El PSOE presiona a Page para que no recurra al Constitucional la ley de amnistía: “No tiene base jurídica”

El anuncio del barón socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de recurrir al Tribunal Constitucional la ley de amnistía no gustó en el PSOE ni por las formas ni por el fondo. En plena campaña electoral de las europeas y sumándose a la estrategia de oposición de los populares. García-Page aprovechó su intervención en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, ni siquiera 24 horas después de aprobarse la norma en el Congreso, para trasladar sus intenciones. Sin embargo, todavía no ha dado pasos en este sentido porque la norma no ha sido publicada en el BOE. Fuentes del Ejecutivo ya habían deslizado tras la votación en la Cámara baja que lo más probable es que su publicación se demorase algo más de una semana, hasta después de las europeas.

De ahí que reprochen el manejo de los tiempos, removiendo una herida entre parte del electorado socialista a poco más de una semana de las elecciones europeas. Pero no solo, pues en la cúpula de Ferraz creen que se trata de un brindis al sol porque entienten que tanto Castilla-La Mancha como otras comunidades autónomas tengan “base jurídica” para recurrir. Desde el entorno de García-Page aseguran que solicitarán el informe preceptivo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, como obliga la ley regional antes de interponer recursos de inconstitucionalidad, una vez que se publique la norma. Fuentes del Gobierno replican con sus dudas sobre que este informe vaya a ser favorable para que el Alto Tribunal admita a trámite el recurso.

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El barón castellano-manchego justificó este choque con el argumento de que su mandato como presidente de Castilla-La Mancha es “velar por los intereses” de su región y “particularmente de nuestras competencias”. Es precisamente la cuestión competencial lo que genera dudas entre los socialistas, hasta el punto de que deslizan que no se acabará presentando dicho recurso de inconstitucionalidad. "No tengo nada claro que se presente" concluye un dirigente y ministro socialista que ha mantenido interlocución en los últimos días con García-Page, al igual que con los otros dos presidentes autonómicos del PSOE, el asturiano Adrián Barbón y la navarra María Chivite.

A las puertas de las elecciones europeas, los socialistas intentan trasmitir indiferencia y restar importancia a un gesto con el que Page ha pasado de las palabras a los hechos. Tanto es así, que desde la dirección del PSOE incluso aseguraron con resignación tras el anuncio del recurso que el barón crítico “está en su derecho”.

El presidente del Castilla-La Mancha ya se anticipó a posibles reproches de Ferraz. Bien por su interferencia en contexto electoral, bien por llevar a los tribunales una norma promovida por su partido. Su defensa de los intereses de la región, dijo, “está por encima de cualquier otra circunstancia". Con todo, reconoció en la misma intervención institucional que las diferencias con su partido por pactar la medida de gracia con los independentistas son sobre todo de fondo: “El perdón no se contrata, se da o no se da, pero no a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje”.

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La comedida reacción en el PSOE tras el anuncio del recurso, para no azuzar un incendio interno en contexto electoral, contrasta con las advertencias que se le lanzaron desde Ferraz tras situar a su formación en el “extrarradio de la Constitución”. Si ahora se opta no entrar a responder, más allá de cuestionar en privado la base jurídica del recurso de inconstitucionalidad, entonces se produjo un aluvión de reprimendas. Comenzando por la número dos del partido y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el secretario de Organización, Santos Cerdán. “Una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia no es el camino”, zanjó en aquel momento Montero.

Confianza en que no se materialice

En Moncloa defienden la constitucionalidad de la norma y que tiene el aval jurídico del Consejo de Europa a través de la Comisión Venecia. Es por ello que minimizan el impacto de los recursos para enmarcarlos en una estrategia política del PP. Desde Ferraz se le ha reprochado en más de una ocasión al barón díscolo de hacerle el juego a la oposición.

Las comunidades autónomas presididas por el PP presentarán sus recursos de forma coordinada. Una “batalla”, según se encargó de anunciar la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, "en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de derecho porque nosotros, como representantes del Estado, no podemos permitir que se rompa".

Al menos por el momento, en la dirección del PSOE no quieren entrar en un pulso público o un cruce de declaraciones con el presidente de Castilla-La Mancha. Con todo, comienzan a cuestionar que el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha vaya a aportar conclusiones relevantes con la confianza de que no se materialice el recurso de inconstitucionalidad.