Òmnium crea una sindicatura para "fiscalizar" la aplicación de la amnistía caso a caso

Celebrada por todo lo alto la aprobación de la amnistía, ahora al independentismo catalán le preocupa que se pueda aplicar con más o menos celeridad en todos los casos. Una parte del poder judicial ya ha empezado a dar señales de que no lo pondrá fácil, sobre todo en las causas más mediáticas como las que afectan a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Para luchar por una aplicación sin fisuras, Òmnium Cultural ha presentado este lunes una iniciativa singular: la creación de una sindicatura que debe velar para que la ley se aplique en su plenitud. El objetivo, "fiscalizar juzgado a juzgado" que todos los jueces cumplan.

Òmnium Cultural calcula que hasta 1.616 personas se pueden beneficiar de la ley, 697 de ellas encausadas penalmente y 919 administrativamente. A la vez, sospecha que hay varios jueces que tratarán de "sabotearla" para intentar dejar al margen algunos encausados y condenados. Ante este escenario, el presidente de la entidad independentista, Xavier Antich, ha explicado este lunes que la sindicatura debe ser una herramienta "a disposición" de la sociedad civil para "velar por la correcta aplicación de la ley".

Más allá de fiscalizar a los jueces y a los tribunales, la sindicatura también tendrá otros dos objetivos. El primero, ser un altavoz de denuncia en el caso de que se produzcan "vulneraciones" contra las personas que deberían ser amnistiadas y eventualmente no lo sean. En segundo lugar, ser un "espacio de encuentro y coordinación" de las defensas de los condenados. Es decir, que los abogados puedan encontrar un punto de apoyo si se complica la aplicación de la ley en sus respectivos casos.

Partidos y entidades soberanistas exhiben una unidad de mínimos para reivindicar la amnistía

Esta es una iniciativa promovida íntegramente por Òmnium. ¿Cómo funcionará? Antich ha explicado que todos los interesados en acceder a la sindicatura tendrán una página web en la que se puede rellenar un formulario que explica cómo contactar con ella. El órgano lo llevará el equipo jurídico de la entidad en coordinación con los grupos de apoyo a los condenados y procesados en causas vinculadas al 'procés'. "Será un órgano interno que se alimentará de la información de todas las causas", ha zanjado Antich.

Audiencia Nacional

El acto de presentación de la sindicatura también ha servido para que Òmnium Cultural apuntara cuál es uno de los tribunales que más le preocupa a la hora de aplicar la amnistía. La vicepresidenta tercera de la entidad, Marta Garsaball, ha acusado a la Audiencia Nacional y, específicamente al juez Manuel García Castellón, de haber actuado de formar "flagrante" para "boicotear" la ley. Primero para torpedear el trámite parlamentario de la norma y ahora, deduce Òmnium, también pondrá trabas a la aplicación. García Castellón instruye la causa del Tsunami Democràtic.

La clave está, admiten desde Òmnium, en que cuando se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se entrará en terreno desconocido. No cada día se aprueba una norma de estas características y es difícil vaticinar todos los escenarios que se irán abriendo. La abogada Laia Serra ha argumentado que irán saliendo "dudas interpretativas" y que, ante esta situación, la sindicatura tendrá que ejercer de centro de gravedad para "compartir" los hechos singulares de cada caso.

ERC: peticiones en cascada

También los partidos se están moviendo ante la inminente entrada en vigor de la norma. ERC ha comunicado este lunes que su primer movimiento, cuando se publique oficialmente la ley, será presentar en cada juzgado donde haya un miembro del partido afectado una petición formal para que se aplique la norma. La dirigente republicana, Marta Vilaret -clave en la negociación de la ley-, calcula que su partido tienen al menos una cuarentena de personas que tendrían que beneficiarse de la ley.

Algunos de estos juzgados que recibirán las peticiones son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y el Tribunal de Cuentas. Su previsión es que, en los casos más anónimos, la amnistía se aplicará con celeridad. En cambio, en los casos más mediáticos, costará más. El motivo, ha alegado Vilaret, es que calculan que los magistrados y fiscales que pondrán más problemas son los de aquellas causas en las que se imputan delitos de terrorismo y malversación.