La número 3 de Ayuso será investigada por el máximo tribunal madrileño por cuatro presuntos delitos de corrupción

Ana Millán, número 3 de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid y vicesecretaria de Organización del Partido Popular a nivel regional, será investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusada de cuatro presuntos delitos de corrupción. Los hechos, que supuestamente se produjeron mientras ella la exalcadesa aún era concejala de Arroyomolinos, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.

Así consta en un auto adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica,, en el que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero ha decidido inhibirse a favor del máximo tribunal de la región.

Lo ha hecho, según explica la jueza, por la condición de aforada de Millán a raíz de los sucesivos ascensos que ha ido recibiendo por parte de Isabel Díaz Ayuso pese a que estaba siendo investigada por estos hechos desde octubre de 2020, cuando su caso se desgajó definitivamente de la macrocausa del caso Púnica.

Alquiler de un ático

Lo sucedido tiene dos grandes protagonistas: por una parte, Ana Millán, que fue alcaldesa de Arroyomolinos hasta las elecciones de 2023, cuando Ayuso la encumbró como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP a nivel regional; por el otro Francisco Roselló, un contratista del ayuntamiento investigado y que supuestamente habría pagado más de 50.000 euros a Millán como resultado de esas adjudicaciones.

Entre 2006 y 2011, cuatro empresas de Roselló resultaron adjudicatarias de 395.191 euros de contratos provenientes de la Concejalía de Juventud, donde en ese momento ejercía Millán como concejala. Sin embargo, y tal y como señala la Guardia Civil, en cuanto ella abandonó ese departamento, las adjudicaciones a las empresas de Roselló cesaron.

La jueza, durante la instrucción, habló de la "diferencia de trato" dispensada por Millán hacia las empresas de Roselló: “Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán es significativo, más si se considera que de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló”.

Durante los cuatro años siguientes a eso, Ana Belén Millán recibió 44.462 euros de Neverland, una sociedad del empresario investigado.

Ese dinero, apunta la magistrada en su auto, se corresponderían al pago del alquiler con opción a compra de un ático en Arroyomolinos, así como los gastos de la comunidad y los contratos de suministros. Una vez que la relación cesó, y que se extendió entre 2008 y 2012, la empresa lo realquiló. En los hechos investigados también estarían investigados la entonces pareja de Millán y su hermana, que recibió pagos de empresas de Roselló por valor de 88.000 euros en los años investigados.

Indicios de corrupción

Formalmente imputada en 2022, Millán ha ido escalando puestos en el escalafón del partido a nivel regional, desde que fuera concejala de Arroyomolinos hace más de una década, pasando por su etapa como alcaldesa y hasta consolidarse como diputada autonómica en las últimas elecciones.

Desde el PP explican a este periódico que "el partido respeta los procesos judiciales, pero ni la dirección regional ni la interesada tienen conocimiento de ningún auto que parece que ya manejan algunos medios de comunicación"

El hecho de que el caso pase de los juzgados de Navalcarnero, donde se estaba instruyendo, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no significa que los hechos que refleja la jueza sean definitivos, sino que la investigación sigue en curso. Lo que hace, por tanto, la magistrada es apuntar a que existen indicios de que pudieron cometerse esos cuatro presuntos delitos de corrupción.

“Se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Y dado que la señora Millán se trata de persona aforada (...), procede la inhibición del conocimiento del presente procedimiento a favor del T.S.J. de Madrid, Sala de lo Civil y Penal en funciones de Sala de lo Penal”, explica el auto al que ha tenido acceso este periódico.