Tribunales
La fiscalía pide la amnistía para Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9-N
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Artur Mas. / JORDI OTIX
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instado a que se aplique la amnistía al expresidente, Artur Mas, a la exvicepresidenta, Joana Ortega; y la exconsellera de Educació, Irene Rigau, por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, a pesar de que la condena ya se ha ejecutado en su totalidad, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo rebajó la pena impuesta a un año y un mes de inhabilitación a Mas (había sido condenado en 2017 por el TSJC a dos años), nueve meses para Ortega (antes un año y nueve meses) y seis meses a Rigau (antes un año y seis meses) por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
El fiscal expone en su escrito que la conducta de los tres exmiembros del Ejecutivo catalán entra de lleno en la ley de amnistía, al haber sido condenados por desobediencia. La normativa precisa que serán amnistiados "los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutando con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares".
Eso sí, esta ley establece que la amnistía no da derecho a los beneficiarios "a la restitución de las multas pagadas", que en el caso del 9-N era de 36.000 euros para Mas, 30.000 euros para Ortega y 24.000 euros para Rigau.
Caso omiso al TC
La sentencia dictada en su día por el TSJC sostenía que el expresidente de la Generalitat "nada hizo" para suspender o paralizar la consulta del 9-N "a pesar de tener un perfecto conocimiento del contenido y efectos" de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre de 2014. Con esa actitud, añadía, "pervirtió los principios de la democracia básicos para la convivencia pacífica".
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