Vox amenaza al PP con romper gobiernos si acepta el reparto de menores migrantes

Solo 24 horas después de concluir la ronda de contactos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los grupos del Congreso para buscar apoyos a la reforma legal que permita el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, el objetivo se complica por la reacción de algunas formaciones políticas y responsables de comunidades autónomas, y deja aún más en el aire el éxito de la iniciativa planteada conjuntamente por los gobiernos central y canario. 

El PP, de hecho, tendrá que hacer frente a la ofensiva lanzada desde Vox, su socio de gobierno en cinco comunidades (Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Aragón) contra el posible apoyo popular al reparto de menores migrantes y su traslado a estos territorios.

Fuentes del entorno del líder del partido, Santiago Abascal, han advertido en este sentido que están dispuestos a romper los pactos de gobierno en esas regiones al considerar esta cuestión una "línea crítica" de las relaciones entre ambas formaciones.

El reparto de menores queda en manos del consenso entre comunidades autónomas

Señalan que la política en materia migratoria es "determinante" en los acuerdos de gobierno entre ambas formaciones y recuerdan la crisis abierta en Aragón cuando esta comunidad acogió a 13 menores procedentes de Canarias en febrero pasado.

Junts, ante la ley de extranjería

Otra de las cuestiones es la aclaración oficiosa por parte de Junts de que rechazará la modificación de la ley de extranjería que se pretende si en la misma no se excluye a Cataluña de la medida apelando al proceso de traspaso de las competencias en materia migratoria que negocia este partido con el PSOE y el Gobierno central.

El posicionamiento de Junts convierte al PP en pieza clave para la aprobación del texto legislativo ya que desmonta la posibilidad de que el mismo pudiera salir adelante solo con los votos de los socios de investidura de Pedro Sánchez.

Aunque el Ejecutivo central consideraba ya que la medida no podría aplicarse de forma efectiva sin el apoyo del PP y, sobre todo, de las comunidades autónomas gobernadas por este partido, la confirmación del no de Junts desmonta cualquier posibilidad de una aprobación de la misma sin contar con los populares, que de entrada condicionan su apoyo a que se logre un consenso territorial en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a celebrar en Canarias la segunda semana de julio.

Exclusión de los catalanes

Aunque Torres y Clavijo señalaron el pasado miércoles tras concluir la ronda de contactos en el Congreso que el único grupo que había rechazado la propuesta fue Vox, asegurando que Junts no había aclarado su posición y que remitiría un documento de respuesta, fuentes parlamentarias de este grupo dejaron claro este jueves que su voto será en contra si no se admite la exclusión de Cataluña del reparto.

"Si piensan que Junts va a decir que sí a eso es que no se enteran de la película", aseguran desde fuentes del partido independentista. Aclaran que no admiten el "reparto obligatorio" ni que "por ley sea el Estado quien decida".

Para el partido de Carles Puigdemont, lo que cuenta en estos momentos es la negociación que mantienen para asumir las competencias en materia migratoria y que así se lo dijo su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, a Torres y a Clavijo, a quienes trasladó la posibilidad de añadir al texto de la reforma una disposición adicional para que las comunidades autónomas con las competencias transferidas queden exentas de este reparto.

"Somos conscientes de la realidad de Canarias, pero para nosotros la prioridad es la realidad en Cataluña, que en la crisis de 2022 recibió 2.000 menores y no tenemos recursos para hacer frente a esta realidad", señalan desde Junts.

Elecciones en Cataluña

Paralelamente, la Generalitat de Cataluña, ahora gobernada en solitario por ERC en espera de que se puedan conformar un nuevo Govern tras las elecciones del 12 de mayo, asegura que "no puede aceptar la propuesta en los términos en que se ha planteado" ya que "no da la respuesta adecuada a las circunstancias en las que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión", asegurando que mantiene la interlocución con el Gobierno central para que se introduzcan modificaciones para que se reconozca la singularidad de Cataluña en la acogida de los menores extranjeros llegados de Canarias, Ceuta, Melilla y otros territorios. 

También se reclama, "tanto en su fondo como en la forma", que se respeten las competencias catalanas en materia de infancia y se evite "la imposición unilateral del Estado en el reparto de los menores".

Cataluña pide que se garantice un sistema de reparto "justo y equilibrado" con unos criterios claros y transparentes en los diferentes territorios y que el Estado asuma la financiación de estas acogidas que "responda a las circunstancias reales que tiene Cataluña".

Respuesta unitaria del PP

Mientras tanto, el PP trata de gestionar una respuesta unitaria por parte de las comunidades donde gobierna, aunque su portavoz en materia de migración, Ana Alós, señala que "las decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas tienen que ser debatidas y acordadas entre ellas en conferencia sectorial", y que estas "han planteado al Gobierno de España una serie de preguntas, de las cuales no han recibido respuesta". 

Aseguran haber salido "muy preocupados" de la reunión que mantuvo con Torres y Clavijo porque "no han recibido garantías de una financiación completa ni de que el Gobierno de España tenga un plan para evitar los flujos migratorios". Además, el PP muestra inquietud al conocer que "se está negociando bilateralmente con Cataluña y País Vasco para que estas dos comunidades que queden excluidas en ese reparto".

Comunidades del PP como Murcia o Madrid insistieron en que el reparto de menores migrantes desde Canarias se haga "no por imposición, sino por acuerdo" y reclamando financiación, además de tener en cuenta las singularidades de estos territorios. Las voces desde los barones populares no es, sin embargo, la misma, ya que frente a las posiciones muy reacias de dirigentes como los de las antes indicadas, Fernando López Miras o Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, otros se muestran más receptivos. 

Algunas comunidades populares, sensibles al reparto

"La Junta siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos, pero si hablamos de menores, absoluto compromiso y sensibilidad", afirma por ejemplo el consejero de Presidencia y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista. Desde Castilla y León, su portavoz, Carlos Fernández, señala que en esa comunidad siempre han atendido a las personas que más lo necesitaban, y siempre han ofrecido "solidaridad y la seguiremos ofreciendo en el futuro".

Por su parte, el ministro Torres dijo ayer que no iba a "entrar en estos momentos, cuando estamos a muy pocas semanas de culminar un trabajo de muchos meses, en hacer valoraciones de declaraciones que hagan los grupos políticos", señalando que su "cometido" es intentar conseguir los apoyos "para que esto salga" y que se va "a alejar de cualquier polémica".

"Ya tenemos un texto acordado con el Gobierno de Canarias, con la participación de varios ministerios y en pocas semanas todos sabremos finalmente qué deciden qué votan y cómo explican ese voto los grupos políticos. Nosotros queremos que esto sea exitoso y para eso necesitamos más de 176 votos", afirmó aludiendo a la necesidad de contar con el apoyo del PP.

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