Tribunales
El Constitucional avala la libertad de las jóvenes de 16 y 17 años para poder abortar sin consentimiento de los padres
El tribunal de garantías constitucionales admitió a trámite un recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto
Tono Calleja Flórez
Redactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la reforma de la ley del aborto de 2023 al desestimar el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modificaba la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Han anunciado voto particular los magistrados Enríquez Sancho, Arnaldo Alcubilla, Tolosa Tribiño y la magistrada Espejel Jorquera, según informa el TC en nota de prensa. El tribunal de garantías admitió a trámite un recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto que acaba con la obligación de contar con el consentimiento de los padres para las mujeres de 16 y 17 años.
Esta última reforma de la ley del aborto fue aprobada el pasado 16 de febrero de 2023 por el Congreso de los Diputados, donde salió adelante con la oposición de PP y Vox.
La ley, que permite abortar libremente a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación, elimina el requisito introducido en el 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales y establece los hospitales públicos como centros de referencias para esta práctica.
Vox sostenía que la norma podía vulnerar diversos preceptos constitucionales como los principios de libertad, pluralidad y legalidad, así como los derechos a la igualdad, a la vida y a la libertad ideológica.
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