El Govern presiona para que haya "consecuencias" para los fiscales que no quieran aplicar la amnistía

En plena batalla abierta en el poder judicial sobre cómo debe aplicarse la amnistía, el Govern ha presionado este martes para que haya "consecuencias" para los fiscales que "no acaten la ley" aprobada por el Congreso. El ejecutivo se pronuncia así en el mismo día en que se reúne la Junta de Fiscales para determinar si la amnistía es aplicable a los líderes del 'procés' condenados por malversación, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La encargada de empezar a ejercer esta presión ha sido la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en su tradicional comparecencia de los martes. Su argumento es que en un Estado de derecho se tiene que "respetar la separación de poderes" y que es "insólito que fiscales y jueces cuestionen la aplicación de la ley". Se refiere, por ejemplo, a la oposición que han mostrado los fiscales del juicio del 1-O y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Cuando Plaja ha empezado sus reproches hacia el poder judicial, en un principio parecía que evitaría pronunciarse sobre el conflicto abierto entre los fiscales. Pero, finalmente, ha acabo yendo de pleno a la reunión de la Junta de Fiscales de este martes. "Si hay algún fiscal que se niega a ejercer sus responsabilidades y acatar la ley de amnistía lo que es obvio es que tiene que haber consecuencia", ha concluido.

Con este posicionamiento, la Generalitat trata ahondar en la fractura que la ley de amnistía ha generado en el poder judicial, especialmente en el ámbito de la Fiscalía. El viernes pasado ya chocaron el fiscal general del Estado, partidario de aplicar la amnistía a Puigdemont y Junqueras, y los fiscales del 1-O, contrarios a hacerlo en el delito de malversación.

Financiación singular

La cuestión de la amnistía no es la única carpeta caliente en la Generalitat. La otra es la relativa a la financiación "singular" de Catalunya, el requisito que ha puesto ERC al PSC si quiere llegar a un acuerdo para la investidura del socialista Salvador Illa. Plaja ha insistido este martes en que esta financiación singular solo puede pasar por sacar a Catalunya del régimen de financiación común que comparte con el resto de comunidades y darle un modelo propio como el vasco y el navarro.

Como en el asunto de la amnistía, también aquí la Generalitat intenta presionar, en este caso al Gobierno de Pedro Sánchez. El ejecutivo catalán quiere dejar claro que, si los socialistas quieren negociar de verdad, no será suficiente con una mejora del sistema de financiación actual, sino que quieren un sistema nuevo por el que Catalunya gestione todos los impuestos que se recaudan en esta comunidad.

Aragonès reclama una financiación como la vasca para gestionar 52.000 millones en impuestos

Plaja ha explicado que el modelo de referencia en la negociación entre ERC y el PSC tiene que ser el proyecto que presentó el pasado mes de marzo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Según esa propuesta, la Generalitat pasaría a gestionar, recaudar y liquidar íntegramente los 51.981 millones anuales que en Catalunya se pagan en impuestos. Ahora recauda 4.899 millones. Pasaría pues, de gestionar el 9% de los tributos al 100%.