El Supremo pregunta a Europa si debe reconocer como funcionarios fijos a los interinos que no han superado una oposición

España va a poner a prueba en Europa uno de los pilares sobre los que se asienta su sistema de contratación público. El Tribunal Supremo ha preguntado ya de forma oficial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si debe o no considerar fijos a los funcionarios interinos que no hayan superado una oposición y si elevar la indemnización disuasoria por año trabajado podría ser una medida "suficiente" para prevenir y reducir el abuso de la temporalidad.

El Alto Tribunal toma esta decisión porque, según reconoce en un auto consultado por El Periódico de España, del mismo grupo editorial, considera que la sentencia dictada por el TJUE en febrero había generado "dudas" acerca de cuál era la interpretación correcta de su doctrina.

Con sus preguntas, por tanto, lo que busca el Tribunal Supremo es que no exista ambigüedad en su respuesta, ya que se trata de un tema que afecta a una cuarta parte del personal que trabaja para las administraciones públicas (especialmente sanitarios y docentes no universitarios) y sobre el que también tiene previsto pronunciarse el Tribunal Constitucional.

Elevar las indemnizaciones

En esencia, lo que plantea el Alto Tribunal es si la doctrina jurisprudencial que niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a quienes no han superado una oposición es conforme a las leyes de la Unión Europea.

Según explican a El Periódico de España fuentes de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la sentencia del TJUE "del 22 de febrero de 2024 nunca dijo que la única solución para los indefinidos no fijos fuera la declaración de fijeza", y, de hecho, en ella se "preveían expresamente otras soluciones alternativas". Es decir, que el hecho de que desde Europa se propongan mecanismos como el de hacer fijos a estos trabajadores no quiere decir que sea un mandato para ajustarse a sus leyes.

"Existen numerosas garantías y cautelas para proteger a estas personas indefinidas no fijas, pero sin concederles la definitiva propiedad del puesto desempeñado", explican.

Además, el Tribunal Supremo también plantea en su cuestión prejudicial si el pago de una indemnización disuasoria superior a la actualmente reconocida (20 días de salario por año de servicio), sería una medida "adecuada y suficiente" para cumplir con la normativa de la Unión Europea en la "prevención y sanción de los abusos derivados de la utilización indebida de contratos temporales en el sector público".

De hecho, tal y como se recuerda en este auto remitido el jueves al TJUE, España ya ha equiparado los derechos del personal indefinido no fijo con los del personal fijo en cuanto a remuneración o promoción profesional, sin necesidad de que eso implique para la administración de turno tener que convocar una plaza en concurso público.

Más de 755.000 personas funcionarios interinos

De los casi 3 millones de personas que trabajan para las administraciones públicas en España, más de 755.000 personas se integran dentro de la categoría de funcionarios interinos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, que prácticamente uno de cada tres empleados públicos tiene una catalogación que, según explica la Administración, debería estar restringida a "razones expresamente justificadas de necesidad de urgencia" en "funciones propias de personal funcionario de carrera".

Por comunidades, donde más se concentran este tipo de contratos, y son datos coherentes con el tamaño y el peso de sus administraciones, es en Andalucía (106.964 funcionarios interinos), Cataluña (103.228), Comunidad de Madrid (78.643) y País Vasco (58.674). Sin embargo, el reparto por sectores es desigual, ya que la mitad de estos funcionarios interinos (356.580) corresponde a personal de instituciones sanitarias y casi un tercio (215.239) a docencia no universitaria.