Son conductas que debemos hacer lo posible por erradicar; conductas que, con o sin voluntad, menosprecian y hieren a personas de manera injusta y que no contribuyen en nada a las instituciones, a los partidos, ni a la sociedad en general".

En este contexto se plantean la revisión del protocolo interno y la formación, con la voluntad de ser "una fuerza política motor en el proceso de cambio estructural hacia el nuevo paradigma que la sociedad y sus instituciones merecen".

Los casos de Madaula y Casol

La polémica estalló el pasado noviembre, en el Parlament de les Dones celebrado en la Cámara catalana. Durante su intervención, Madaula se emocionó cuando explicó sin dar detalles una situación de "violencia silenciosa" por parte de compañeros y compañeras. Denunció como violencia el hecho de que "te modifiquen una propuesta sin tu opinión". La entonces secretaria segunda de la Mesa acabó presentando una denuncia ante la Oficina de Igualdad del Parlament por acoso en el interior del grupo parlamentario, como ya había hecho la también diputada Cristina Casol, ambas cercanas a Laura Borràs.

La Oficina de Igualdad del Parlament acabó archivando la denuncia de Casol por supuesto acoso por razón de género al no haber "ningún hecho probado". Sin embargo, el informe también señalaba que "queda acreditado un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado y donde se genera una diferencia de trato y competencias generales por motivos de sexo/género en los que se producen diversas discriminaciones directas e indirectas".

Una vez archivada la denuncia, la ejecutiva de Junts acordó por mayoría la exclusión de Casol del grupo parlamentario, pasando a ser una diputada no adscrita. El partido también presentó una querella contra la empresa externa que investigó los hechos, argumentando que no había podido defenderse y que el informe debía ser confidencial. Veían una "intencionalidad política".

Reforma del protocolo del Parlament

Aparte de los movimientos del partido, los letrados del Parlament también emitieron el pasado febrero un informe a petición de la Mesa a raíz de los casos de Madaula y Casol. Concretamente, los servicios jurídicos consideraban que "la imposición de sanciones" contemplada en el protocolo contra el acoso de la cámara "plantea un problema de constitucionalidad". Por ello, "recomendaban" una reforma "urgente" de los reglamentos "a efectos de intentar solucionar las dudas jurídicas identificadas".