Montero insiste en rechazar el ‘cupo catalán’ en plena tensión con ERC y Junts por la investidura de Illa

El acuerdo entre las formaciones independentistas para dar la presidencia de la Mesa del Parlament a Junts ha elevado las posibilidades de una repetición electoral y también el precio de la investidura de Salvador Illa. Pese a todo, el Gobierno sigue rechazando la financiación “singular” que reclamó en campaña ERC. Una suerte de ‘cupo catalán’ que para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tiene cabida, como volvió a reiterar este jueves durante una entrevista en RNE, en plena tensión con los independentistas por la investidura de Illa. Su oferta se ciñe a materializar el acuerdo de investidura con ERC para la condonación parcial de la deuda de Catalunya, que ascendería a 15.000 millones de euros, y a negociar un cálculo más favorable pero dentro del marco multilateral de la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Dentro de un modelo válido para todas las comunidades", subrayó la también número dos del Gobierno. El pacto fiscal semejante al cupo vasco no tendría encaje ni en la Constitución ni en el Estatut, según han defendido siempre desde el entorno de la vicepresidenta primera. A lo que sí ha dicho estar dispuesta la vicepresidenta primera es a atender las “singularidades” de Catalunya para recalcular su financiación. Una propuesta que está lejos de las exigencias de los independentistas y que se trataría de una forma de compensación para reconocer las competencias de Catalunya. Principalmente, las de la policía autonómica (Mossos) y en materia penitenciaria o justicia.

Catalunya cuenta con la singularidad de gestionar un buen número de competencias propias, por lo que en el Gobierno entienden que merecería una financiación “distinta” a la actual. Eso sí, que esta propuesta se enmarque en la reforma del modelo de financiación autonómica tiene la dificultad añadida de que dependerá de un acuerdo con el PP. Los socialistas no quieren impulsar un nuevo modelo sin consensuar con los populares -gobiernan en 11 de las 17 autonomías- y en estos momentos las opciones son mínimas. Ni siquiera existe una posición unitaria dentro de los dos grandes partidos. En privado se reconoce que las posibilidades de alcanzar un acuerdo en esta legislatura son prácticamente nulas.

Por ello, Montero ha puesto el foco en la condonación parcial de la deuda, “asunción por parte del Gobierno” según matizó, como un acuerdo que podría materializarse en un plazo temporal más corto. Con todo, evitó poner fechas para una medida a la que no solo se acogería Cataluña, sino todas las comunidades autonómicas que así lo soliciten.

La vicepresidenta ha asegurado que trabaja ya en la elaboración de los Presupuestos de 2025 y este es otro marco de negociación con los independentistas. Esto es, para incrementar las inversiones destinadas a Cataluña y avanzar en los compromisos incluidos en los pactos de investidura.

"La única mayoría posible"

Los socialistas confían en un acuerdo con los republicanos porque “sigue siendo la única mayoría posible” y fuentes tanto de Ferraz como de Moncloa insisten en separar la negociación del órgano rector de la cámara catalana con la de la investidura. En la la dirección del PSOE otorgan plena autonomía a Salvador Illa para conducir las negociaciones para la investidura.

Aunque la hipótesis de la repetición electoral se descarta, sí comiezan a deslizar un mensaje retador: “Los catalanes han hablado claro en menos de tres semanas”, en referencia a las catalanas y las europeas. Volver a las urnas, entienden, no cambiaría los resultados tras la holgada victoria del PSC y la ruptura de la mayoría independentista.

Ante las dificultades añadidas por el pacto para la presidencia de la Mesa del Parlament, con la duda de si Junts propone o no a Carles Puigdemont para que se presente en primer lugar, los socialistas replican que “no se puede hacer perder el tiempo a los catalanes”. “Se trata de conformar gobierno y solo hay una mayoría posible”, repiten. El acuerdo sellado este lunes entre Junts, ERC y CUP para situar a Josep Rull al frente de la cámara catalana se minimiza desde Ferraz porque no preconfigura “ninguna mayoría nueva, ni operativa ni de gobierno”.

Aviso del PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que en el PP no van a permitir una singularidad para Cataluña en materia de financiación, ya que sería "un nuevo maltrato y un paso más a la ruptura del principio de solidaridad interterritorial" en España. Moreno ha dicho a los periodistas, a su llegada a la sesión de control en el Parlamento andaluz, que sería "una injusticia más" con esta comunidad autónoma que van a "intentar impedir".

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mázon, ha dicho que activará todos los mecanismos que le permiten la ley, el Estado de Derecho y el Estatut de Autonomía, para hacer frente a "la quiebra de la igualdad" entre personas y territorios que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno. "Es intolerable si se avanza en ese camino", ha manifestado Mazón, quien ha advertido de que se está ante una nueva "humillación" por parte del Gobierno a todos los españoles para "intentar mantenerse en el sillón" Sánchez o "meter en el sillón a Illa a cualquier precio".

Pero también han levantado la voz socios del Gobierno, como el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, que ha dicho que no aceptarán "ningún trato que no trate en igualdad de condiciones" a la Comunitat Valenciana en materia de financiación autonómica, y ha afirmado que ese podría ser un motivo para dejar de dar apoyo al Gobierno: "Lo que se haga en Catalunya se tiene que hacer aquí y para nosotros es condición 'sine qua non', es decir, nosotros no podríamos entender qué siendo la comunidad autónoma peor financiada, no tengamos el mismo trato que Catalunya", ha señalado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha acusado a Sánchez y a Catalunya de "robar a Castilla y León" con la previsión de incluir dentro de la reforma del modelo de financiación autonómica la condonación de la deuda catalana por importe de 15.000 millones de euros.

Por su parte, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha criticado la "financiación a la carta" a Catalunya ante la posible condonación de 15.000 millones de deuda y ha anunciado que el ejecutivo aragonés utilizará todas las armas jurídicas en contra de esta "tropelía".