Tribunales
El juez de la trama rusa del 'procés' decidirá si Puigdemont y el resto de investigados deben ser amnistiados
El juez encuentra un resquicio para investigar la trama rusa del 'procés' e implica a Mas y Puigdemont
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El juez Joaquín Aguirre ha notificado a los 11 investigados por la trama rusa del 'procés', entre ellos el expresidente de la Generalitat Artur Mas y al exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, que deben designar abogado y procurador la próxima semana para personarse en la nueva causa abierta por el presunto delito de malversación de fondos y de alta traición por la injerencia de un país extranjero, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. El magistrado, sin embargo, no ha efectuado este trámite respecto al expresident Carles Puigdemont ni al diputado de Junts Francesc Dalmases porque son aforados y no tiene competencias para imputarlos. En estos dos casos, la decisión sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en función de si se considera que el delito se cometió en España o en el extranjero, pues varios implicados en la trama viajaron a Moscú para reunirse con personas cercanas al Kremlin.
Los Mossos se personaron este viernes en el domicilio de los investigados por orden del juez y les entregaron un escrito para que nombraran abogado y procurador (de no hacerlo se le nombrará uno de oficio) y el auto judicial por el que se abre la nueva causa judicial por la presunta injerencia rusa. Este trámite judicial es necesario para que el togado, tras la aprobación de la ley de amnistía, traslade a las defensas el asunto para que estas se pronuncien sobre la aplicación o no de esta medida. Este paso se hará también ante la Fiscalía Anticorrupción, que es el organismo encargado de este asunto. El abogado Francesc Sánchez, que representa a Víctor Terradellas, presentó hace unos días un escrito pidiendo la amnistía en la causa Catmon/Igman, donde está imputado su cliente y que ha sido usada por el juez para abrir el nuevo proceso.
De forma paralela, los abogados de los investigados (algunos han anunciado que lo harán) podrán recurrir a la Audiencia de Barcelona el auto de apertura del nuevo procedimiento judicial por la presunta injerencia rusa dictado por Aguirre, avanzado este viernes por EL PERIÓDICO. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario sostienen que este recurso no paralizaría la intención del togado de elevar el caso, a través de una exposición razonada, al Supremo. El magistrado expone en la resolución que "una vez finalizada la parte esencial de la instrucción" de esta causa "elévese exposición razonada al órgano superior competente" respecto a Puigdemont y Dalmases.
Nuevas diligencias
El juez ha encargado las pesquisas a agentes de la Comisaría General de Información, a los que encargará las diligencias a realizar, como la revisión de los teléfonos móviles intervenidos a algunos imputados y comprobar si se utilizaron fondos públicos para pagar los viajes de avión a Rusia y las estancias en este país. También deberán analizar el informe del Tribunal de Cuentas “acerca de la legitimidad” de los gastos de la oficina del Diplocat en Moscú.
Hasta ahora, había sido la Guardia Civil la que había investigado la trama rusa en el seno del procedimiento judicial por el llamado caso Voloh, de supuesta financiación del 'procés'. El juez detalla en su resolución las trabas que se ha ido encontrando durante los últimos años durante la instrucción, desde las "objeciones técnico-procesales" planteadas por la Audiencia de Barcelona cuando le anuló la prórroga de la investigación del caso Voloh, de agosto del 2023, y, por lo tanto, no podía continuar las pesquisas en este procedimiento, hasta el relevo del jefe de la unidad de policía judicial del instituto armado.
Este mando de la Guardia Civil fue trasladado a los seis meses de haberse realizado en octubre del 2020 la detención del 'estado mayor del procés' (el exalto cargo David Madí, el exconseller Xavier Vendrell y el empresario Oriol Soler) y varias entradas y registros. Su nuevo destino, precisa la resolución, era de "carácter más burocrático, con lo que el impulso policial de la investigación de la injerencia rusa decayó notablemente, como no podía ser menos, ya que la complejidad del presente proceso es monstruosa debido tanto a la importancia de los temas tratados como a las numerosas personas que participaron en los hechos y los numerosos episodios que debían investigarse".
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